María Elena Casiraghi, Noelía Casiraghi y José Luis Casiva son investigados por no cumplir con la construcción de una torre en la capital puntana.
El juez de Garantía Nº 1 de la Primera Circunscripción Judicial, Juan Manuel Montiveros Chada, imputó por estafa a María Elena Casiraghi, Noelia Casiraghi y José Luis Casiva, a raíz de incumplimiento en la construcción de una torre de departamentos, conocida como desarrollo inmobiliario “Milano 3”.
Como medidas de coerción, rechazó el pedido de prisión preventiva, prohibición de salida y de inhibición de bienes formulada por los damnificados, destacando que los imputados se presentaron voluntariamente a la audiencia y que hubo intentos de reparación. Pero sí dispuso que las imputadas firmen el libro de imputados una vez por mes por 60 días.
La fiscal Adjunta Ornella Costa recordó los hechos. Entre agosto y septiembre de 2020 los imputados ofrecieron la venta de departamentos en pozo, ubicados en calle Belgrano 331 de la ciudad de San Luis. Enumeró que tres damnificados abonaron sumas millonarias por unidades que nunca recibieron. Para la acusación, hubo un engaño sostenido a través de contratos, publicidades y respuestas falsas, a pesar de que los imputados sabían que la obra no se iba concretar.
Uno de los damnificados asistió a la audiencia acompañado de su abogado Néstor Spagnuolo y enumeró que el emprendimiento fue comercializado sin habilitación municipal, planos aprobados, visado profesional y que las pericias incorporadas a la causa marcaron un estado de abandono y mínimos avances en la obra. A valores recientes, la inversión en los departamentos, que él adquirió, equivale a más de $122 millones. Para la parte, los imputados generaron confianza, captaron fondos y sostuvieron una apariencia de legitimidad que no se correspondía con la realidad del proyecto.
Por otro lado, remarcó que la comercialización del emprendimiento se extendió por varios años, que hubo otros damnificados y que a pesar de esto se seguía ofreciendo el proyecto a terceros. En este sentido, pidió la inhibición general de bienes de los imputados.
El abogado Maximiliano Del Signore, representante de otros dos damnificados, coincidió que se siguió publicitando y vendiendo en fechas recientes espacios para el edificio de siete pisos con 40 departamentos que nunca se concretó. Advirtió que existía riesgo de fuga por el volumen económico involucrado, el perjuicio a las víctimas y la posibilidad de entorpecer la investigación, por lo que solicitó la prisión preventiva de los imputados por 120 días.
El letrado Santiago Calderón Salomón, que representa a dos imputadas, sostuvo que el caso debe ser encuadrado como un caso civil y no penal. Aseguró que no se acreditó el engaño necesario para considerarse como delito de estafa y que los hechos relatados se corresponden con un incumplimiento contractual. Para sustentar este argumento, apuntó que hubo contratos formales, pagos registrados, intervino una inmobiliaria y hubo comunicaciones entre las partes.
Para el abogado, las demoras en el proyecto se debieron a cuestiones administrativas y en particular a la falta de una habilitación municipal por un periodo extenso. Aseguró que el avance de obra es el 10% y que los imputados desarrollaron otros emprendimientos inmobiliarios en la ciudad, a la vez que realizaron ofrecimientos a los damnificados, a modo de compensación. Rechazó la imputación por “atipicidad” ya que a su consideración no encaja en una figura penal y se opuso a las medidas de coerción.
Por su parte, María Florencia Schroeder, representante legal de Casiva, adhirió a los argumentos de su colega y agregó que su defendido se encuentra detenido desde fines de diciembre de 2021 en el Servicio Penitenciario Provincial, cumpliendo condena por otra causa, que habría incidido en el desarrollo del proyecto.
Montiveros Chada resolvió rechazar la “excepción de atipicidad” planteada por la defensa, aunque aclaró que se trata de una decisión provisoria y que la discusión sobre si los hechos encuadran en un delito penal o en un incumplimiento civil deberá profundizar en una etapa posterior del proceso.
Por otro lado, remarcó que ya existe una imputación previa en la causa desde el año 2024 y que, para evitar decisiones contradictorias, corresponde mantener la continuidad del trámite.
El juez decidió formular cargos contra los imputados y advirtió sobre el tiempo transcurrido en la investigación, que lleva cerca de dos años sin una resolución definitiva, instando a que se avance en la definición del caso.
