La investigación comenzó en noviembre de 2019, cuando la Policía buscaba armas y encontró estupefacientes en una vivienda del barrio Eva Perón II. Durante los meses siguientes hubo vigilancias, seguimientos e interceptaciones de personas que salían con droga de las casas implicadas.
La Policía había llegado a una vivienda de Villa Mercedes para buscar armas de fuego. Sin embargo, durante aquel allanamiento del 15 de noviembre de 2019 encontró en el techo una bolsa de nylon con una sustancia blanca y parte de su contenido aparentemente había caído hacia el patio de la casa vecina. Un análisis preliminar confirmó que era cocaína y aquel hallazgo terminó abriendo una investigación federal por drogas que se prolongó durante más de un año.
Vigilancias encubiertas, registros fílmicos y de audio, seguimientos a personas que permanecían pocos minutos en distintas viviendas e interceptaciones en las que aparecieron dosis de cocaína y marihuana fueron incorporando nombres a la pesquisa. La causa finalmente llegó al Tribunal Oral Federal de San Luis con cuatro acusados: los hermanos Matías Maximiliano, Diego Sebastián y Néstor Fabián Medina, y Diego Juan Ramón Funes.
El desenlace llegó el 24 de agosto de 2026. La jueza de Cámara María Carolina Pereira, al frente de manera unipersonal del Tribunal, dictó sentencia luego de que los cuatro reconocieran los hechos y aceptaran acuerdos de juicio abreviado. Intervino como fiscal general subrogante Cristian Rachid. Diego Sebastián Medina estuvo representado por el defensor público oficial coadyuvante Sebastián Crespo; Pascual Celdrán defendió a Matías Maximiliano y Néstor Fabián Medina; y Marcos Juárez y Ramiro Rubio a Funes.
La resolución tuvo una particularidad: los cuatro habían llegado a la instancia de juicio acusados de comercializar estupefacientes, pero la Fiscalía concluyó que podía acreditar que habían entregado droga a otras personas, aunque no que hubieran cobrado por hacerlo. Esa diferencia modificó la calificación y las penas.
La cocaína encontrada durante un allanamiento por armas
La causa comenzó cuando la Brigada de Investigaciones pidió la intervención de la División Lucha contra el Narcotráfico de la Unidad Regional II. Por orden del Juzgado de Instrucción N° 2 de Villa Mercedes se estaban allanando varios domicilios para buscar armas de fuego y uno de ellos era la vivienda donde residía Néstor Fabián Medina.
En el techo encontraron una bolsa con una sustancia similar a la cocaína. Personal especializado realizó un test que dio positivo y el caso pasó a la órbita federal.
El Juzgado Federal de Villa Mercedes delegó la investigación en el Ministerio Público Fiscal y, a pedido de la Fiscalía, autorizó a Narcotráfico a desplegar tareas encubiertas, vigilancias y registros mediante filmaciones y audios.
Para julio de 2020, los investigadores ya habían identificado a Matías y Néstor Medina como moradores de uno de los domicilios observados. En septiembre, un informe policial señaló que Matías, el alias de “Dibu”, vivía en otra casa del barrio Eva Perón II y que allí se registraban movimientos que los investigadores asociaban con venta de drogas al menudeo. La Policía también vinculó a Néstor con esas maniobras.
Las vigilancias se realizaron en distintas jornadas entre agosto de 2020 y marzo de 2021.
Con el avance de la pesquisa apareció Diego Medina. Los investigadores sostuvieron que realizaba maniobras junto con Matías. También llegaron hasta Funes después de seguir a Matías el 15 de octubre de 2020: lo vieron salir de su casa con una riñonera, ingresar a la vivienda de Funes y retirarse poco después sin ella. Luego fue hacia la casa de Diego Sebastián.
La Policía estableció además que Funes utilizaba otro inmueble del barrio Eva Perón I, donde funcionaba un taller mecánico, para resguardar sustancias. En noviembre de 2020 y febrero de 2021 detectaron en su domicilio otros movimientos que consideraron compatibles con el narcomenudeo.
Cuatro personas salieron de las viviendas con droga
La investigación no quedó únicamente en observaciones. Los policías siguieron a personas que habían permanecido pocos minutos en las casas y comprobaron cuatro entregas de estupefacientes.
La primera ocurrió el 10 de agosto de 2020. Alrededor de las 19:10, un hombre ingresó a la casa de Néstor Medina y se retiró pocos minutos después. Los investigadores lo siguieron hasta Rufino Barreiro y pasaje Arriero Puntano, donde lo interceptaron: un envoltorio con 0,68 gramos de marihuana.
El 26 de febrero de 2021 ocurrió otro procedimiento. A las 19:50, un sujeto llegó hasta la vivienda vinculada con Matías Medina, ingresó y permaneció allí unos minutos. Al salir fue seguido por los policías, que le secuestraron dos envoltorios con 0,34 gramos de cocaína.
El tercer caso fue el 5 de marzo. Otro hombre estuvo durante pocos minutos en la casa de Funes y posteriormente fue interceptado. En su vehículo encontraron un envoltorio con 0,29 gramos de cocaína.
Seis días después, alrededor de las 21, dos hombres llegaron en moto hasta la vivienda de Diego Sebastián. El acompañante bajó, ingresó y salió minutos más tarde. La Policía siguió a ambos y finalmente interceptó a uno, a quien le encontró un envoltorio con 1,70 gramos de marihuana.
Para la Justicia, esas cuatro entregas quedaron acreditadas y tuvieron la participación de los cuatro implicados.
Cocaína dentro de una media de bebé y marihuana en la baulera de una moto
El 26 de marzo de 2021 la investigación desembocó en allanamientos simultáneos en las viviendas de los acusados.
Cuando los policías requisaron a Matías Medina encontraron una media de bebé que contenía dos envoltorios. En uno había otros 13 paquetes con 2,93 gramos de cocaína y en el restante, otros 9,97 gramos de la misma sustancia.
En su vivienda también encontraron marihuana: dos cigarrillos, otro envoltorio y una bolsa que contenía 25 paquetes. Las pericias determinaron un total de 33,60 gramos de cannabis.
En el domicilio de Diego Sebastián, los efectivos revisaron una motocicleta Zanella ZB 110. Dentro de la baulera había una bolsa con 38 envoltorios de marihuana, que pesaron 36,86 gramos.
El procedimiento en la vivienda de Funes también arrojó resultados. Encontraron 85 envoltorios de marihuana, con un peso total de 97,835 gramos, y un envoltorio con 0,28 gramos de cocaína. Había además dos recortes de nylon, cinta de empaque, $66.340 y cinco teléfonos celulares.
En un Ford Focus estacionado en la cochera secuestraron otros $610 y dentro de una Toyota Hilux hallaron una libreta tipo agenda.
Llegaron acusados de vender droga, pero la Fiscalía cambió la calificación
La acusación con la que la causa fue elevada a juicio era más grave. El Ministerio Público Fiscal había atribuido a los cuatro hombres comercio de estupefacientes, previsto por el artículo 5 inciso c de la Ley 23.737.
Pero cuando el expediente llegó a la etapa de juicio, Rachid hizo una nueva evaluación global de la prueba.
El fiscal entendió que no existían elementos que permitieran sostener “con certeza” la actividad de tráfico originalmente atribuida y consideró que la duda debía beneficiar a los acusados.
No negó las entregas. El problema era otro: no podía demostrarse suficientemente que hubieran vendido la droga.
En el caso de Diego Sebastián, Rachid ponderó que no se había encontrado dinero o valores en su poder, que tampoco había evidencia de fondos disponibles por medios digitales y que el análisis de los dispositivos no aportó datos significativos que demostraran un tráfico oneroso. Durante varios meses de vigilancia solamente habían interceptado a un tercero con una dosis para consumo y ni siquiera se lo había entrevistado para determinar las condiciones en las que recibió la sustancia.
Respecto de Matías, tuvo en cuenta que también hubo una única interceptación, que durante el allanamiento llevaba apenas $1000 y que en el lugar había elementos compatibles con el consumo.
En el caso de Funes, valoró que los $66.340 estaban distribuidos en distintos sectores de una casa que compartía con su familia, que tenía actividades económicas formales registradas y que durante las tareas de campo solamente se detectaron movimientos sospechosos en dos oportunidades y se interceptó a un presunto adquirente.
Y para Néstor Medina pesaron la escasa cantidad de sustancia vinculada con el hecho, los indicios de consumo y que durante toda la investigación solamente una persona había sido interceptada después de salir de su vivienda.
La conclusión fue común: existía prueba de una “ocasional difusión de estupefacientes a terceros”, pero no certeza suficiente sobre la onerosidad o finalidad de lucro.
De venta a entrega gratuita
Con ese análisis, Rachid acordó una nueva calificación con los acusados y sus defensas.
Para Matías Maximiliano Medina, Diego Sebastián Medina y Diego Juan Ramón Funes, los hechos quedaron encuadrados como entrega o facilitación de estupefacientes a título gratuito y tenencia simple, en concurso real.
En el caso de Néstor Fabián Medina, la acusación quedó limitada a entrega o facilitación de estupefacientes a título gratuito.
Pereira consideró suficientemente fundamentada la decisión de la Fiscalía y homologó los acuerdos. La jueza destacó que las cuatro entregas estaban probadas, aunque el titular de la acción penal había determinado que no podía acreditarse con certeza que fueran onerosas.
También descartó que pudiera tratarse de una entrega gratuita ocasional destinada inequívocamente al consumo personal del receptor, una hipótesis que contempla un tratamiento legal diferente.
Los acuerdos fueron firmados en diferentes fechas: Diego y Néstor, el 30 de julio; Matías, el 31 de julio; y Funes, el 4 de agosto. Los cuatro aceptaron la existencia de los hechos y su participación y posteriormente ratificaron los términos ante el Tribunal.
Dos penas efectivas y dos en suspenso
El resultado fue diferente para cada acusado.
Matías Maximiliano fue condenado en esta causa a tres años de prisión y una multa de 15 unidades fijas. Sin embargo, tenía otra condena impuesta el 2 de julio de este año por un juez de Garantía de Villa Mercedes. Ambas fueron unificadas y Pereira estableció una pena única de cinco años y seis meses de prisión efectiva y una multa de 45 unidades fijas. El cómputo definitivo quedó pendiente hasta contar con el correspondiente a aquella otra sentencia.
Funes recibió tres años de prisión efectiva y una multa de 15 unidades fijas.
Néstor Fabián y Diego Sebastián fueron condenados a tres años de prisión en suspenso y una multa de 15 unidades fijas cada uno, además de reglas de conducta.
En el caso de Diego Sebastián, deberá realizar además 90 horas de tareas no remuneradas en un plazo de dos años. Propuso cumplirlas mediante labores de mantenimiento en el comedor-merendero “La Esperanza de los Niños”, de Villa Mercedes, y la Fiscalía prestó conformidad.
La sentencia cerró así una investigación iniciada casi siete años antes por un hallazgo inesperado durante un procedimiento que buscaba otra cosa. La Justicia tuvo por acreditado que los cuatro hombres entregaron estupefacientes a terceros y que tres de ellos también tenían droga bajo su poder, pero la prueba reunida durante aquellos meses de vigilancia no permitió demostrar un aspecto determinante de la acusación original: que esas entregas hubieran sido ventas.
