San Luis – En un fallo unánime, el Jurado de Enjuiciamiento ha resuelto suspender al juez Agustín Ruta y abrir un proceso de juicio político en su contra. Esta medida se lleva a cabo luego de que el magistrado fuera denunciado por ordenar la transferencia de fondos embargados por un monto de $66 millones a la empresa Codapri SA, en el marco de un litigio que la firma sostiene con el Banco Macro.
La resolución N° 06-HJEMyFSL-23, emitida por el Jurado de Enjuiciamiento, establece la formación de causa y la suspensión del titular del Juzgado N° en lo Civil, Comercial y Ambiental, Agustín Ruta. El procurador General, Luis Martínez, quien actúa como acusador, ha sido notificado y se le ha otorgado un plazo de siete días para presentar sus argumentos.
Durante la deliberación, estuvieron presentes el presidente del Jurado, Jorge Levingston, los jueces Fernando Pascuet y Javier Solano Ayala, los diputados Marisa Patafio, Verónica Garro y Gustavo Morales, así como los abogados Alfonso Vergés, Gimena Ramírez Couto y Valeria Imberti.
Como consecuencia de la suspensión, el juez Agustín Ruta percibirá el 50% de su sueldo mientras dure el proceso. Esta medida busca asegurar la transparencia y la imparcialidad en el desarrollo del juicio político.
Las acusaciones contra el juez Ruta son de suma gravedad, ya que involucran una presunta mala praxis en el manejo de los fondos embargados y podrían afectar la integridad del sistema judicial. El juicio político es un mecanismo establecido para garantizar la rendición de cuentas de los funcionarios judiciales y salvaguardar la confianza de la ciudadanía en la justicia.
Se espera que el proceso de juicio político se desarrolle de manera transparente y exhaustiva, permitiendo el esclarecimiento de los hechos y la aplicación de las sanciones correspondientes, en caso de que se comprueben las irregularidades denunciadas.
La comunidad de San Luis confía en que este proceso fortalezca la institucionalidad y la confianza en el sistema judicial. La integridad y la imparcialidad son principios fundamentales para garantizar la equidad y la justicia en el ejercicio de la función judicial.
