La Justicia le formuló cargos por peculado al ex funcionario de Alberto Rodríguez Saá. La investigación apunta a un faltante de más de 74 mil litros de gasoil, maquinaria estatal hallada en propiedades privadas, equipos desaparecidos y otras irregularidades detectadas tras auditorías realizadas por la actual gestión.
La Justicia provincial avanzó sobre una nueva investigación que tiene como protagonista a un ex funcionario del Gobierno de Alberto Rodríguez Saá. El ex director de Vialidad Provincial, Jorge “Timmy” García Quiroga, fue imputado por el delito de peculado luego de que la Fiscalía sostuviera que durante su administración se produjo una utilización irregular de combustible, maquinaria y otros bienes del Estado.
La formulación de cargos estuvo a cargo del fiscal de Instrucción N°1, Francisco Assat Alí, acompañado por el fiscal adjunto Juan Díaz Estupiñán. A la acusación adhrió el jefe de la Sala Penal de la Fiscalía de Estado, Santiago Calderón Salomón.
Tras escuchar a las partes, la jueza de Garantía N°4, Luciana Banó, hizo lugar a la imputación en todos sus términos. Determinó a la causa como compleja —lo que permite extender la Investigación Penal Preparatoria a seis meses—, ordenó una inhibición general de bienes mientras dure esta instancia, le impuso la prohibición de salir de la provincia sin autorización judicial y la obligación de firmar el libro mensualmente.
Jorge #Timmy» García Quiroga junto a su defensor Facundo Sosa. (Foto: Marcelo Lacerda).
La investigación nació a partir de auditorías internas realizadas por la actual administración provincial y de una denuncia presentada por la secretaría de Ética Pública y Control de Gestión junto a la Fiscalía de Estado.
Según explicó Assat Alí en la audiencia, los informes detectaron una serie de irregularidades que, para la acusación, no pueden explicarse por simples errores administrativos.
El principal punto está relacionado con el consumo de combustible.
De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, durante 2023 Vialidad provincial habría utilizado 74.631,77 litros de gasoil por encima del cupo autorizado por decreto (N° 10964/22). La Fiscalía estimó preliminarmente que ese exceso representa un perjuicio económico superior a los $73 millones para las arcas públicas, aunque aclaró que la cifra podría incrementarse a medida que avancen las pericias contables.
El fiscal consideró que la magnitud del faltante resulta incompatible con la actividad desarrollada por el organismo y aseveró que los registros muestran consumos extraordinarios en períodos específicos.
Jorge «Timmy» García Quiroga en los pasillos de la Justicia. (Foto: Marcelo Lacerda).
«No solo es el consumo de combustible sino también otras irregularidades. Si bien estimamos los $73 millones de afectación, eso tiene que ser actualizado y englobado con la falta de insumos de trabajo y unidades en desuso o que no se encontraron», sostuvo.
Uno de los aspectos que llamó particularmente la atención de los investigadores fue que parte de esos consumos coincidían temporalmente con competencias automovilísticas. Mientras se desarrollaban carreras de rally, se registraban «picos de uso» de combustible.
La acusación también se apoyó en otras irregularidades detectadas durante el período 2020-2023. Entre ellas, la desaparición de distintos bienes pertenecientes al organismo. No fueron halladas en las dependencias cinco radios VHF, cinco antenas magnéticas, dos módems-router 4G, una notebook que figuraba asignada a García Quiroga y distintos repuestos vehiculares.
También se incorporaron al expediente informes que reflejan el deterioro operativo del organismo. Según los relevamientos, más del 60% del parque automotor se encontraba fuera de funcionamiento. Sin embargo, continuaban registrándose consumos de combustible y otros gastos asociados a algunas de esas unidades.
La Fiscalía además expuso que se abonaban seguros de vehículos que estaban fuera de servicio y que el 90% de las cargas de combustible se realizaban en una misma estación de servicio denominada «Don Cruz».
Otro de los capítulos más delicados está vinculado con el hallazgo de maquinaria estatal fuera de dependencias públicas.
La Fiscalía detalló que durante distintas inspecciones se encontraron bienes pertenecientes a Vialidad en propiedades privadas, entre ellos un rodillo marca OMAG/BW211D4 hallado en Nueva Galia y dos máquinas que estaban abandonadas en un establecimiento rural denominado San Nicolás, ubicado en cercanías de La Vertiente, en el departamento San Martín.
Para los investigadores, estos hallazgos constituyen uno de los elementos más relevantes para sostener la hipótesis de una administración irregular de recursos públicos.
«Estamos frente a una afectación concreta de bienes que estaban bajo custodia estatal», afirmó Assat Alí al fundamentar la imputación.
El jefe de la Sala Penal de la Fiscalía de Estado, Santiago Calderón Salomón, el fiscal adjunto Juan Díaz Estupiñán y el fiscal de Instrucción N°1, Francisco Assat Alí. (Foto: Marcelo Lacerda).
La Fiscalía de Estado adhirió a todos los términos planteados por el Ministerio Público Fiscal y consideró que las auditorías permitieron detectar una utilización de recursos incompatible con los fines para los que habían sido asignados.
Calderón Salomón señaló que por la magnitud de las irregularidades justifica profundizar la investigación para determinar si existieron otros responsables dentro de la estructura administrativa.
«Fueron gravemente comprometidos los intereses del Estado», indicó y puntualizó que estas maniobras «no llaman la atención» debido a que se trata de «un modus operandi» ante la acumulación de causas que tienen como acusados a otros exfuncionarios albertistas.
En ese sentido, el fiscal aclaró que García Quiroga es, por el momento, el único imputado, aunque no descartó que puedan surgir nuevas responsabilidades penales.
«La estructura de Vialidad es compleja y jerárquica. La investigación recién comienza», explicó al finalizar la audiencia.
La pericia contable que deberá concretarse durante la etapa investigativa será uno de los elementos fundamentales para determinar responsabilidades.
García Quiroga no declaró y su defensor Facundo Sosa cuestionó la acusación y sostuvo que las auditorías utilizadas como base del expediente fueron elaboradas por organismos dependientes del actual Gobierno. Además, argumentó que las observaciones corresponden al ámbito administrativo y no al penal.
También planteó que «aún no existe una determinación precisa del supuesto perjuicio económico» y que no se acreditó que García Quiroga se hubiera apropiado personalmente de bienes o fondos públicos.
Calificó a la causa como una «persecución política» y desligó a García Quiroga de responsabilidades.
«Vialidad dependía del ministerio de Obras Públicas, no es independiente sino un eslabón más, todas las decisiones pasaban por sus superiores», afirmó.
«Existe una vulneración del principio de confianza. Es casi imposible llevar el control de cada rendición y de cada acción. La delegación de funciones es algo crucial, prima el principio de buena fe», agregó Sosa.
Pese a esos planteos, Banó consideró que la Fiscalía presentó elementos suficientes para superar el umbral mínimo exigido en una formulación de cargos.
La magistrada dijo que en esta instancia no corresponde analizar responsabilidades definitivas, sino verificar si existe una hipótesis delictiva con sustento razonable para avanzar con la Investigación Penal Preparatoria.
Con ese criterio, hizo lugar a todas las medidas solicitadas por la Fiscalía y declaró la causa compleja debido al volumen de documentación que deberá analizarse, la cantidad de pericias pendientes y la posibilidad de que aparezcan nuevos involucrados.
FUENTE EL CHORRILLERO
