El Gobierno de Javier Milei suspendió el tradicional desfile militar del 9 de Julio por el Día de la Independencia. La decisión responde al ajuste fiscal que lleva adelante la administración libertaria y busca evitar un gasto estimado en $1.000 millones.
En el marco del programa de recorte del gasto público, el Gobierno nacional decidió cancelar el desfile militar previsto para este martes 9 de julio por el Día de la Independencia. La medida fue confirmada por el Ministerio de Defensa y responde al objetivo de evitar el costo millonario que implica su organización, estimado en aproximadamente $1.000 millones.
La suspensión sorprendió a sectores dentro de las Fuerzas Armadas y del propio Ministerio, ya que se esperaba repetir el despliegue del año pasado, cuando más de 6.000 efectivos participaron del evento realizado sobre la avenida Libertador, en la Ciudad de Buenos Aires.
La última imagen de unidad con Villarruel
El desfile militar de 2023 fue promovido con entusiasmo por el presidente Javier Milei, quien en ese entonces destacó su valor simbólico como parte de una “recuperación de las tradiciones nacionales”. La celebración reunió a más de 8.000 participantes, entre miembros del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y veteranos de Malvinas.
La postal más recordada de esa jornada fue la de Milei junto a la vicepresidenta Victoria Villarruel, posando sonrientes sobre un tanque de guerra. Esa imagen, sin embargo, contrasta con la tensión política actual entre ambos, marcada por una creciente distancia en los últimos meses.
De $720 millones a casi $1.000 millones
En 2023, la realización del desfile significó un desembolso de $720 millones para el Estado. Actualizado por la inflación acumulada, el costo estimado para este año rondaba los $1.000 millones. En línea con el discurso oficial de austeridad, el Gobierno optó por cancelar el evento, sumando otro gesto al plan de ajuste que ha afectado diversas áreas de la administración pública.
La decisión refleja no solo una prioridad fiscal, sino también un cambio de tono en el uso de eventos simbólicos como instrumentos de comunicación política.
