El gobernador firmó la iniciativa que este martes ingresará al Senado. Según los fundamentos, se pretende unir nuevamente las investigaciones de la comercialización minorista de drogas y la mayorista en la órbita federal. Para el Gobierno no dio resultado la implementación y considera un retroceso volver a la normativa anterior.
El Gobierno provincial envió hoy el proyecto que busca derogar la Ley de Narcomenudeo, norma que la Legislatura había suspendido por un año en 2024.
La razón de la presentación, de acuerdo a los fundamentos vertidos en la iniciativa firmada por Claudio Poggi, es el avance positivo en la lucha contra el narcotráfico bajo la órbita federal, en cooperación con la política de seguridad puntana.
Para el Gobierno, durante el último año, se demostró la “eficacia en la investigación de estos delitos, garantizando el uso de capacidades técnicas, operativas y legales especializadas para combatir un flagelo de esta complejidad”.
Enumeró las adhesiones a la desregularización por parte de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Salta, Formosa, Chaco, Entre Ríos, Santiago del Estero y Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cómo los datos “demuestran un aumento de las causas por tenencia para consumo o tenencia simple y la comercialización en pequeñas dosis, a la vez que disminuyeron notablemente las causas federales por narcotráfico”.
“Se infiere que se ha afectado de forma notoria la persecución penal de los ilícitos más graves previstos en la Ley de Estupefacientes”, precisa el proyecto que ingresará por el Senado y advierte que las autoridades y agencias del Estado Nacional “han visto menoscabada su capacidad para establecer definiciones sobre una política criminal, coordinada, efectiva y acorde con criterios de seguridad fijados en ámbitos internacionales”.
La ley había sido impulsada en 2022 por la gestión de Alberto Rodríguez Saá. A instancias del bloque oficialista de aquel momento sancionó la norma. Hubo 11 abstenciones de Unidos por San Luis y Sanluiseños por el Cambio y tres votos negativos de la bancada UCR-Juntos por el Cambio que ahora conforman la coalición de Gobierno.
Pretendía que delitos de lucha contra el narcotráfico sean investigados por la Justicia provincial. Para ello se adhirió a la legislación nacional y el Estado federal se desprendió de investigar y juzgar ciertos hechos delictivos.
Dos años después, con el cambio de gestión, el bloque Cambia San Luis y aliados, aprobó el proyecto en la Legislatura que suspendió la norma por un año (prorrogable por otro por decisión del Poder Ejecutivo).
Poggi decidió ir directamente por la derogación.
“Se pone en evidencia que el sistema de desfederalización estaría resultando ineficaz –por lo menos en la medida que no se coordinen adecuadamente los recursos y competencias provinciales y nacionales- en la prosecución de sus objetivos de liberar recursos para que la Justicia Federal se centre en el combate del narcotráfico”, asevera el Gobierno en otros de los puntos.
Trajo a colación el Informe Anual sobre las Drogas 2016 que publicó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) y en el que se ubicó a la Argentina como uno de los países que integran «las cinco principales corrientes de tráfico de cocaína» hacia todo el mundo.
En este marco, se pretende eliminar la Ley N° V-1081-2022 de “Desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes, adhesiones a las leyes nacionales N° 23.737 y 26.052, y modificación a la Ley N° IV-0086-2021 de administración la Justicia provincial”.
Así, la iniciativa asegura que la desvinculación de investigaciones de menor cuantía respecto de aquellas complejas, “podría afectar el descubrimiento de la verdad”, ya que “toda organización dedicada al tráfico de drogas necesita la concatenación de actos orientados a concretar uno de sus fines más importantes: poner el material prohibido en los centros masivos de consumo”.
Y consideró que la “mayor vulnerabilidad” es “no prever claramente mecanismos de interacción entre la Justicia provincial y la Federal para que, causas iniciadas como narcomenudeo, logren ascender a instancias de investigación que alcancen al narcotráfico, que es donde tienen su origen”.
“En nuestra provincia, hasta el momento, no se ha diagramado con claridad el circuito del procedimiento administrativo-policial-judicial de lucha contra el narcomenudeo, restando aún la debida conformación e integración de los organismos que deberán intervenir en la ejecución de las nuevas disposiciones, dentro de los distintos poderes”, indica la presentación.
La falta de capacitación y de adecuación del personal de las fuerzas resulta clave en el análisis y subraya que se trata de una “insuficiencia crítica”: “Devienen en vitales al emprender un cambio de rol tan radical, como es la lucha contra el narcomenudeo, máxime considerando los desafíos que tal fenómeno arrastra en cuanto a su vinculación a redes mayores de crimen organizado transnacional, como el narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de personas”.
A la crítica se le suma que no fue implementada una reglamentación dedicada ni una coordinación eficiente entre los distintos actores involucrados, “restando inclusive la designación de los jueces, fiscales y defensores que deberán intervenir en este fuero tan peculiar, truncando el éxito de cualquier propuesta seria dirigida al combate y represión de estos delitos”.
Este último aspecto es importante para el Gobierno ya que la Justicia “no ha dictado norma, protocolos de actuación o disposición alguna dentro del marco de su competencia para procurar la eficiente y eficaz actuación del Fuero de Lucha Contra el Narcomenudeo”.
De esta manera, consideró a la ley como “impracticable en términos técnicos y operativos”.
“Atento a la falta de personal con suficiente formación especial, de organismos técnico-jurídicos con predisposición funcional, y de una consistente coordinación de las autoridades provinciales entre sí, y de éstas con sus correspondientes a nivel federal; la concienzuda implementación en el presente contexto, de las disposiciones de la Ley N° V-1081-2022, asume ribetes ideales, cuando no, quiméricos”, añade los fundamentos.
Seguidamente, se pone en valor los avances logrados desde la suspensión de la norma hasta la fecha: “Se ha evidenciado una notable eficacia en la lucha contra el narcotráfico en la provincia de San Luis, resultado del trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad provinciales y federales con asiento en la jurisdicción, así como de la capacidad técnica y experiencia acumulada por la Justicia Federal en la investigación y persecución de estos delitos complejos”.
En paralelo, traza una comparación entre la “expertise” de la Justicia Federal con la provincial a la hora de abordar los delitos. Precisa que transferir estas competencias a instancias locales “no sólo debilitaría el esquema actual de combate al crimen organizado, sino que generaría un grave retroceso en los avances logrados, exponiendo a la provincia a un mayor riesgo de penetración del narcotráfico y desarticulando los logros obtenidos durante este período”.
Por último, detalla los “obstáculos estructurales” que impedían su aplicación efectiva y avisa que el fuero provincial “no cuenta con las condiciones necesarias para cumplir los objetivos de dicha norma”.
“Resulta imperioso derogar la ley de desfederalización, a fin de preservar el marco institucional federal garantizando el uso de capacidades técnicas, operativas y legales especializadas para combatir un flagelo de esta complejidad, y así evitar un retroceso en los avances logrados, que pondría en riesgo la seguridad de la provincia”, finaliza el proyecto.
