El Senado sancionó por unanimidad la norma, cuyo propósito es impulsar el empleo, la instrucción y la formación de las personas privadas de libertad.
En la sesión de este martes el Senado aprobó la adhesión de la Provincia a la Ley nacional 24.660 de “Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad”, una norma que establece las políticas de reinserción social de los presos. El proyecto busca la armonización de leyes vigentes y optimizar la capacitación, trabajo y educación en el Servicio Penitenciario.
El senador Martín Olivero, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, fue el encargado de impulsar la adhesión. “Esta ley se cimienta no solo en la garantía constitucional y los tratados de derechos humanos que se recepcionan en nuestra Constitución, sino que, además, se funda en los principios de trato digno, progresividad, reinserción social, trabajo y educación”, precisó.
A su vez, la legislación adopta estándares internacionales para erradicar los tratos inhumanos y las torturas, propiciando un marco de protección legal y acompañamiento a quienes atraviesan condenas firmes, tal como lo establecen las Reglas de Mandela y las Reglas de Bangkok de la Organización de las Naciones Unidas.
Olivero mencionó que la experiencia positiva de Córdoba en la aplicación de la norma fue lo que motivó al Gobierno de la provincia a presentar la adhesión en la Legislatura. “De este modo, nuestra provincia podrá avanzar en la aplicación de políticas penitenciarias que fomenten el trabajo, la capacitación, la educación y la reinserción social”, expresó el legislador.
El legislador detalló que la adhesión facilitará la armonización de normativas locales y así posibilitará el avance en la reglamentación de programas de empleo y formación laboral. “Esto facilita su preparación para una vida libre de delitos, al generar hábitos laborales, capacitación técnica y aptitud profesional”, aseveró.
“Debemos recordar que la reinserción social se concibe no solo como el fin de una ley de ejecución penal o un beneficio para la persona que lo atraviesa, sino como un derecho y un beneficio para la sociedad para prevenir la comisión de futuros ilícitos y así poder crear una provincia más segura y cómoda para todos”, concluyó.
Durante su debate en diputados, la semana pasada, la diputada Gabriela Mansilla explicó que la ley se apoya en los ejes de trabajo digno, progresividad en el cumplimiento, reinserción social, trabajo y educación. “El impacto en la legislación provincial es principalmente complementario, no implica derogar normas locales, sino integrarlas y eventualmente reglamentarlas”, puntualizó la legisladora.
El diputado Carlos Pereira recordó que la Provincia ya promueve una labor institucional más amplia con las inspecciones periódicas que desarrolla la Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura.
