San Luis – En medio de fuertes acusaciones, el ex ministro de Seguridad de San Luis, Luciano Anastasi, ha sido señalado como el principal responsable de una presunta trama de corrupción. Según información difundida en redes sociales, Anastasi habría utilizado una fundación de la cual es líder para vender equipamiento de seguridad, municiones y otros equipos al Gobierno provincial por millones de pesos.
Estas acusaciones llegan en un momento de gran malestar en la sociedad sanluiseña debido a la falta de resultados en la investigación de la desaparición de Guadalupe Lucero, caso que tuvo lugar durante la gestión de Anastasi como ministro de Seguridad. Desde el inicio de su mandato, el ex ministro fue ampliamente cuestionado y se le tachó de inepto.
La denuncia en redes sociales señala directamente a Anastasi como la “cabeza” de una fundación involucrada en la venta de diversos productos al Estado. Entre los artículos mencionados se encuentran equipamiento de seguridad, ropa, municiones, alcoholímetros y equipos de comunicación. Se ha destacado que la fundación en cuestión, llamada Fepes, está dirigida por Anastasi y otros funcionarios allegados.
La publicación difundida en redes sociales expone la creación de una empresa, CAP SOLUCIONES S.A.S., presuntamente relacionada con el ex ministro. Según la denuncia, la empresa habría facturado millones de pesos al Estado, realizando negocios con el Ministerio de Seguridad de San Luis. La lista de productos y servicios vendidos incluye bicicletas para la policía, alcoholímetros y equipos de comunicación, entre otros.
La forma en que se habría canalizado el dinero obtenido de estas transacciones se vincula con la fundación Fepes, que Luciano Anastasi preside. A través de esta entidad, se sospecha que se habrían blanqueado los fondos provenientes de las ventas al Gobierno.
Hasta el momento, no se ha emitido una respuesta oficial por parte de Luciano Anastasi ni de las autoridades gubernamentales de San Luis en relación a estas acusaciones. Sin embargo, la publicación en redes sociales ha generado un fuerte llamado a llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre estos presuntos actos de corrupción.
La sociedad sanluiseña se encuentra atenta a los acontecimientos y espera que se esclarezcan los hechos y se tomen las medidas correspondientes para garantizar la transparencia y la responsabilidad en el ámbito político y gubernamental de la provincia.
