Lo acusaron de robar una mochila de una camioneta y usar las tarjetas de la víctima, pero quedó en libertad

Redaccion
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Santino Gabriel Villalba fue imputado por un hurto cometido frente a un hotel de avenida Illia y dos operaciones bancarias fraudulentas. La Fiscalía pidió 90 días de prisión preventiva, pero el juez consideró que no se acreditaron riesgos procesales y dispuso que se presente periódicamente ante la Justicia.

 

Santino Gabriel Villalba fue imputado por su presunta participación en el robo de una mochila del interior de una camioneta estacionada en avenida Illia, en la ciudad de San Luis, y por dos operaciones bancarias realizadas con las tarjetas de la víctima. Sin embargo, el juez de Garantía N° 1, Juan Manuel Montiveros Chada, rechazó el pedido de prisión preventiva de la Fiscalía y ordenó su inmediata libertad, con la obligación de presentarse periódicamente ante la Justicia durante 90 días.

La audiencia se desarrolló este miércoles, con la intervención de la fiscal de Instrucción Penal N° 5, Débora Roy Gitto, y los defensores Agustina Tobares y Esteban Sala.

Según la acusación, el hecho ocurrió el 4 de noviembre, alrededor de las 10, cuando un hombre estacionó su Volkswagen Amarok frente a un hotel de avenida Illia. Después de activar el cierre centralizado, descendió del vehículo y, al regresar unos diez minutos más tarde, descubrió que le habían sustraído una mochila con una computadora, documentación, tarjetas bancarias, dinero y otros objetos de valor.

Como la camioneta no presentaba daños, la Fiscalía planteó que los responsables habrían utilizado un inhibidor de señal para impedir que se activara el cierre centralizado.

Posteriormente, el damnificado detectó dos operaciones bancarias que desconocía. De acuerdo con la investigación, los fondos fueron transferidos a una cuenta de Mercado Pago a nombre de Villalba.

La fiscal sostuvo que el hecho habría sido cometido por el imputado junto con otro hombre que también es investigado, pero que no compareció a la audiencia.

Entre las pruebas mencionó registros de cámaras de seguridad que muestran a una persona retirando la mochila de la camioneta y el testimonio de un taxista que aseguró haber trasladado a dos hombres, uno de ellos con una mochila oscura, hacia la zona oeste de la ciudad.

Además, informó que el 17 de noviembre encontraron la mochila en un descampado, junto con documentación y otras pertenencias denunciadas como sustraídas.

A partir de estos elementos, Roy Gitto formuló cargos por hurto calificado por el uso de llave falsa u otro elemento semejante, en concurso real con dos hechos de defraudación mediante el uso de tarjetas bancarias, en calidad de coautor.

También solicitó 90 días de prisión preventiva al considerar que existía riesgo de entorpecimiento de la investigación, principalmente porque el otro sospechoso no había sido localizado y todavía restaban medidas de prueba, entre ellas pericias sobre teléfonos celulares y entrevistas a testigos.

 

La defensa cuestionó las pruebas y la detención

 

Durante la audiencia, Villalba declaró y negó haber participado en los hechos.

Tobares cuestionó la acusación y sostuvo que no existían pruebas suficientes para vincularlo con la sustracción de la mochila. Argumentó que las cámaras de seguridad no permitían identificarlo y que tampoco estaba acreditada su intervención en las operaciones bancarias.

Además, señaló que el imputado tiene arraigo en San Luis y no registra condenas ni otras causas penales en trámite.

Por su parte, Sala cuestionó las circunstancias de la detención y la interpretación que realizó la Fiscalía del artículo 38 del Código Procesal Penal provincial.

Explicó que esa disposición reconoce el derecho de una persona a conocer que existe una investigación penal en su contra para ejercer su defensa, pero no establece la obligación de presentarse ante la Fiscalía.

Por ese motivo, sostuvo que la falta de comparecencia de Villalba no podía utilizarse como fundamento para detenerlo, ya que no se trataba del incumplimiento de una citación obligatoria.

También señaló que inicialmente la Fiscalía había solicitado una audiencia de formulación de cargos con el imputado en libertad y que posteriormente dispuso su detención sin justificar, a criterio de la defensa, qué circunstancias nuevas motivaron esa decisión.

Ambos defensores se opusieron a la prisión preventiva y solicitaron que Villalba recuperara la libertad con medidas menos restrictivas.

Al resolver, Montiveros Chada consideró que existían elementos suficientes para tener por formulados los cargos, aunque realizó observaciones sobre algunos aspectos de la investigación.

En particular, señaló que no se había secuestrado ningún inhibidor de señal ni presentado una pericia que acreditara su utilización. También consideró necesario profundizar las averiguaciones sobre la participación de las personas involucradas.

No obstante, valoró las transferencias bancarias dirigidas a la cuenta de Villalba y el secuestro de una birome reconocida por el damnificado como elementos que permitían sostener la imputación en esta etapa inicial.

Respecto de la prisión preventiva, el magistrado coincidió con el planteo de la defensa sobre el artículo 38 del Código Procesal Penal. Explicó que la notificación de una investigación constituye un derecho del imputado y que su falta de comparecencia no puede justificar, por sí sola, una privación de la libertad.

También sostuvo que la Fiscalía no había demostrado riesgos procesales concretos ni explicado de qué manera la libertad de Villalba podría poner en peligro al damnificado o entorpecer la investigación.

El juez recordó que la prisión preventiva es una medida excepcional destinada a garantizar los fines del proceso y no una sanción anticipada.

Finalmente, tuvo por formulados los cargos con la calificación legal propuesta por la Fiscalía, rechazó los 90 días de prisión preventiva y ordenó la inmediata libertad del acusado.

Como medida de coerción, estableció que durante los próximos 90 días deberá presentarse periódicamente a firmar el libro correspondiente, mientras continúa la investigación penal.

Fuente: El Chorrillero

 

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