El exmandatario venezolano y su esposa volvieron a declararse inocentes ante un tribunal federal de Nueva York. La defensa buscará que se desestime la causa por inmunidad soberana y cuestionará la legalidad de su captura.
L a Justicia de Estados Unidos fijó para el 1 de junio de 2027 el inicio del juicio por narcotráfico contra el depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, quienes enfrentan cargos por presunta conspiración para introducir cocaína en territorio estadounidense.
Durante una audiencia realizada en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, ambos volvieron a declararse no culpables de las acusaciones. Si un jurado los encuentra responsables, podrían ser condenados a cadena perpetua.
Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, permanecen detenidos en una prisión federal de Brooklyn desde que fueron capturados por fuerzas estadounidenses en Caracas durante un operativo realizado a comienzos de enero y posteriormente trasladados a Nueva York.
El juez Alvin Hellerstein aprobó el cronograma acordado entre la Fiscalía y la defensa. Según ese calendario, el 2 de septiembre la defensa presentará sus primeras mociones y el 17 de noviembre se celebrará una nueva audiencia para analizar esos planteos antes del inicio del juicio.
Entre los principales argumentos de la defensa figura un pedido para desestimar la causa por inmunidad soberana y una impugnación de la legalidad del operativo que derivó en la detención del exmandatario. El abogado Barry Pollack sostiene que Maduro fue víctima de una “captura militar” ilegal, mientras que el Gobierno estadounidense asegura que el procedimiento fue legítimo y formó parte de una investigación iniciada hace seis años.
La audiencia estuvo acompañada por una pequeña manifestación en las inmediaciones del tribunal de Manhattan, donde un grupo de simpatizantes se concentró mientras un importante operativo policial resguardaba la zona.
Desde su detención, Maduro insiste en que es un “prisionero de guerra” y sostiene que continúa siendo el “presidente constitucional” de Venezuela. Ni él ni su esposa solicitaron la libertad bajo fianza, por lo que permanecerán detenidos hasta el comienzo del proceso judicial o hasta que el tribunal resuelva las mociones presentadas por la defensa.
