Para Fiscalía de Estado las declaraciones de personas que han trabajado en el Ente Deportes y la Secretaría de Deportes aportaron datos importantes para fijar responsabilidades
Tras un inicio marcado por la lectura de las acusaciones, ayer se desarrolló la segunda jornada del juicio oral y público contra la exsecretaria de Deportes, Cintia Ramírez. El proceso, que tiene lugar en la Cámara Penal N° 2, entra en una etapa de definiciones con la continuidad de la ronda de testigos propuestos por la Fiscalía, quienes buscarán aportar pruebas sobre el presunto desvío millonario de fondos públicos hacia el San Luis Fútbol Club.
La audiencia se centró en profundizar sobre la mecánica de las 188 transferencias de dinero estatal (que superan los 166 millones de pesos) realizadas durante 2023. Según la acusación del fiscal de Instrucción N°1, Francisco Assat Alí, estos fondos fueron desviados desde la Secretaría de Deportes y el Ente Deportes hacia las arcas del San Luis FC, institución que la propia Ramírez fundó y presidía simultáneamente.
Ayer, la segunda jornada del juicio contó con testimonios que a consideración de Fiscalía de Estado son clave para ratificar que las decisiones de transferencias o compras en la Secretaria de Deportes pasaban exclusivamente por Ramírez.
En declaración al portal “La Gaceta Digital” el jefe de la Sala Penal de Fiscalía de Estado, Santiago Calderón Salomón, consideró que las declaraciones fueron “muy importantes en lo que refiere el rol de Cintia Ramírez a la hora de la decisión” y aseguró que quedó claro, a raíz de varios testimonios de personas que han trabajado en el ente y la secretaría de deportes, que es imposible iniciar un circuito de compra sin la orden específica de la presidente del ente, de Cintia Ramírez, y lo mismo en relación al director del ente para la orden del pago”.
A partir de ese razonamiento los testimonios permiten apuntalar la acreditación de responsabilidades. “La única que tenía el poder de hacerlo era la señorita Ramírez”, señaló.
Para próximas audiencias están citados ocho testigos, entre ellos una martillera que daría datos precisos sobre la compra del colectivo sobre el que se sospecha se pagó con sobreprecio. “Va dar detalles del estado específico y colectivo y del valor real del mismo”, indicó Calderón Salomón al portal de noticias.
Los cargos y el pedido de condena
Ramírez llega al banquillo de los acusados enfrentando cargos de extrema gravedad: Peculado (en concurso ideal con negociaciones incompatibles), fraude a la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Además de las transferencias, otro de los hechos centrales que se ventilan en el debate es la compra de un colectivo Volvo modelo 2018. La operación se realizó por 290 millones de pesos pocos días antes de que Ramírez dejara su cargo en diciembre de 2023. Una tasación oficial posterior reveló que el vehículo tenía un valor real de apenas 114 millones, lo que arroja un presunto sobreprecio de 175 millones de pesos.
Por estos delitos, el Ministerio Público Fiscal ha solicitado una pena de 5 años de prisión de cumplimiento efectivo y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
