En un pronunciamiento considerado un bochorno institucional, la Corte provincial levantó la medida de no innovar de la jueza Eugenia Bona que había frenado los trámites que pudieran comprometer presupuestos que van más allá del mandato del gobernador saliente.

El Superior Tribunal de Justicia tomó el caso a través de una instancia extraordinaria como es el “per saltum”. Se usó una vía excepcional con magistrados que se daba por hecho no iban a intervenir. Por un lado, unas de las licitaciones que se paró fue la fastuosa Ciudad Judicial de 41 mil millones pesos y por el otro, jueces como Eduardo Allende y Cecilia Chada tienen “trato íntimo” con el fiscal de Estado, Roald Cattaneo, representante del Gobierno saliente.

Los jueces Jorge Levingston, Eduardo Allende, Cecilia Chada y Guillermo L’Huillier, de conformidad con el procurador Luis Martínez, hicieron lugar al recurso extraordinario promovido por el Gobierno. Así fallaron contra la medida de no innovar de la jueza Eugenia Bona que había frenado los llamados a licitaciones y contrataciones dispuestas por Alberto Rodríguez Saá en el marco del festival de gasto público que comprometía fondos de la futura administración.

El Superior Tribunal le dio rienda suelta al gobernador saliente para disponer de fondos que le corresponde decidir al Gobierno que asumirá el 10 de diciembre.

El fallo del Superior Tribunal será apelado ante la Corte Suprema de Justicia.