Lucas Román Figueroa recibió una pena de cuatro años de prisión por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y venta de drogas. La investigación comenzó con una denuncia anónima y se extendió durante ocho meses. La Policía documentó movimientos de compradores, realizó seguimientos y secuestró cocaína, marihuana y elementos utilizados para el fraccionamiento.
El juez federal de San Luis, Juan Esteban Maqueda, condenó a Lucas Román Figueroa a cuatro años de prisión por comercializar estupefacientes desde una gomería y lavadero de autos ubicado sobre la calle Lamadrid, en la ciudad de San Luis. La sentencia se dictó mediante un acuerdo pleno entre la Fiscalía, la defensa Oficial y el acusado, luego de una investigación que permitió reconstruir operaciones de venta de cocaína y establecer el funcionamiento del inmueble como punto de comercialización.
Además de la pena de prisión, el magistrado impuso una multa de 45 unidades fijas y autorizó que Figueroa cumpla la condena bajo el régimen de prisión domiciliaria, bajo el fundamento de circunstancias familiares acreditadas durante el proceso.
La causa se inició el 22 de enero de 2025, cuando una persona cuya identidad se mantuvo bajo reserva se comunicó con la División Lucha contra el Narcotráfico de la Policía de San Luis para denunciar que se vendían estupefacientes desde una gomería.
Según la información recibida, las operaciones se coordinaban por teléfono y los compradores concurrían al establecimiento para retirar las sustancias. A partir de esa presentación, la Unidad Fiscal Federal de San Luis encomendó una investigación que se extendió durante varios meses e incluyó vigilancias, seguimientos, identificación de compradores y recopilación de fotografías.
Los movimientos en la gomería y las primeras pruebas
Los investigadores establecieron que Figueroa residía en el inmueble de la calle Lamadrid, donde funcionaban una gomería y un lavadero de autos. Entre febrero y julio de 2025, la Policía realizó al menos 15 jornadas de vigilancia para observar los movimientos en el lugar.
Durante esos procedimientos, los efectivos registraron la llegada frecuente de personas a pie, en bicicletas, motocicletas y automóviles. Los visitantes ingresaban al establecimiento y se retiraban pocos minutos después, una modalidad que los investigadores consideraron compatible con operaciones de venta de estupefacientes.
Las observaciones quedaron documentadas mediante fotografías y declaraciones testimoniales de los policías que participaron en los seguimientos.
La investigación avanzó cuando los efectivos lograron identificar e interceptar a tres compradores, en procedimientos realizados el 9 de abril y el 14 de mayo. Las sustancias secuestradas durante esas intervenciones fueron posteriormente sometidas a pericias que confirmaron la presencia de cocaína y marihuana
Los investigadores también observaron que Figueroa utilizaba distintos vehículos, entre ellos un Volkswagen Vento, una Ford Ranger, un Audi y un Volkswagen Fox. A partir de publicaciones en redes sociales, constataron que ofrecía automóviles, motocicletas y otros bienes a la venta.
La Policía verificó que varios de los rodados que utilizaba estaban registrados a nombre de terceras personas. Esta circunstancia fue incorporada a la investigación, aunque la condena finalmente se circunscribió a los delitos vinculados con la tenencia y comercialización de estupefacientes.
El seguimiento también llegó a un bar de avenida Illia
A medida que avanzaron las averiguaciones, los investigadores extendieron las vigilancias a otros domicilios y a un establecimiento gastronómico ubicado sobre avenida Illia, en el centro de San Luis.
Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, en ese bar se observaron movimientos relacionados con el almacenamiento y la venta de estupefacientes. Los efectivos realizaron seguimientos, documentaron encuentros entre los investigados y observaron entregas de paquetes y otros intercambios durante las vigilancias
Las observaciones se intensificaron durante septiembre, cuando la Policía reunió nuevos elementos sobre los desplazamientos y las reuniones de los investigados.
El 19 de ese mes, la Fiscalía solicitó órdenes de allanamiento para los domicilios incluidos en la investigación y el establecimiento de avenida Illia. Sin embargo, los procedimientos no se concretaron inmediatamente.
La situación cambió el 23 de septiembre, cuando los investigadores recibieron información de que Figueroa se encontraba distribuyendo estupefacientes en un automóvil por el barrio 500 Viviendas Norte.
A partir de ese dato, se organizó un operativo para interceptarlo.
Lo interceptaron con cocaína y una balanza escondida en el auto
El procedimiento se realizó sobre la calle Polo Godoy Rojo, en el barrio 500 Viviendas Norte, cuando Figueroa circulaba en un Volkswagen Gol.
Durante la requisa, los policías encontraron en uno de los bolsillos de su pantalón 11 envoltorios que contenían cocaína, con un peso total de 65,76 gramos. También secuestraron $38 mil, dinero chileno y un teléfono celular.
En el interior del vehículo descubrieron una balanza de precisión escondida debajo de la alfombra del piso trasero, del lado del acompañante. El teléfono, por su parte, estaba oculto en un compartimiento del automóvil.
El procedimiento fue filmado y contó con la participación de dos testigos.
Tras la interceptación, la Fiscalía solicitó ejecutar los allanamientos que habían sido autorizados previamente, ante la posibilidad de que se perdieran elementos de interés para la investigación. Abarcaron una vivienda de calle Lamadrid, otro domicilio de Martín de Loyola y un resto bar de avenida Illia.
En aquel momento, la Policía informó que, en el conjunto de los procedimientos, se habían secuestrado 464 gramos de cocaína distribuidos en 146 envoltorios, 34 gramos de marihuana, dos balanzas de precisión, elementos utilizados para el fraccionamiento, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo. La Policía estimó que las sustancias incautadas tenían un valor cercano a los $11 millones en el mercado ilegal.
El operativo concluyó con la detención de dos hombres que quedaron a disposición de la Justicia Federal.
En la gomería, los efectivos encontraron 11 personas y secuestraron nuevos envoltorios con estupefacientes.
En una habitación utilizada como depósito hallaron marihuana fraccionada y 46 paquetes que contenían cocaína. También recortes de nylon, un elemento considerado relevante por su posible utilización para preparar las dosis destinadas a la venta.
Las pericias confirmaron la presencia de cocaína y marihuana
Después de los procedimientos, las sustancias incautadas fueron enviadas a los gabinetes científicos de la Policía Federal Argentina para determinar su composición y peso.
En el caso de Figueroa, las pericias establecieron que el material secuestrado durante su requisa y en el inmueble de la calle Lamadrid comprendía 70,94 gramos de cocaína distribuidos en 57 envoltorios y 34,71 gramos de marihuana fraccionados en otros 17 paquetes.
Los análisis químicos, realizados por el Gabinete Científico San Juan de la Policía Federal, confirmaron la presencia de cocaína en las muestras correspondientes y de tetrahidrocannabinol (THC), principio activo del cannabis, en el material vegetal.
También se analizaron las sustancias secuestradas a los compradores interceptados durante las vigilancias, cuyos resultados fueron incorporados como elementos de prueba de las operaciones de comercialización.
La investigación incluyó además pericias sobre teléfonos celulares y pedidos de información a entidades financieras y billeteras virtuales. La investigación incluyó pericias sobre teléfonos celulares y pedidos de información a entidades financieras y billeteras virtuales. Esos elementos fueron incorporados al expediente junto con los resultados de los seguimientos y allanamientos
Con esos elementos, la Fiscalía sostuvo que existían pruebas suficientes para atribuirle a Figueroa tanto la tenencia de drogas destinadas a su comercialización como operaciones concretas de venta.
El acuerdo judicial y la condena
El 26 de septiembre de 2025 se realizó la audiencia de formalización de la investigación, en la que la Fiscalía comunicó la imputación por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y comercialización de drogas, delitos previstos en el artículo 5°, inciso c, de la Ley 23.737.
La investigación continuó durante los meses siguientes con la incorporación de los resultados de las pericias químicas, los informes sobre los teléfonos secuestrados y las declaraciones de los testigos de los procedimientos.
Finalmente, las partes alcanzaron un acuerdo pleno, que permite resolver el proceso mediante el reconocimiento de los hechos por parte del acusado, sin necesidad de realizar un juicio oral.
Durante la audiencia, el representante del Ministerio Público Fiscal, Emmanuel Basterrechea, expuso las pruebas reunidas y solicitó una pena de cuatro años de prisión efectiva, una multa de 45 unidades fijas, accesorias legales y costas.
Para fundamentar el monto de la condena, consideró la naturaleza de los hechos, la cantidad de droga secuestrada y el perjuicio que la comercialización de cocaína representa para la salud pública.
La defensa Oficial prestó conformidad con el acuerdo y Figueroa manifestó que comprendía sus términos y consecuencias.
Al analizar la presentación, Maqueda consideró que las pruebas reunidas permitían tener por acreditados los hechos y la responsabilidad penal del acusado. En consecuencia, homologó el acuerdo y lo condenó a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo.
Por qué cumplirá la condena bajo prisión domiciliaria
La sentencia también resolvió que Figueroa pueda cumplir la pena en su domicilio, una medida que fue solicitada por la propia Fiscalía durante la audiencia.
El pedido se fundamentó en su situación familiar. Según los informes incorporados al expediente, el condenado tiene seis hijos, entre ellos una adolescente de 16 años con discapacidad intelectual que se encontraba bajo su guarda judicial antes de la detención.
La Fiscalía señaló que la situación de la menor se había visto afectada por la ausencia de su padre. También informó que la pareja conviviente de Figueroa atraviesa un embarazo de riesgo, circunstancia que fue considerada al evaluar las necesidades de asistencia del grupo familiar.
El juez aceptó esos fundamentos y autorizó la prisión domiciliaria bajo supervisión de familiares y de los organismos encargados del control de la ejecución penal.
La resolución establece que Figueroa no podrá abandonar la vivienda autorizada sin permiso judicial, salvo situaciones excepcionales de urgencia vinculadas con cuestiones de salud que deberán ser justificadas.
También deberá permitir el ingreso de los organismos de supervisión y podrá ser sometido a monitoreo electrónico si así lo solicita el Ministerio Público Fiscal.
El incumplimiento de las condiciones impuestas podrá derivar en la revocación del régimen domiciliario.
El destino del dinero y los elementos secuestrados
Como parte de la sentencia, Maqueda ordenó el decomiso de $39 mil incautados durante la investigación, que serán destinados a la Escuela Rural N° 198 Escuela Federal Argentina.
También dispuso el decomiso de un teléfono iPhone y una balanza digital, que serán entregados a la fuerza de seguridad, y la destrucción de las sustancias estupefacientes secuestradas.
Con la homologación del acuerdo y la renuncia de las partes a los plazos procesales para recurrir, la Justicia dispuso la formación del legajo de ejecución penal correspondiente para supervisar el cumplimiento de la condena.
