Este lunes, a las 9 de la mañana, comenzó el jurado de enjuiciamiento (también conocido como “jury”) al polémico juez Civil, Comercial y Ambiental N° 4, Agustín Ruta. La jornada de 9 horas y media abrió con la lectura de la acusación en relación a lo actuado por Ruta en el marco de la causa Codapri SA contra banco Macro, dando luego lugar a la contestación del magistrado. La acusación fue realizada por el procurador general de la provincia, Luis Martínez. Para conocer esa acusación, ya que en esta abarcaremos la segunda, centrada en la causa por difamación de la fiscal Virginia Palacios.
Esta causa se centra en la difusión masiva realizada, el 13 de marzo de 2023, por el número 2665-052284, vía WhatsApp y bajo el seudónimo “La Voz de San Luis”, sobre una “supuesta intervención médica requerida para asistir a la Dra. Virginia Palacios”, alegando que la misma se encontraba bajo efectos de “la droga”. Podrás leer el mensaje original, que dio inicio a esta causa, al final de esta nota.
Como pruebas, Martínez ofreció que el informe del jefe de Guardia da cuenta de que “en ningún momento arribó personal de salud para asistir a la fiscal Virginia Palacios”. También se consigna que una voz masculina dio aviso, por una llamada realizada a través de un interno del Poder Judicial, de que el auto de Palacios se encontraba en el segundo subsuelo, con las luces encendidas. El personal de Guardia reportó que en el mismo se encontraba Palacios, hablando por celular y que “no había razón para entrevistarla”.
A su vez, el informe de Delitos Complejos sobre la línea 2665-052284 arrojó que la misma pertenece a Movistar y está registrada a nombre de Zulema Adriana Duboscq, una ciudadana de Neuquén, y que fue dada de alta el 22 de noviembre de 2022. Sin embargo, la línea se utilizó en San Luis, “con una antena ubicada en las proximidades del Puente Favaloro y que tiene una zona de cobertura orientada hacia el sudeste de la misma con un alcance de 2.34 km y que brinda cobertura hasta barrio Los Quebrachos”. El informe además marca que Duboscq se fue a vivir a España en febrero de 2022, por lo que se puede descartar “la existencia de vínculo entre la ciudadana y la registración del número telefónico”.
Lo que implica a Ruta es que la línea 2665-052284 fue utilizada por un teléfono Samsung Galaxy J7 de 2016, con el IMEI 35959207337844. Este mismo aparato fue utilizado previamente, de acuerdo al informe de Movistar, por “la línea 2664-404295 perteneciente al Dr. José Agustín Ruta”. El informe también vincula este número a otras “publicaciones” con contenido político y agravios a miembros del Poder Judicial.
El informe también muestra una superposición de las zonas de coberturas en las que las líneas 2665-052284 y 2664-404295 se encontraban el día en cuestión, la cual coincide con el domicilio particular de Ruta.
Otra prueba consiste en el análisis efectuado por las cámaras de seguridad, las cuales capturan a Ruta “en un momento y recorrido que le permitirían tomar” la fotografía que se difundió junto a la publicación de “La Voz de San Luis”.
En base a todo esto, Martínez considera que la conducta de Ruta encuadra dentro de los apartados de “abuso de autoridad”, “intervención pública o encubierta en política”, “comisión de actos o hechos inmorales o indecorosos
susceptibles de producir el desconcepto público”.
“¿Es aceptable que un Magistrado, actuando bajo anonimato realice este tipo de actividad difamatoria, agraviante de la dignidad de mujeres, dañando sus familias y afectos? ¿Puede un Magistrado atacar de manera artera a Funcionarias, Colegas del Poder Judicial? ¿Puede un Magistrado involucrar a un tercero, suplantar su identidad (registrando una línea telefónica) para actuar sobre seguro en las acciones difamatorias? ¿Puede un Magistrado inmiscuirse subrepticiamente en actividades políticas atacando a Funcionarios de otros Poderes del Estado?”, dice Martínez en su acusación.
En la acusación de Martínez también se incluye un descargo de Ruta, en el que asegura que la última vez que vio al teléfono Samsung J7 fue cuando lo puso en un bolso “portarraquetas” y que después lo perdió “en alguna parte”, razón por la cual en mayo de 2022 realizó la exposición policial por pérdida del aparato. Martínez calificó estas versiones como “una evidente estafa o fraude procesal” al intentar engañar al Jurado de Enjuiciamiento. En este sentido, adjuntó un informe de la Comisaría en la que Ruta dice haber hecho la exposición, pero el mismo arroja que “no obra constancia de dicha exposición” y que el agente policial que supuestamente se la tomó, ese día no prestaba servicio.
El comisario luego declaró ante Fiscalía que, este año, Ruta se hizo presente en la Comisaría y pidió copia de la exposición que supuestamente hizo en 2022, para presentarla a la compañía Movistar. Como la misma no apareció (porque no existía), pidió como “favor” que le tomen una exposición y que la registraran con fecha del año pasado. El comisario accedió al pedido, confiando en la investidura de juez de Ruta, e hizo la exposición, pero no la registró “porque al ser del año pasado ya no hay lugar para ponerla”. La acusación luego entra en detalle de todo lo que hizo Ruta para lograr que la Comisaría cambiara la fecha de la exposición y la registrara como si hubiese sido realizada en 2022, todo ello “para realizar maniobras ilegales”.
Casi dos horas después, el juez Ruta aceptó declarar y negó todo, desde haber sacado la foto del auto de Palacios, hasta haber enviado los mensajes. “No tengo absolutamente nada que ver con esa situación. En cuanto a lo personal, me parece todo un chusmerío y un vil manto de sospecha sobre un magistrado que ha dado cuentas claras y fidedignas con su legajo impecable”, fue lo único que dijo sobre esta causa.
