El juez Federal Juan Carlos Nacul resolvió así tras dar lugar a un acuerdo entre las partes. En la causa está involucrado un hombre que fue condenado a 3 años en suspenso, y también deberá cumplir normas de conducta.
En una audiencia realizada este jueves en el Juzgado Federal de Villa Mercedes, el juez Juan Carlos Nacul dio lugar a un acuerdo entre el ministerio Público Fiscal, a cargo de Danilo Miocevic y la defensa de los imputados, representada por Virginia Jalil, para la suspensión del juicio a prueba.
Pidieron que Franco Sebastián Villegas cumpla la condena de tres años de prisión en suspenso por el delito de suministro gratuito de estupefacientes.
La Fiscalía expuso que el hombre, de 28 años, suministró estupefacientes entre octubre y diciembre del año pasado en la ciudad de Merlo, de donde es oriundo.
Miocevic relató que Villegas realizaba entregas de marihuana en su casa y también en la vía pública. Para esto último utilizó una motocicleta Corven roja que fue secuestrada.
Además, requirió el decomiso de una balanza que fue utilizada para desarrollar el delito. También indicó que en la etapa de investigación le incautaron 134 gramos de marihuana que serán destruidos.
En el acuerdo establecieron además una multa de 15 unidades fijas y accesorias procesales.
Incluyeron una serie de reglas conductas que deberá cumplir: realizar trabajo no remunerado por cuatro horas mensuales durante un año en la sede de Cáritas, ubicada en la parroquia de la localidad de Merlo. Además, tendrá que fijar residencia y abstenerse de consumir estupefacientes y bebidas alcohólicas.
La segunda involucrada es Elena Bashtova. Nació en Ucrania y vive en Cortaderas desde hace 15 años. Está imputada por el delito de tenencia de estupefacientes que le vendió Villegas.
Las partes, al igual que con el primer imputado, propusieron un acuerdo pleno y la suspensión del juicio a prueba durante un año.

Juez Federal, Juan Carlos Nacul.
Como medidas deberá realizar la donación de seis cuotas mensuales y consecutivas de $40 mil cada una, para la sede de Cáritas ubicada en la parroquia Sagrado Corazón en Villa Mercedes. El pago deberá ser abonado dentro del año de la suspensión.
Además, acreditar comparecencia a la comisaría de Merlo una vez al mes, establecer residencia si se muda y abstenerse de consumir estupefacientes y alcohol.
El juez Juan Carlos Nacul dio lugar a los acuerdos y la defensa no emitió objeción.
Por último, acordaron la devolución de $53 mil para Bashtova y un celular marca Motorola.
A Villegas le harán la devolución de $23 mil, una motocicleta marca Motomel, modelo Dakar 200cc, un celular marca Motorola y su billetera con todo el contenido que tenía al momento de ser incautada.