Desde la CREE informaron que miles de usuarios podrían perder subsidios al gas si avanza el proyecto nacional. Enviaron un informe a legisladores por el posible aumento de costos energéticos.
La titular de la Comisión Reguladora Provincial de la Energía Eléctrica (CREE) y coordinadora del Plan Maestro de Energía 2026-36, Laura Giumelli, envió una nota a los legisladores nacionales que representan a San Luis, donde expuso la preocupación que genera y los perjuicios que sufrirían los sanluiseños, en el caso de aprobarse el proyecto de ley que deroga parte del articulado de la Ley N° 27.637 conocida como de Zona Fría.
En el informe enviado a los diputados nacionales Carlos Almena, Claudio Álvarez, Mónica Becerra, Jorge Fernández y Ernesto Alí, y a los senadores Bartolomé Abdala, Ivanna Arrascaeta y Fernando Salino, da cuenta del perjuicio que significa para los habitantes de la provincia de San Luis la aprobación del citado proyecto de Ley.
La nota enviada a los legisladores nacionales por la titular de la CREE:
Sres. Legisladores
De mi mayor consideración,
Me dirijo a Ud. en mi carácter de presidente de la Comisión Reguladora Provincial de la Energía Eléctrica y coordinadora del Plan Maestro de Energía 2026-36 en relación al proyecto de ley elevado por el Poder Ejecutivo nacional mediante Mensaje N° 137-2026 que contempla una serie de “Medidas Energéticas” , entre las cuales está la derogación de parte del articulado de la Ley N° 27.637 de “Zona Fría”.
La Ley de Zona Fría propiciaba la segmentación bioclimática para la asignación de subsidios al gas natural y que categorizaba a casi todos los Departamentos de la provincia de San Luis, como tal y que, a la luz de la norma elevada, perdería su condición de tal, donde los usuarios gasíferos, perderán el subsidio, a pesar de que muchos de esos suministros se encuentran en zonas bioclimáticas de alta amplitud térmica que registran temperaturas bajísimas, incluso a nivel país.
San Luis ha destinado importantes inversiones a la ampliación de su red gasífera, sin ayuda nacional, para brindar acceso a los usuarios al gas natural y mejorar la calidad de vida -además de alternativas productivas-, que ahora verán impactado fuertemente sus economías domésticas, en muchos casos poniéndolos en situación de pobreza energética[1], ya que el impacto del aumento del precios eléctricos y gasíferos, se potencian.
La focalización de subsidios es un largo camino que no sólo depende de la situación de vulnerabilidad socio-económica de quienes los reciben, también del lugar que habitan y de los energéticos que disponen como opciones para cubrir sus necesidades calóricas. Es precisamente este trabajo el que falta y que el régimen de “Zona Fría” habilitaba para los usuarios provinciales y que se le niega, impactando en gran parte de los usuarios entre en montos mensuales que oscilan entre pesos 10.000 y 40.000 antes de impuestos/mes, para las pequeñas residenciales
Creemos que el debate en relación al acceso, inversiones, precios y tarifas en materia energética tiene que ser articulado a partir de múltiples parámetros, con participación efectiva de las provincias, donde la diversidad bioclimática y el acceso a los servicios es una parte esencial del debate. Sin embargo, el proyecto de Ley persigue la disminución de subsidios, sin distinción de las realidades geográficas, del análisis integral y de una planificación federal que permita la cobertura de las necesidades calóricas de la población.
Manifiesto la preocupación que genera los cambios de política energética en materia de acceso y asequibilidad para los usuarios, que, de no cubrir sus necesidades con gas naturales lo hacen a partir de energía eléctrica – con la consiguiente presión sobre las necesidades de infraestructura, y, lo que es más dañoso, con GLP cuyo acceso y precio es aún más volátil y caro.
Aprovecho la oportunidad para señalar que las provincias – y menos San Luis- no ha generado “activos regulatorios” a favor de la concesionada, por lo que no es observable que con dinero nacional se compensen créditos a favor de CAMMESA cuando las provincias pagadoras, no reciben beneficios y, además ven disminuida su masa coparticipable- toda vez que las deudoras aplicaron los créditos fiscales y no pagan los débitos, generando perjuicio a los usuarios pagadores y al Fisco.
Agradeciendo su atención al respecto, le saluda muy atentamente
[1] Si bien no hay una definición técnica la pobreza energética se define como la asignación de más de 10% del ingresa doméstica para cubrir los requerimientos energéticos.
