Desde que fue denunciado, el imputado solo pasó 8 días tras las rejas, pero ahora sabe que, en caso de ser condenado por un tribunal, la experiencia podría repetirse por un tiempo mucho más prolongado. A fines de la semana pasada, un fiscal de Villa Mercedes pidió elevar a juicio una causa por amenazas y atentado a la autoridad, y solicitó para el acusado una pena a tres años de prisión efectiva. El hombre esperará el debate en libertad, pero debió cerrar sus redes sociales por orden judicial y está sujeto a una restricción para con la víctima, su expareja.
El 5 de julio pasado, la víctima acudió a la Comisaría 10ª de Villa Mercedes para denunciar las amenazas y mensajes que ella y sus amigas habían recibido a través de redes sociales. Enterado del caso, el fiscal de Instrucción 4, Leandro Estrada, instruyó al personal de la División de Ciberdelitos para que realizara un patrullaje cibernético, que estableció que los mensajes estaban asociados a dos perfiles vinculados a una dirección de IP que correspondía a empresas de internet que tenían como titular a la madre y hermana del imputado, de apellido Lucero.
Además, el informe situó que el lugar físico de la dirección electrónica desde donde se hicieron las amenazas se correspondía con el domicilio de Lucero, que fue requisado los primeros días de agosto. Ese día, el sospechoso formateó su teléfono celular al momento en el que llegaron los agentes en una clara intención de eliminar pruebas, lo que Estrada planteó como una obstaculización de la Justicia.
El viernes 4 de agosto, Lucero fue conducido a una audiencia de formulación de cargos, donde le imputaron provisoriamente el delito de “Amenazas calificadas por ser anónimas”. La defensa solicitó 7 días de prórroga de la detención y, vencido ese plazo, el 11 de agosto, la jueza Mirta Ucelay de Garciarena lo procesó sin prisión preventiva, pero sí le impuso una serie de medidas: firmar el libro ante el Ministerio Público Fiscal (MPF) por el plazo de 4 meses, una prohibición de acercamiento recíproca entre el imputado y la denunciante por todos los medios, también por 4 meses; que fijara domicilio en suelo mercedino, y el cierre inmediato de todas las redes sociales del imputado.
En las semanas que siguieron, la fiscalía concluyó la investigación penal preparatoria y solicitó una audiencia de elevación a juicio, que se celebró el jueves. Allí, Estrada hizo un repaso de los hechos y comentó que las amenazas generaron un contexto intimidatorio, coaccionante y vulnerante de la intimidad de la víctima.
Al margen de ese hecho, la fiscalía, que también estuvo representada por el fiscal adjunto Martín Peñaloza, sumó a la acusación otro hecho ocurrido el 13 de diciembre de 2022, cuando el imputado, en otro allanamiento practicado en su domicilio, estrelló su celular contra el piso también para ocultar pruebas, lanzó expresiones misóginas contra mujeres policías y golpeó a efectivos varones para impedir el procedimiento. Eso le valió una imputación por el delito de “Atentado a la autoridad calificada”.
