La iniciativa impulsada por el oficialismo obtuvo 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones en la Cámara de Diputados. El régimen apunta a atraer inversiones millonarias en industrias de innovación y tecnología mediante beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que crea el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como Súper RIGI, y le otorgó media sanción a una de las principales apuestas económicas del Gobierno nacional.
Tras varias horas de debate, la iniciativa reunió 130 votos afirmativos, 106 negativos y 7 abstenciones, por lo que ahora continuará su recorrido legislativo en el Senado.
El nuevo régimen fue diseñado por el Ministerio de Economía con el objetivo de captar mega inversiones en sectores vinculados a la innovación, la tecnología y actividades productivas que aún no existen en el país o que se encuentran en una etapa experimental.
A diferencia del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) original, el Súper RIGI establece condiciones más exigentes para ingresar al sistema. Los proyectos deberán comprometer inversiones mínimas de 1.000 millones de dólares, muy por encima de los 200 millones exigidos por el esquema vigente.
A cambio, las empresas accederán a un horizonte de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por un período de 30 años.
El proyecto también amplía el plazo de adhesión. Mientras que el RIGI original tenía una duración de dos años, prorrogable por uno más, el nuevo régimen prevé una vigencia de cinco años, con la posibilidad de una extensión adicional.
La iniciativa, además, es más restrictiva que el régimen actual, ya que excluye a los proyectos vinculados con recursos naturales e infraestructura y tampoco contempla la ampliación de emprendimientos ya existentes.
Entre los principales beneficios que contempla el Súper RIGI se encuentran la reducción del Impuesto a las Ganancias al 15%, la amortización acelerada de inversiones, la entrega de certificados de crédito fiscal para cancelar el IVA y una alícuota única del 10% para las contribuciones patronales.
Asimismo, los quebrantos podrán deducirse sin límite temporal y los dividendos tributarán una alícuota del 7%, que se reducirá al 3,5% después de cuatro años de adhesión al régimen.
El proyecto también prevé la exención de derechos de importación, la eliminación de derechos de exportación y la supresión de restricciones y cupos para operar.
En materia cambiaria, establece una disponibilidad progresiva de las divisas generadas por las exportaciones hasta llegar al 100% de libre disposición de los dólares exportados a partir del tercer año.
Con la media sanción obtenida en Diputados, el oficialismo dio un paso clave para avanzar con una de las herramientas que considera centrales para atraer inversiones de gran escala y desarrollar nuevas industrias en el país. Ahora, la discusión se trasladará al Senado, donde el proyecto buscará convertirse en ley.
