El gobernador electo, Claudio Poggi se reunió con el abogado Pablo Lanusse para “analizar los actos administrativos dictados por el gobernador saliente Rodríguez Saá con posterioridad a la elección del 11/6 y las responsabilidades de los funcionarios y terceros que están interviniendo en los mismos”.
Esos “actos administrativos” son en realidad una serie de medidas cuya legalidad está cuestionada desde un primer momento y configuran una bomba de tiempo que deberá desactivar la futura gestión apenas ponga un pie en Terrazas del Portezuelo.
El prestigioso abogado penalista se integró al equipo del gobernador electo una vez que Alberto Rodríguez Saá hizo oídos sordos al pedido de abrir una transición ordenada y lanzó su plan de un “gobierno paralelo” enquistado en las estructuras del Estado para complicar al futuro Gobierno.
Lanusse, penalista y conocedor de la administración pública y fiscal Federal que investigó la mafia de oro, recibió hoy en Buenos Aires a Claudio Poggi.
En la mira están Alberto Rodríguez Saá, funcionarios de distintos rangos y empresarios que se involucraron en licitaciones judicializadas como son la Ciudad Judicial y la obra vial sobre la Ruta N° 1. Acá entraron Semisa, Rovella Carranza SA y Serving SRL a pesar de que Poggi accionó para llegar a la Corte Suprema de Justicia.
Hace 15 días en una entrevista periodística en Cadena 3 Poggi dejó una definición que puede leerse como un aviso: “Por supuesto que con la ley, con la Constitución de la mano, esas obras faraónicas las deberé anular y denunciar el vaciamiento del Estado, un saqueo del Estado provincial. Porque a esta altura parece que hay complicidad entre el Gobierno saliente que licita obras faraónicas a un mes de irse y algunas empresas constructoras que eventualmente participen en las obras licitadas. Ahí hay una figura de anticipo financiero de obras, que normalmente se entregan al inicio de cada obra, que pueden llegar al 30% de su valor sin poner un ladrillo aún… todo esto hace responsabilidades patrimoniales tanto a los funcionarios como a los contratistas y seguiremos muy de cerca”.
Entre los actos cuestionados, entre otros, se ubican:
| La designación de 53 funcionarios con sueldos de $1 millón en la Legislatura.
| El nombramiento de la rectora de la Universidad de La Punta. Fue promovida la actual senadora nacional, Eugenia Catalfamo.
| Contrataciones y licitaciones que excedan el mandato del 10 del diciembre de 2023.
| La designación del fiscal de Estado.
