Fue luego que los magistrados revisaron la medida dispuesta por un Juzgado de Garantía. Ahora se dispuso el encarcelamiento de Mayte Ryna del Portugal Escudero por 40 días, como lo había solicitado el Ministerio Público Fiscal.
El Tribunal de Impugnaciones de Villa Mercedes hizo lugar al pedido de revisión (hecho por el Ministerio Público Fiscal y la querella) sobre la libertad de Mayte Reyna del Portugal Escudero, acusada de estafar a casi 30 familias por la venta de terrenos que eran de la Municipalidad.
Por orden de la jueza Natalia Pereyra Cardini, la mujer (que estaba en el Servicio Penitenciario Provincial) quedó libre el domingo. Pero hoy los magistrados Marcelo Bustamante Marone, María Bocca y Hernán Herrera ordenaron su inmediata detención y el traslado a la cárcel por 40 días (como había pedido el Ministerio Público Fiscal), al considerar que persisten los riesgos procesales que fueron evaluados oportunamente.
Durante la audiencia que se realizó este jueves, las partes expusieron sus argumentos en relación con la medida adoptada previamente por el Juzgado de Garantía Nº 3, y debatieron, principalmente, sobre la vigencia de los riesgos procesales y la proporcionalidad de la coerción en función del estado actual de la causa.
El 14 de agosto se trató el vencimiento de prórroga de Escudero, y el fiscal Leandro Estrada pidió 40 días más de detención. Pereyra Cardini no hizo lugar a eso, y dispuso que a partir del 16 de agosto, Escudero debía recuperar su libertad y continuar sometida al proceso bajo otras medidas.
Se impuso la prohibición de salir de la provincia de San Luis y de mantener contacto con otras personas involucradas en la causa. Asimismo, debía presentarse cada quince días a firmar el libro correspondiente ante el Ministerio Público Fiscal, fijar residencia en la ciudad de Villa Mercedes y comunicar cualquier modificación de domicilio. Ante la decisión, la Fiscalía y la querella pidieron la revisión.
Al momento de resolver, el Tribunal consideró que persisten los riesgos procesales que habían sido evaluados con anterioridad y que las circunstancias analizadas justifican la aplicación de una medida de coerción de mayor intensidad.
Entre los aspectos valorados se mencionaron los riesgos de entorpecimiento de la investigación vinculados con maniobras denunciadas por la Fiscalía, la existencia de actuaciones en el ámbito civil y cuestiones relacionadas con los domicilios informados en el marco de la causa.
El Tribunal también tuvo en consideración la complejidad de la investigación y la necesidad de resguardar los fines del proceso durante esta etapa.
En cuanto al plazo de la medida, consideró razonable establecer 40 días, teniendo en cuenta el avance de la causa hacia la etapa intermedia y la realización del correspondiente control de acusación.
Asimismo, se tuvo presente el compromiso asumido por el representante del Ministerio Público Fiscal de coordinar un traslado conjunto a las partes querellantes, con el objetivo de evitar superposiciones que pudieran extender los plazos procesales.
