El Gobierno británico extendió todos los permisos offshore vigentes, con respaldo de Londres. La medida se conoció tras las sanciones impulsadas por el Gobierno argentino.
La administración de las Islas Malvinas, bajo control británico, anunció la prórroga por cinco años de todas las licencias vigentes para actividades petroleras offshore. La decisión, respaldada por el Reino Unido, se conoció después de que el Gobierno de Javier Milei intensificara las medidas contra las compañías que operan en la zona sin autorización argentina.
Los permisos, que actualmente se encuentran en etapa de exploración, podrán extenderse por otros dos años. Esa ampliación quedará a criterio de las autoridades isleñas y dependerá del cumplimiento de los programas de trabajo comprometidos por las empresas.
“Estas prórrogas brindan seguridad a los operadores, permitiéndoles continuar invirtiendo y desarrollando sus áreas asignadas”, afirmó Cheryl Roberts, integrante de la Asamblea Legislativa isleña y responsable de las áreas de Comercio, Industria y Recursos Minerales.
La funcionaria defendió la explotación de los hidrocarburos al sostener que se trata de recursos propios de los habitantes del archipiélago. La Argentina rechaza esa posición y considera ilegítimos los permisos otorgados sin su consentimiento en un territorio cuya soberanía reclama.
Uno de los principales focos del conflicto es Sea Lion, un proyecto ubicado en la cuenca norte de Malvinas, a unos 220 kilómetros del archipiélago. La iniciativa es encabezada por Navitas Petroleum, que posee una participación del 65%, y la británica Rockhopper Exploration, dueña del 35% restante.
Las compañías adoptaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión y proyectan comenzar la extracción de petróleo en marzo de 2028. Ambas sostienen que cuentan con licencias válidas otorgadas por la administración isleña y con el respaldo del Reino Unido.
La jueza federal de Río Grande Mariel Borruto dictó la semana pasada una medida cautelar que ordenó a Navitas y Rockhopper abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar las obras necesarias para poner en funcionamiento Sea Lion.
La resolución respondió a una presentación de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata. La magistrada reconoció, sin embargo, que la ejecución de la medida dependerá de la cooperación internacional y de la conducta de las empresas involucradas.
La administración isleña también aprobó que Navitas Petroleum Atlantic Limited adquiera una participación del 65% en la licencia PL001, un bloque ubicado junto a Sea Lion. La operación había sido acordada con JHI Associates, que conservará el 35% restante. Las autoridades esperan que el ingreso de Navitas acelere la evaluación y el eventual desarrollo del área.
Además de Navitas y Rockhopper, otras compañías vinculadas con permisos exploratorios en la zona son Borders & Southern, Desire Petroleum Limited y JHI.
El Gobierno argentino impulsó durante septiembre denuncias penales y procedimientos sancionatorios contra empresas, directivos, accionistas y proveedores relacionados con la explotación de hidrocarburos en las aguas que rodean las Islas Malvinas.
La Casa Rosada también presentó ante el Congreso un proyecto para endurecer las sanciones contra quienes participen en la exploración o explotación de recursos naturales sin autorización argentina. Los procedimientos alcanzan a decenas de personas y compañías relacionadas con las actividades petroleras en la zona.
El Reino Unido rechazó las medidas y afirmó que la legislación argentina no tiene jurisdicción sobre las empresas que operan en el archipiélago. Londres, además, reivindicó la potestad de los isleños para administrar los recursos naturales.
La Argentina fundamenta su posición, entre otros antecedentes, en la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La norma insta a las partes de la disputa a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que modifiquen la situación mientras permanezca pendiente una solución negociada sobre la soberanía.
