A más de un año de la denuncia de Fiscalía de Estado, la Justicia formuló cargos contra Franco Mastronardi por tres delitos y contra Noelia Fernández por fraude en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa. La investigación abarca 97 certificados por 2989 días de licencia.
A casi 17 meses de la denuncia que puso bajo sospecha la emisión de certificados médicos por miles de días de licencia a empleados públicos, la investigación penal avanzó este jueves con las primeras imputaciones.
La jueza de Garantía Nº 2, Agustina Dopazo Samper, tuvo por formulados cargos contra el psiquiatra Franco Mastronardi, ex integrante del Cuerpo Profesional Forense del Poder Judicial, y contra la ex empleada pública Noelia Fernández.
La fiscal adjunta de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Nº 4, Antonella Romagnoli, le atribuyó al médico falsedad ideológica de certificado médico, incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa. Fernández fue imputada como coautora del último delito.
La causa se originó en la denuncia que Fiscalía de Estado presentó el 8 de abril de 2025 después de que controles internos del Gobierno provincial detectaran una llamativa cantidad de certificados psiquiátricos atribuidos a Mastronardi, con diagnósticos similares o idénticos y extensos períodos de licencia.
La investigación comprende 97 certificados emitidos entre enero de 2024 y marzo de 2025 a 31 agentes públicos, que acumulan 2989 días de inasistencia por razones de salud.
Sin embargo, la formulación de cargos de este jueves no abarcó la totalidad de esos casos. Dopazo Samper aclaró que, en esta instancia inicial, tuvo en cuenta específicamente los hechos relacionados con Fernández.
Una licencia psiquiátrica y un viaje a España
El caso de Fernández ya había sido uno de los puntos centrales de la denuncia que dio origen a la investigación.
Según expuso la Fiscalía, el 23 de agosto de 2024 Mastronardi le extendió un certificado por 30 días de licencia. La mujer se desempeñaba entonces como operadora de monitoreo del ministerio de Ciencia y Tecnología.
Dos días después, el 25 de agosto, Fernández salió del país desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en un vuelo con destino a España.
El 29 de agosto, Mastronardi emitió otro certificado en el que consignó que la paciente atravesaba un cuadro clínico neurótico con trastorno de pánico y agorafobia, y solicitó que una eventual Junta Médica se realizara de manera virtual.
El sistema de control de ausentismo de la Provincia la evaluó inicialmente bajo esa modalidad y justificó el período solicitado. Pero compañeros de la agente advirtieron a través de publicaciones en redes sociales que se encontraba en España.
Fue entonces convocada nuevamente, esta vez a una evaluación presencial. Fernández pidió otra vez realizarla de manera virtual, pero el planteo fue rechazado y no se presentó. El certificado fue declarado inválido y posteriormente la intimaron a regresar a su puesto.
La relación laboral terminó en septiembre de 2024.
El caso que salió a la luz en 2025
La denuncia penal fue presentada por Fiscalía de Estado el 8 de abril de 2025 y el caso tomó estado público en junio de ese año.
Las actuaciones habían detectado que entre enero de 2024 y el 18 de marzo de 2025 figuraban al menos 97 certificados atribuidos a Mastronardi que sumaban los 2989 días de licencia.
El médico se desempeñaba desde 2012 en el Departamento de Ciencias Médicas de la Oficina del Cuerpo Profesional Forense de la Primera Circunscripción Judicial.
Además de la posible falsedad de los certificados, la investigación puso bajo análisis la actividad privada del profesional debido a la incompatibilidad que regía para su función dentro del Poder Judicial.
Ante la falta de avances iniciales en la causa, en junio de 2025 Fiscalía de Estado pidió, con habilitación de día y hora, una batería de medidas. Solicitó información a organismos públicos y otras instituciones para determinar si existían más certificados emitidos por Mastronardi y requirió documentación sobre su situación laboral, tributaria y profesional.
También pidió informes a Migraciones para establecer los movimientos internacionales de la empleada que había obtenido la licencia y viajó a Europa.
El Superior Tribunal de Justicia dispuso la cesantía de Mastronardi el 25 de junio de 2025. La decisión se conoció públicamente dos días después. El profesional tenía un sumario administrativo abierto desde septiembre de 2024.
Qué dijeron las defensas
Fernández intervino de manera remota desde España, donde actualmente reside, y se abstuvo de declarar.
Su abogado, Adriel Cabello, se opuso a la formulación de cargos y sostuvo que las ausencias fueron descontadas de la liquidación final de la mujer. Con ese argumento cuestionó que hubiera existido un perjuicio económico para el Estado o un beneficio para su defendida.
Mastronardi también se abstuvo de declarar. Sus abogados Gabriel Varela y Hugo Scarzo plantearon que una discrepancia de criterio médico no puede ser equiparada con la falsedad de un certificado.
La defensa sostuvo que el psiquiatra certificó el cuadro que presentaba Fernández al momento de la consulta y que no podía responsabilizarse al profesional por lo que la paciente hiciera posteriormente. También señaló que la falsedad de los diagnósticos deberá determinarse mediante pericias.
Dopazo Samper consideró que esas controversias deberán resolverse a medida que avance la investigación y se produzca la prueba pendiente. En particular, remarcó que establecer si el contenido de un certificado psiquiátrico es verdadero o falso requiere conocimientos específicos.
La Fiscalía todavía tiene pendientes, entre otras medidas, una pericia caligráfica y de firmas sobre certificados secuestrados, entrevistas a profesionales que participaron de las Juntas Médicas y distintos informes.
Cuatro meses de investigación
La jueza dispuso medidas de coerción por cuatro meses.
Fernández deberá enviar un correo electrónico a la Fiscalía entre el 1 y el 10 de cada mes para mantenerse a derecho, mientras que Mastronardi tendrá que firmar el libro de imputados durante el mismo período.
Dopazo Samper rechazó la caución real solicitada para ambos y tampoco hizo lugar al pedido para impedir que Mastronardi salga de la provincia.
La investigación continuará ahora con la producción de las medidas pendientes y mantiene bajo análisis el universo de 97 certificados correspondientes a 31 agentes públicos, aunque las imputaciones dispuestas este jueves se limitan, por el momento, al caso de Fernández.
Fuente: El Chorrillero
