La reciente intervención ante las múltiples irregularidades en el San Luis Fútbol Club (SLFC) encabezado por la ex secretaria de Deportes, Cintia Ramírez, y la de Estudiantes años atrás, decantó cómo la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) trabaja según la coyuntura y sus intereses.
Pero primero hay que partir desde lo más reciente. El 29 de diciembre la gestión de Claudio Poggi tomó la medida para regularizar la institución comandada por una de las ahijadas políticas de Alberto Rodríguez Saá.
El proceso para ordenar la institución tendrá un periodo de 90 días.
Puntualmente se detectó cómo Ramírez, que también actuó como presidenta del club, utilizó el financiamiento del Estado puntano. Fueron $500 millones en el 2023 y en total (junto con 2022) la suma ascendería a $1.440 millones.
Es por ello que la AFA excluyó a los equipos de San Luis de los torneos nacionales en rechazo a la intervención. La medida impulsada por Claudio “Chiqui” Tapia es también un mensaje para Javier Milei y Mauricio Macri ante la sospecha de una jugada política en contra de Boca.
Pero con solo ver el espejo retrovisor se observa cómo se procedió de forma marcadamente diferente cuando el equipo Albiverde que estaba bajo el control del empresario Carlos Ahumada se cruzó en el camino del entonces gobernador. Rodríguez Saá y el polémico dirigente mexicano habían mantenido una estrecha relación que no terminó bien.
Falta de pago de salarios, profundos inconvenientes financieros y hasta la mudanza a Lobos, Buenos Aires, conformaron un combo explosivo.
Tras provocar la renuncia de Ahumada que dejó el club acéfalo, en octubre de 2016, Rodríguez Saá intervino la institución y nombró a Ivana Bianchi, por entonces diputada nacional, como normalizadora.
En aquel momento el ex gobernador afirmó estar “preocupado por la situación del club desde hace tiempo”, y que en el cuadro deportivo “hicieron negocios que solo beneficiaban a la Comisión directiva y en ningún caso a Estudiantes”.
En un comienzo la disposición marcaba que el periodo duraría 120 días y luego se trazaría la elección de las autoridades. Esto no solo no se cumplió, sino que recién en diciembre de 2017 asumió el nuevo presidente, Raúl Manavella (h).
A partir de ese momento la administración rodriguezsaísta introdujo toda su fuerza en el club. Con cuantiosos recursos y hasta la instalación de una escuela generativa.
La participación en el Nacional B nunca fue discutida y más allá de los problemas institucionales, la AFA garantizó la continuidad en la categoría. Y tampoco hubo sanciones a la Liga Sanluiseña de Fútbol.
Hoy se ven los contrastes entre ambas situaciones de intervención.
