Un juez de Garantía había dejado en libertad a Nicolás Pérez, investigado por defraudar a 19 personas. Pero la fiscalía apeló y el imputado fue enviado al penal.
Un tribunal revocó la decisión de un juez de dejar en libertad a Nicolás Michel Pérez, el hombre acusado de estafar al menos a 19 personas y despojarlas de más de cien millones de pesos, y ordenó su traslado a la Penitenciaría Provincial, con prisión preventiva.
La medida fue adoptada por el Tribunal de Impugnaciones de San Luis, integrado por Laura Molino, Yanina del Viso y Marcelo Bustamante, a partir de un recurso de revisión presentado por el fiscal de Instrucción N° 1, Franciso Assat.
El fiscal recurrió al tribunal por estar en desacuerdo con la medida que había adoptado el juez de Garantía N° 1, Juan Manuel Montiveros Chada, en la audiencia de formulación de cargos en la que imputaron a Pérez por el delito de estafa reiterada en 19 oportunidades, todas en concurso real.
Según la acusación fiscal, Pérez, de 32 años, montó, entre fines de 2024 y enero de 2026, una red de estafas bajo la modalidad de esquema Ponzi, mediante la cual captó dinero de varias personas con la promesa de obtener altos rendimientos a partir de supuestas inversiones en la compra e importación de teléfonos de la marca Apple.
Por estos hechos, la fiscalía solicitó 120 días de prisión preventiva para Pérez. Para solicitar dicha medida, el fiscal argumentó el riesgo de fuga —debido a que luego de despojar del dinero a sus víctimas Pérez se fue de la provincia y cortó todo contacto con las víctimas— y la necesidad de resguardar la investigación, que incluye pericias contables e informes de entidades financieras para determinar el monto total del perjuicio económico.
El juez Montiveros Chada rechazó el pedido de prisión preventiva, al entender que no se acreditaron de manera suficiente riesgos procesales que justifiquen la privación de la libertad.
En particular, valoró que el imputado compareció a la primera citación judicial, que no registra incumplimientos previos y que parte de la evidencia mencionada por la fiscalía ya está incorporada a la investigación, lo que reduce la posibilidad de entorpecimiento.
En libertad es un peligro
Llevado el caso por el fiscal ante el tribunal, los jueces consideraron que los argumentos expuestos por el Ministerio Público Fiscal (MPF) resultan razonables y que, de acuerdo con la evidencia reunida hasta el momento, existe suficiente grado de sospecha para justificar la aplicación de medidas de coerción más gravosas.
Destacaron además la complejidad de la investigación, ya que se trata de una causa con varias presuntas víctimas y la posibilidad de que aparezcan otras nuevas. Incluso señalaron que algunas de ellas aún no han prestado declaración en el proceso.
Otro de los aspectos valorados fue la naturaleza de la prueba. El tribunal advirtió que gran parte de la evidencia es de carácter digital, lo que requiere cuidados especiales para garantizar su preservación y evitar posibles alteraciones, supresiones o modificaciones. En ese contexto, entendieron que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación por parte del imputado, si estuviera en libertad.
También evaluaron la posibilidad de que el imputado pudiera interferir en declaraciones de víctimas o testigos. En relación con el riesgo de fuga, el tribunal consideró distintos indicios. Entre ellos, mencionó la eliminación de redes sociales y de medios de contacto por parte del imputado, así como su ausencia de la provincia.
