Un estudio nacional analizó los presupuestos de las 24 jurisdicciones para 2026 y ubicó a la provincia en el último lugar en gasto por legislador. El gobernador Claudio Poggi aplaudió el dato.
San Luis aparece como la provincia con menor costo legislativo por representante del país, de acuerdo con un informe elaborado por la Fundación Libertad a partir de los presupuestos provinciales correspondientes al ejercicio 2026.
El estudio pormenorizado compara los recursos asignados al funcionamiento de las legislaturas con la cantidad de diputados y senadores de cada jurisdicción y los trabajadores que sostienen la estructura.
Contempla a las 24 jurisdicciones y considera tanto las legislaturas unicamerales como las bicamerales. En conjunto, los distritos destinan $1.835.300 millones al funcionamiento de sus poderes legislativos, mientras que el promedio nacional alcanza los $1531 millones anuales por legislador.
En San Luis, el presupuesto destinado a la función legislativa asciende a $9.147.622.054. La provincia cuenta con 52 legisladores (entre diputados y senadores) y, según la metodología utilizada por la organización, el costo anual promedio por representante es de $175.915.809, el valor más bajo entre los distritos.
El gobernador Claudio Poggi se hizo eco del informe a través de sus redes sociales y destacó el resultado. “La Provincia de San Luis con la Legislatura más austera de todas las provincias argentinas. Muy bien por nuestra Legislatura Provincial”, publicó.
La Fundación Libertad realiza este relevamiento desde 2018 con el objetivo de estimar cuánto destinan las provincias al funcionamiento de sus poderes legislativos.
El indicador utilizado no representa el sueldo que perciben los legisladores. El cálculo toma el presupuesto total asignado de cada jurisdicción y lo divide por la cantidad de representantes. Por lo tanto, contempla no sólo las remuneraciones de diputados y senadores, sino también los recursos destinados al personal, asesores, secretarías y demás gastos asociados al funcionamiento de las cámaras.
¿Cómo asumen las provincias los gastos?
Se advierte que existen diferencias importantes entre las provincias. En el extremo superior del gasto por representante aparece Tucumán, con $3725 millones anuales, seguida por la Ciudad de Buenos Aires, con $3402 millones, y Chaco, con $3057 millones.
En el otro extremo se encuentran San Luis, con $176 millones por legislador, y Santiago del Estero, con $206 millones. Así, se puntualiza que las diferencias son especialmente marcadas entre jurisdicciones con estructuras legislativas de dimensiones similares.
Otro de los indicadores analizados es la participación del gasto legislativo sobre el presupuesto total de cada provincia. En el conjunto de los 24 distritos, las legislaturas representan el 1,15% de los presupuestos provinciales.
Las mayores participaciones corresponden a Tucumán, con el 3,66%; Catamarca, con el 2,64%; y Chaco, con el 2,22%.
El informe plantea que, aunque el porcentaje puede parecer reducido dentro del presupuesto general, adquiere otra dimensión cuando se lo compara con otras áreas y partidas de cada administración provincial.
En el caso de San Luis, el estudio vuelve a ubicar a la provincia entre las jurisdicciones con menor peso relativo de la estructura legislativa y destaca el nivel de recursos destinados a su funcionamiento en relación con la cantidad de representantes.
La composición del gasto también forma parte del relevamiento. En las provincias donde fue posible obtener información, el gasto en personal representa en promedio el 84% de los recursos asignados a las legislaturas.
Ese porcentaje incluye los sueldos de los legisladores, pero también los de asesores, secretarías y empleados permanentes y transitorios.
Río Negro presenta la mayor participación del gasto en personal, con el 95%, seguida por Formosa, con el 94,2%, y Mendoza y Santa Cruz, ambas con el 94%.
San Luis se encuentra entre las jurisdicciones con menor proporción de su presupuesto legislativo destinada a este concepto: el 72,9%. El informe ubica también en este grupo a Santa Fe, con el 64,6%, y CABA, con el 73,2%.
La cantidad de empleados vinculados a cada legislador constituye otro de los indicadores utilizados para observar el funcionamiento de las estructuras parlamentarias.
Entre las provincias con información disponible, el promedio es de 27 empleados por legislador. Corrientes registra la mayor relación, con 72 trabajadores por representante, seguida por Chaco, con 70, y Formosa, con 62.
San Luis se encuentra en el extremo opuesto, con dos empleados por legislador. Santiago del Estero registra cinco y Córdoba, ocho.
Los recursos usados por Legislaturas.
Una comparación con España
El estudio también incorpora una comparación con las legislaturas de las comunidades autónomas de España para dimensionar los recursos involucrados.
Según los presupuestos 2026 relevados, el conjunto de las legislaturas españolas representa un gasto considerablemente menor que el de las legislaturas provinciales argentinas. El informe estima que, convertidos a pesos según el tipo de cambio oficial utilizado, los recursos destinados equivalen a $761.166 millones, frente a los $1.835.300 millones de Argentina.
La diferencia también se observa al analizar el costo por representante: el promedio argentino alcanza los $1.531 millones anuales, mientras que en el país europeo se ubica en $628 millones bajo los mismos parámetros de comparación.
La participación sobre los presupuestos también es diferente. Las comunidades autónomas españolas destinan en conjunto el 0,15% de sus presupuestos al Poder Legislativo, frente al 1,15% registrado en las provincias argentinas.
El informe señala además que las legislaturas españolas destinan alrededor del 60% de sus recursos a personal, mientras que en Argentina el promedio llega al 84%.
El debate sobre el gasto legislativo
En sus conclusiones, la Fundación Libertad plantea la necesidad de revisar el nivel de gasto de las legislaturas provinciales y analizar su relación con otras partidas presupuestarias, así como con la cantidad y características de los proyectos legislativos.
“En un país donde todos los días se les pide un esfuerzo a los ciudadanos, la política no puede quedar al margen. Que las legislaturas provinciales cuesten $1,8 billones al año y que cada legislador demande, en promedio, $1531 millones obliga a preguntarse si estas estructuras están realmente justificadas. No se trata de debilitar las instituciones, sino de terminar con la idea de que el esfuerzo siempre tiene que hacerlo otro: la política también debe revisar sus gastos, eliminar privilegios y rendir cuentas”, sostuvo el director del Centro de Investigaciones Sociales y Económicas (CISE) de la organización, el Javier Bongiovanni.
El trabajo sostiene que, dentro de los procesos de reducción y ordenamiento del gasto público, los poderes legislativos también deberían formar parte de la discusión sobre austeridad y eficiencia.
Para San Luis, los números presentados en el informe muestran una estructura legislativa cuyo costo por representante se ubica en el menor nivel entre las jurisdicciones analizadas.
