640
La había sancionado la gestión anterior para otorgar una especie de libertad anticipada a ciertos detenidos para que puedan desarrollar proyectos productivos en el interior de San Luis. Choca de manera flagrante con la normativa nacional y deja desdibujada la figura del juez de ejecución penal.
La ley establece que no todos los detenidos pueden utilizar esta modalidad y que solo accederán quienes tienen condenas por delitos leves. “Hemos elegido un camino que nos parece novedoso en el mundo del derecho, que es que el condenado pueda cumplir la condena en un lugar en libertad”, aclaró.
Un verdadero delirio por donde se lo mire. En el interior a nadie le hacía gracia la posibilidad de ser “elegidos” para albergar a tan “selectos” habitantes. ¿Por qué nos quieren mandar a nosotros los delincuentes y no se los dejan ellos en la ciudad? ¿Si allá también les pueden enseñar un oficio y reinsertar ellos? Esas preguntas resonaban en los parajes de San Martín, Ayacucho y Belgrano, lugares que ya sonaban para ubicar a los futuros emprendedores. Lugares que Rodríguez Saá definía como “lugares marginales” de las intendencias. Por supuesto, El Durazno nunca se mencionó como opción…
Tan audaz como novedosa fue esta norma, que resultó im-prac-ti-ca-ble. Nunca se pudo poner en ejecución y tampoco nadie se encargó de exigirlo. No hubo una sola voz que desde el Ejecutivo, el Legislativo o el Poder Judicial lo intentara.
En los fundamentos que esgrime ahora el gobierno para impulsar la derogación indica que “choca de manera flagrante con la normativa nacional y deja desdibujada la figura del juez de ejecución penal”. Agrega que “parece hecha a medida de algún que otro exfuncionario con posibilidades concretas de terminar en la cárcel por hechos de corrupción”.
El Gobierno provincial la considera contraria a la Constitución Nacional. “Establece que personas condenadas puedan desarrollar, en una especie de libertad anticipada, proyectos productivos y/o económicos en parajes de San Luis con la sola autorización del Gobierno provincial, dejando desdibujada la figura del juez de ejecución penal, quien es el responsable y encargado del cumplimiento de la pena impuesta al ciudadano”, dijo el gobernador Claudio Poggi cuando brindó el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del máximo órgano legislativo.
El oficialismo fundamenta además: “De persistir en su vigencia, los jueces tendrían ´las manos atadas’, ya que es una ley que permite liberar a delincuentes condenados de manera anticipada y sin el debido control judicial. Ante una situación tan flagrante en la que choca la legislación nacional con la provincial, el Gobernador decidió pedir su abolición inmediata en su proyecto de ley”.
En fin, los tiempos y los contextos políticos cambian. Pero hay que hacerle honor a la memoria, aunque algunos recuerdos generen vergüenza ajena.
ASL
