Los diputados de Alberto Rodríguez Saá impidieron hoy que la Cámara de Diputados insista con el llamado del ministro de Hacienda Pública que tiene la obligación de ir a dar explicaciones al cuerpo porque el 11 de octubre se aprobó la interpelación.
El oficialismo se levantó de sus bancas y se retiró inmediatamente después que la presidenta del bloque de Unidos por San Luis, Eugenia Gallardo pidiera la aprobación de una resolución.
La presencia del ministro Eloy Horcajo cada vez cobra más importancia teniendo en cuenta que la Provincia arrastra un déficit crónico y Alberto Rodriguez Saá se dispone a dejar el Gobierno dando rienda suelta al gasto superfluo, que incluye el nombramiento de personal político y licitaciones de obras faraónicas como la Ciudad Judicial.
Las medidas del gobernador saliente cada día aumentan la incertidumbre si se tiene en cuenta que quiere a 31 días de irse adjudicar dos obras por $70 mil millones y pagarles a las empresas el anticipo financiero por $21 mil millones. Esta medida pondría en riesgo el pago de los sueldos de diciembre a los estatales que significan $26.150 millones.
“Hay una manifiesta falta de respeto a las instituciones republicanas y democráticas de la provincia por parte del ministro Eloy Horcajo que no ha asistido a pesar de que se cumplieron los plazos para que venga a dar explicaciones y nos informe sobre la situación financiera actual y futura de la Provincia”, sostuvo Gallardo.
En ese sentido, remarcó que la ausencia del funcionario rodriguezaista “hace suponer que está atropellando la Constitución provincial y no quiere admitir que tuvo que recurrir a recursos extraordinarios para poder afrontar gastos ordinarios o ¿será que no viene porque no puede garantizar el pago de los empleados de la administración pública el mes próximo?”.
El artículo 119 de la Constitución provincial establece que ambas cámaras tienen la posibilidad de interpelar a los ministros para requerirles informes y explicaciones.
En un principio, parecía que la sesión continuaba porque el sistema arrojaba que había 31 diputados conectados al no haberse deslogueado. Ocurrió que algunos legisladores del oficialismo se fueron sin sacar la tarjeta del sistema electrónico de votación. Esperaron 30 minutos que regresaran y al no volver se declaró desierta.
En su exposición, Luis Lucero Guillet, aseguró que no existe el rol de “súper ministro” que “hace lo que quiere y resuelve si cumple la ley o no”.
“Se le impuso un plazo para que venga a dar respuestas sobre un montón de dudas que no solamente están en quienes representamos al pueblo, sino a los ciudadanos mismos respecto de medidas que se tomaron y se puso en jaque las posibilidades económicas de la provincia para el año próximo”, indicó.
Y añadió: “Me extraña que los mismos diputados (oficialistas) no asuman la responsabilidad y el deber de hacer valer los derechos que tenemos ante otros poderes del Estado, de esto se trata del régimen republicano, pero hay quienes entienden que hay un poder que está por encima de los demás y es el Ejecutivo”.
“Se declaró el gobernador democrático y no permite que sus ministros vengan a dar cuenta a la Cámara que es lo que corresponde. En cada Asamblea Legislativa repite que los funcionarios deben dar cuenta cada vez que un diputado lo necesite, cosa que nunca se hizo. Escribe con la mano y borra con el codo, algo que hizo toda la vida”, dijo Verónica Causi (Sanluiseños por el Cambio)
“Todos los diputados sabemos que un ministro tiene más poder que un diputado y debería ser al revés. Entonces se cometen estos papelones para protegerlos, porque si realmente están convencidos de que hicieron las cosas bien, hoy el ministro estaría sentado acá, pero está escondido”, cerró.
También hablaron las diputadas de Unidos por San Luis, Marisa Patafio, Mónica Becerra e Ingrid Blumencweig.
Los puntos del pedido de interpelación que debe responder Horcajo:
1) A cuánto asciende el costo fiscal mensual de las medidas anunciadas por el Sr. Gobernador el día viernes 15 de septiembre de este año y si se realizaron las imputaciones preventivas respectivas, por qué montos y fechas.
2) A cuánto ascendía el gasto en personal mensual de la administración central y descentralizada por todo concepto con anterioridad al aumento referenciado y a cuánto ascenderá luego de dicho aumento.
3) A cuánto ascenderá el monto que por mes se deberá transferir al Poder Judicial, Universidad de La Punta y al resto de los organismos estatales –incluidos los aportes para escuelas autogestionadas y generativas– para que cubran el aumento salarial.
4) Qué cantidad de beneficiarios de planes sociales existen y cuál es el monto del beneficio que percibían con anterioridad al aumento referenciado y cuál es el monto del beneficio que recibirán luego de dicho aumento discriminando por monto del beneficio.
5) A cuánto ascendía el gasto fiscal en concepto de pago de beneficios de planes sociales con anterioridad al aumento referenciado y a cuánto ascenderá luego de dicho aumento.
6) A cuánto asciende el costo fiscal mensual de los compromisos asumidos con los municipios de la provincia, anunciados por el Sr. Gobernador el día miércoles 20 de septiembre, en el cual obliga a la provincia a realizar aportes del tesoro provincial para mejorar la situación salarial de los empleados municipales, y si se realizaron las imputaciones preventivas respectivas, por qué montos y fechas.
7) La fecha de vencimiento de los convenios suscriptos con los municipios con motivo de los compromisos referenciados en f) y si dichos convenios exceden el periodo de la gestión del actual titular del Poder Ejecutivo teniendo en cuenta las limitaciones del art. 92 de la Constitución Provincial.
8) A cuánto asciende el costo fiscal mensual de los compromisos asumidos con las escuelas públicas de gestión privada, anunciados por el Sr. Gobernador el día lunes 25 de septiembre, que aumenta o establece el aporte estatal subsidiario al 90%, y si se realizaron las imputaciones preventivas respectivas, por qué montos y fechas. La información solicitada incluye además el gasto mensual por todo concepto en aportes o subsidios estatales a dichos establecimientos con anterioridad al compromiso referenciado y a cuánto ascenderá luego de dicho compromiso.
9) La fecha de vencimiento de los convenios suscriptos con las escuelas públicas de gestión privada con motivo de los compromisos referenciados en h) y si dichos convenios exceden el periodo de la gestión del actual titular del Poder Ejecutivo teniendo en cuenta las limitaciones del art. 92 de la Constitución Provincial.
10) Si se procedió al depósito bancario de los U$S 85 millones reservados en cajas de seguridad en el Banco de la Nación Argentina.
11) Si se procedió a la venta, sea parcial o total, de los dólares referenciados en j) y, en su caso, cronograma de venta hasta su total liquidación, así como el destino que se le dará a su producido. También indicará si la Provincia podría haber realizado frente o podría realizar frente a sus erogaciones en caso de no haber procedido a la venta de los mencionados dólares.
12) Si los aumentos salariales y de las transferencias a organismos estatales por aumentos salariales, como los aumentos de los montos de los beneficios de planes sociales y los compromisos de aportes del tesoro provincial y de aportes o subsidios referenciados en los apartados precedentes, han sido incluidos en el proyecto de presupuesto para el año 2024.
13) Los pagos mensuales realizados en los últimos seis meses en concepto de obra pública, diferenciando aquellas financiadas con recursos propios de aquellas financiadas en función de convenios suscriptos con el estado u organismos nacionales, como así también la misma información proyectada para los próximos seis meses teniendo en cuenta las obras en ejecución como aquellas con procesos licitatorios o de contratación abiertos.
14) A cuánto ascienden actualmente y a cuánto ascenderán las reservas de la provincia al 31/12/2023.
15) El detalle de las órdenes de pago pendiente de pago en la Tesorería de la provincia al 30/09/2023 y a la fecha de presentación del informe, como así también el total de los gastos devengados por los que aún no se hubiere realizado la orden de pago en las fechas antes indicadas.
16) La ejecución presupuestaria de recursos de la administración central y la ejecución presupuestaria de recursos de la administración descentralizada al 30/09/2023 y la proyectada al 31/12/2023. La información deberá contener el detalle requerido en el artículo 5 de la Ley Nº VIII-0252-2004, exponerse de manera mensual y acumulada. Además, deberá presentar la información considerando y sin considerar los ingresos por venta de títulos públicos y/o moneda extranjera o de cualquier otra reserva o de disminución de activos financieros.
17) La ejecución presupuestaria de gastos de la administración central y la ejecución presupuestaria de gastos de la administración descentralizada al 30/09/2023 y la proyectada al 31/12/2023. La información deberá contener el detalle requerido en el artículo 5 de la Ley Nº VIII-0252-2004 y exponerse de manera mensual y acumulada, como así también por las distintas etapas de imputación del gasto.
18) Toda otra información que permita conocer acabadamente el estado financiero, económico actual y proyectado de la provincia y en especial, el impacto financiero y económico de los anuncios referenciados.
