El Ministerio Público Fiscal pidió la audiencia donde formularán cargos por el mismo delito a su pareja, el actual diputado Joaquín Beltrán, y a otros tres ex funcionarios del Gobierno de Alberto Rodríguez Saá. Ya están acusados de los delitos de peculado, administración fraudulenta, malversación de caudales públicos y abuso de autoridad.
La causa que investiga el vaciamiento del Molino Fénix durante el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá entró en una recta de definiciones, o más bien se encamina para que cinco involucrados en la administración de los recursos de ese complejo vayan a juicio oral por corrupción.
Ahora se confirmó que el Ministerio Público Fiscal tiene más evidencias en sus manos, y antes que la investigación se eleve al debate oral hará una nueva formulación de cargos. Van a imputar a la dirigente albertista, Anabela Lucero, por asociación ilícita, fraude a una administración pública y sustracción de medios de prueba. Y con ella a su pareja, el diputado Joaquín Beltrán; a su hermano, Enzo Lucero y a su cuñado, Ezequiel Scarel. También a Diego Torres. Todos como coautores de esos delitos.
El fiscal José Olguín pidió al juez de Garantía N°3 Santiago Ortiz que fije una nueva fecha para la ampliación de los cargos y medidas de coerción. Si bien para el 5 de junio estaba establecida una audiencia para tratar planteos de nulidades varias que quiere hacer la defensa, Olguín fundamentó que es conveniente “por una cuestión de economía procesal y por respeto al derecho de defensa, dado el voluminoso material probatorio a analizar” definir un nuevo día.
Sin embargo, no se podrá avanzar en nada si el Superior Tribunal de Justicia no se pronuncia sobre una cuestión de competencia: es decir, quién debe resolver la prórroga extraordinaria de la Investigación Penal Preparatoria que está pendiente. Eso lo debió hacer Ortiz, pero el año pasado fue apartado de su cargo y sometido a un juicio político, entonces intervinieron distintos magistrados que expresaron criterios encontrados.
El 14 de marzo del año pasado imputaron a Anabela Lucero y Beltrán por de peculado (sustracción de elementos, y uso de las personas que trabajaban en el Molino Fénix, de las instalaciones y de vehículos), administración fraudulenta (uso de bienes y fondos, transporte de personas, pago de seguros en lugares donde funcionaban sus sedes partidarias cuando fue candidata a intendenta de Villa Mercedes), malversación de caudales públicos y abuso de autoridad. Ambos en calidad de autor.
En la acusación sostienen que aunque él era el administrador, ella como dirigente política de Rodríguez Saá disponía de los recursos económicos, y por eso hizo del Molino Fénix su unidad básica para hacer campaña en su intento de ser la intendenta de Villa Mercedes.
