Los jueces escucharon los planteos de todas las partes. Los otros dos efectivos continúan con prisión preventiva por 90 días.
En el marco de la causa por la muerte de Florencia Magalí Morales, el Tribunal de Impugnaciones de Villa Mercedes realizó este lunes una audiencia en la que analizó las apelaciones presentadas por las defensas y la querella, en una instancia clave del proceso judicial.
El eje central estuvo puesto en la situación de las dos policías imputadas que continúan en libertad: la sargento ayudante María Eugenia Argüello y la oficial Johana Torres, acusadas de “omisión de denunciar torturas” y “omisión o retardo de actos de oficio”.
La familia pidió que ambas sean imputadas por “torturas seguidas de muerte”, la misma calificación que recae sobre los otros dos efectivos, y que se les dicte la prisión preventiva.
“Entendemos, como ya lo hicimos respecto de los otros policías, que corresponde la misma calificación legal”, sostuvo el abogado Federico Putelli.
En la causa también están imputados el subcomisario Heraldo Reynaldo Clavero y el oficial Marcos Ontiveros, quienes cumplen prisión preventiva por 90 días. Están acusados de “privación ilegítima de la libertad”, “torturas seguidas de muerte” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Durante la audiencia, que comenzó a las 10 y se extendió hasta pasadas las 14, las defensas insistieron con distintos planteos. Solicitaron nulidades, cuestionaron la formulación de cargos, pidieron la prescripción en algunos casos y reclamaron el levantamiento de las medidas de coerción.
En el caso de Argüello y Torres, las defensas también pidieron que se tengan por no formulados los cargos y que se dejen sin efecto las restricciones vigentes, que incluyen la obligación de firmar periódicamente, la prohibición de salir de la provincia o del país y la restricción de contacto con la familia de la víctima.
El Tribunal, integrado por Marcelo Bustamante Marone, Monserrath Bocca y Eduardo Sabaini Zapata, quedó en condiciones de resolver y tiene un plazo de 10 días hábiles para emitir su decisión.
De acuerdo a Putelli, en relación a Clavero y Ontiveros “lo más probable es que se confirme la prisión preventiva y la formulación de cargos por tortura seguida de muerte”.
Distinto es el escenario para Argüello y Torres, donde se concentra la expectativa de la querella.
“Esperamos que se haga lugar a la ampliación de la imputación por tortura seguida de muerte, lo que podría derivar en el dictado de la prisión preventiva”, señaló. No obstante, el Tribunal también podría ratificar los cargos actuales y mantener las medidas vigentes.
La causa se vincula a la muerte de Morales, ocurrida en abril de 2020 en la Comisaría N°25 de Santa Rosa del Conlara, en el contexto de las restricciones sanitarias por la pandemia de Covid-19.
La mujer fue detenida en una jornada en la que no estaba habilitada para circular según la terminación de su DNI. Según se reconstruyó, había salido a buscar alimentos para sus hijos y su nieta cuando fue interceptada por la Policía.
El caso generó una fuerte repercusión pública y derivó en cuestionamientos a los procedimientos policiales durante el aislamiento obligatorio. En un primer momento se sostuvo la hipótesis de suicidio, pero con el avance de la investigación y nuevos peritajes, la causa derivó en imputaciones por delitos de extrema gravedad contra efectivos policiales.
