El organismo notificó oportunamente a la institución que debía abstenerse de realizar la “elección popular”, que se hizo el domingo pasado, porque no se ajusta a la normativa vigente como mecanismo para designar sus autoridades.
El Club Sportivo Estudiantes atraviesa una situación especial desde el 22 de diciembre, fecha en la que Jorge Caro informó que había presentado la renuncia a la presidencia de la comisión directiva.
Sin embargo, según confirmó la Dirección de Personas Jurídicas, la dimisión al cargo nunca fue presentada formalmente, por lo que, desde el punto de vista legal, continúa siendo la principal autoridad de la institución.
Pese a ello, Estudiantes impulsó un proceso electoral abierto, sin distinción entre socios habilitados, simpatizantes o allegados. Tras un plazo para la presentación de proyectos y candidatos, que cerró sin competencia, el 1° de febrero se llevó a cabo una votación bajo la modalidad de plebiscito, con el objetivo de que se expresaran si se aceptaba la candidatura de Rodolfo Negri.
La directora de Personas Jurídicas, María Lorena Domínguez en declaraciones a El Chorrillero explicó que el acto desarrollado el último domingo “no fue autorizado por la dirección. Les mandamos una notificación diciendo que se abstuvieran de realizarla porque no estaba permitida y no habían cumplido con los requisitos legales, tanto de la normativa nacional y provincial como del estatuto del club en relación a quiénes pueden votar”.
Domínguez señaló además que el organismo no recibió ninguna documentación oficial vinculado a la “elección popular”: “No tenemos ningún papel ni ninguna comunicación formal de que se haya hecho”.
En ese sentido, señaló una situación clave: “Inclusive no tenemos ni siquiera la renuncia de Jorge Caro. O sea, para nosotros, legalmente es el presidente. Nos enteramos por los medios de que estaban llevando a cabo esta asamblea”.
Por último, Domínguez detalló cuáles son los pasos que corresponderá seguir el club para normalizar su situación: “Deben convocar a una asamblea como se debe, cumplir con todos los requisitos legales y, en base a eso, tener autoridades legítimas”.
Y agregó: “Una asamblea no puede aprobar un plebiscito donde votaron personas que no estaban habilitadas. Hay que hacer un procedimiento desde cero, con un llamado a asamblea válido”.
