Rovella Carranza S.A. es una de las tres constructoras involucradas en el plan de Alberto Rodríguez Saá de adjudicar proyectos que condicionarán al futuro Gobierno.
La empresa, cuyo presidente es León Zakalik y vicepresidente Valeria Arena, apostó todo al Gobierno saliente hasta el final. Entró en un juego que le puede traer consecuencias porque fue notificada formalmente que la obra vial en la que se interesó está bajo un proceso judicial.
Junto a Serving SRL y Semisa interviene en licitaciones impugnadas en una causa que resolverá la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En el caso de Rovella Carranza SA cotizó el proyecto de la obra sobre el acceso sur de la Ruta N° 1 que cuenta con un presupuesto de $28.650.000.000.
El otro oferente Serving SRL se enfrenta ahora a un pedido de investigación penal por los $500 millones que cobró por la frustrada obra del Parque Vulpiani en Juana Koslay. Está en la mira además por la obra en la Ruta N° 20.
La concesión le permitiría a Rovella Carranza SA sacar de las cuentas del Estado el anticipo financiero de $8.595.000.000 antes de que se vaya Rodríguez Saá el 9 de diciembre.
La liberación de la plata pone en peligro el pago de los salarios de los empleados públicos teniendo en cuenta que la Provincia presenta un déficit fiscal crónico, según los informes publicados por la dirección Nacional de Asuntos Provinciales dependiente del ministerio de Economía de la Nación.
