La Justicia confirmó que los casos de víctimas sanluiseños no serán remitidos a Córdoba. Los principales acusados siguen detenidos y ya fueron notificados en el marco de la causa local.
La investigación por el presunto fraude de la firma Márquez y Asociados sumó un avance clave en San Luis: la Justicia confirmó que las denuncias de víctimas sanluiseñas se tramitarán en el fuero local y no serán derivadas a Córdoba, mientras se encamina una posible imputación formal contra los responsables.
La definición se da en paralelo al avance de la megacausa que se desarrolla en la vecina provincia, donde la Cámara de Acusación ratificó la prisión preventiva de los principales imputados: los hermanos Juan Pablo y Ariel Márquez, junto a Matías y Lucas Márquez y el contador Ramiro Nieva.
El fallo respaldó la investigación del fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier. La resolución consolidó la hipótesis de una estructura organizada dedicada a estafas inmobiliarias a gran escala, con miles de damnificados en distintas provincias.
En San Luis, el foco está puesto ahora en las denuncias locales. Según explicó el abogado de un grupo de damnificados, Maximiliano del Signore, al menos 10 casos ya fueron formalizados, aunque el número de afectados sería de 50 aproximadamente.
“Hay muchos puntanos perjudicados por este sistema que funcionaba como un esquema tipo Ponzi. Les ofrecían viviendas a precios muy accesibles, pero exigían que las familias aportaran el terreno y dinero. Nunca les construyeron las casas”, señaló.
De acuerdo con los testimonios reunidos, la operatoria incluía la elaboración de planos, la intervención de supuestos profesionales y la firma de contratos que generaban una apariencia de legalidad.
“Les llevaban arquitectos, les hacían proyectos, los hacían firmar documentación y aportar sumas importantes. Algunas familias llegaron a entregar entre 45 mil y 50 mil dólares”, detalló.
La causa dio un paso adelante cuando la Fiscalía de Instrucción N°4 logró que las actuaciones de San Luis y Villa Mercedes no fueran absorbidas por la Justicia cordobesa. “Conseguimos que las denuncias se queden acá para poder dar respuesta a los damnificados locales”, puntualizó del Signore.
En ese marco, los acusados (que se encuentran detenidos en el penal de Bouwer) ya fueron notificados en la denuncia de San Luis en los términos del artículo 38 del Código Procesal Penal, lo que configura un primer avance hacia una formulación de cargos.
“Ahora buscamos avanzar hacia una audiencia de imputación en el fuero local. Todo depende del impulso de la Fiscalía”, explicó el letrado.
El expediente local está actualmente bajo la órbita del fiscal Javier Amitrano, y previamente también intervino la fiscal Antonella Romagnoli. Según indicó la defensa de los damnificados, el objetivo es que el proceso avance en la provincia y eventualmente se desarrollen aquí los juicios.
Además de los principales responsables detenidos en Córdoba, la investigación podría ampliarse en San Luis. Del Signore advirtió que existen personas que habrían tenido participación directa en la operatoria.
“Hay profesionales que firmaron planos de obra y que deberían ser investigados. Incluso hay dudas sobre la matrícula de algunos de ellos”, sostuvo, y cuestionó la falta de medidas para verificar esa información ante el Colegio de Arquitectos de San Luis.
Las denuncias incluyen casos con perjuicios económicos millonarios. “Hay estafas de hasta 45 millones de pesos y otras de 13 millones. Les sacaban todo el dinero a partir de una promesa de vivienda o inversión que nunca se concretaba”, agregó.
Lo cierto es que la causa Márquez y Asociados se transformó en una de las investigaciones por presunta estafa inmobiliaria más grandes del país. El expediente creció con la acumulación de denuncias de particulares que aseguran haber sido víctimas de maniobras fraudulentas vinculadas a desarrollos habitacionales que no se concretaron o presentaron graves irregularidades.
La dimensión social del caso también es significativa: muchas de las víctimas aseguran haber invertido ahorros de años con la expectativa de acceder a una vivienda propia. Esa situación derivó en reclamos colectivos y en un seguimiento constante de la evolución judicial, tanto en Córdoba como en San Luis.
Mientras tanto, la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas imputaciones ni ampliaciones de la acusación. El análisis de documentación secuestrada y el cruce de datos financieros aparecen como claves para determinar el alcance total de las maniobras.
