Impugnaciones ratificó la formulación de cargos por presunto enriquecimiento ilícito, las medidas de coerción y la declaración de complejidad de la causa. Descartó las nulidades planteadas por la defensa y avaló la continuidad de la investigación al ministro de Desarrollo Social durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá.
El Tribunal de Impugnaciones de la Primera Circunscripción rechazó el recurso de apelación presentado por el ex ministro de Desarrollo Social, Nicolás Anzulovich y confirmó en todos sus términos la resolución del juez de Garantía N°3, Marcos Flores Leyes, que convalidó la formulación de cargos, impuso medidas de coerción y declaró la complejidad de la investigación.
La decisión fue adoptada por unanimidad por los jueces Laura Molino, Jorge Sabaini Zapata y Yanina Del Viso, quienes ratificaron la validez de la audiencia realizada el 21 de mayo, en la que el fiscal de Instrucción N°1, Francisco Assat Alí, formuló cargos contra el funcionario de Alberto Rodríguez Saá por el presunto incremento patrimonial incompatible con sus ingresos como funcionario público.
De esta manera, el Tribunal confirmó también la obligación de Anzulovich de firmar mensualmente en Fiscalía, la prohibición de salir de la provincia durante seis meses y la inhibición general de bienes, además de mantener la declaración de complejidad del expediente, que otorgó ese mismo plazo para profundizar la investigación.
Uno de los principales planteos de la defensa, a cargo de Cristóbal Ibáñez y Nedo Gómez, apuntaba a declarar la nulidad de las actuaciones posteriores a la recusación promovida contra Assat Alí. Los abogados cuestionaron la actuación de la fiscal de Juicio María Virginia Palacios Gonella, quien primero se excusó de intervenir y luego dejó sin efecto esa decisión al sostener que había firmado por error un dictamen correspondiente a otro expediente.
Sin embargo, el Tribunal concluyó que esa situación no tenía entidad suficiente para invalidar la formulación de cargos.
La audiencia ante el Tribunal de Impugnaciones. (Foto Periódico Judicial)
En el voto de Molino, al que adhirieron los otros dos magistrados, se recordó que las nulidades no proceden por meros defectos formales y que quien las invoca debe demostrar un perjuicio concreto para su derecho de defensa, circunstancia que no ocurrió en este caso. También señalaron que la defensa no recusó formalmente a la fiscal cuando retomó la intervención en la causa y que la actuación del Ministerio Público Fiscal fue posteriormente convalidada por el procurador General.
El Tribunal también descartó los cuestionamientos dirigidos contra las medidas de coerción.
Respecto de la inhibición general de bienes, sostuvo que la investigación presenta un grado suficiente de verosimilitud a partir de la pericia contable incorporada al expediente, que detectó inconsistencias entre las declaraciones juradas patrimoniales y los ingresos declarados por Anzulovich. Añadió que, mientras continúe la investigación, existe el riesgo de que puedan realizarse maniobras que dificulten un eventual decomiso o la recuperación de activos, por lo que consideró razonable mantener la medida cautelar.
En cuanto a la prohibición de salir de la provincia, los jueces entendieron que no se trata de una restricción absoluta, ya que el imputado puede solicitar autorización judicial para viajar cuando existan motivos justificados. Además, consideraron que la defensa no logró demostrar que la medida vulnerara garantías constitucionales ni desvirtuó los fundamentos expuestos por el juez de Garantía para disponerla.
Qué se investiga
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por una beneficiaria del Plan de Inclusión Social y busca determinar si existió un incremento patrimonial incompatible con los ingresos declarados por Anzulovich entre 2019 y 2023, período en el que se desempeñó como coordinador de Dosep y luego como ministro de Desarrollo Social.
Según la hipótesis de la Fiscalía, una pericia contable detectó inconsistencias entre su patrimonio, sus ingresos y el nivel de gastos registrado, por lo que aún restan producir distintas medidas de prueba para reconstruir integralmente el patrimonio del exfuncionario y determinar el alcance económico del presunto enriquecimiento ilícito.
La formulación de cargos recién pudo concretarse en el cuarto intento. Con anterioridad, la audiencia había sido suspendida por inconvenientes con la notificación del imputado y por distintos planteos de la defensa, entre ellos recusaciones, pedidos de nulidad y cuestionamientos a la intervención del Ministerio Público Fiscal, que demoraron el avance de la causa durante varias semanas.
Finalmente, el 21 de mayo, Assat Alí formuló cargos contra Anzulovich por enriquecimiento ilícito y Flores Leyes convalidó la acusación, además de imponer las medidas de coerción que ahora fueron confirmadas por el Tribunal de Impugnaciones.
FUENTE: EL CHORRILLERO
