El Gobierno simplifica por decreto la Ley de Inversiones de la minería para agilizar trámites, atraer capitales y reducir controles estatales sobre el sector.
El Gobierno nacional publicó hoy un decreto que introduce significativas modificaciones a la Ley de Inversiones Mineras N° 24.196, norma clave para el desarrollo del sector desde su sanción en 1993. El objetivo declarado es claro: acortar los plazos, eliminar cargas burocráticas y acelerar los mecanismos de aprobación de proyectos, en un contexto donde la minería aparece como una de las pocas esperanzas del Gobierno para el ingreso genuino de divisas.
La iniciativa, que fue adelantada el viernes por el portal Club Minero, afecta disposiciones de la Ley 24.466 vinculadas al Sistema Nacional de Información Geológica, y fue elaborada por el equipo del viceministro coordinador para Energía y Minería, Daniel González, junto al secretario del área, Luis Lucero. Uno de los funcionarios involucrados en la redacción de la nueva norma aseguró que se trata de dejar atrás la “permisología made in Argentina”, término que alude al exceso de trámites, formularios y controles que caracteriza —según el Gobierno— la relación entre el Estado y las empresas del rubro.
Cambios en la verificación de inversiones
Uno de los puntos más relevantes del decreto es la modificación de los procedimientos para verificar las inversiones que una empresa minera declara haber realizado o proyecta realizar en el marco del régimen. Hasta ahora, ese trámite implicaba un extenso formulario con más de 1.000 campos, el cual, según fuentes oficiales, contenía un 80 % de datos sin sustento legal.
Con la nueva normativa, bastará con la presentación de un informe técnico elaborado por un profesional independiente, quien certificará la inversión efectuada. De este modo, se elimina un cuello de botella que, según representantes del sector privado, demoraba injustificadamente la obtención de beneficios fiscales previstos en la ley.
Estabilidad fiscal en menos tiempo
Otro punto clave es la modificación del artículo 10° de la Ley 24.196, referido a la emisión de certificados de estabilidad fiscal, un instrumento que garantiza por 30 años la invariabilidad de la carga tributaria para los proyectos aprobados. El decreto busca reducir sensiblemente los plazos de otorgamiento, que actualmente pueden superar el año debido a la intervención sucesiva de organismos municipales, provinciales y nacionales.
En adelante, bastará con que el certificado indique la fecha de emisión, lo cual permitirá a las empresas iniciar el usufructo de los beneficios sin más demoras.
El RIGI y la apuesta por grandes proyectos
La reforma llega en un momento en que varias compañías esperan la aprobación de sus expedientes en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), contemplado en la recientemente sancionada Ley Bases. Hasta el momento, solo el proyecto Rincón Litio, de la firma Rio Tinto, recibió la autorización formal para avanzar con una inversión de 2.700 millones de dólares.
En paralelo, el Gobierno analiza medidas complementarias para alentar la inversión en yacimientos maduros, como el complejo oro-plata, que aún en fase de declinación mantiene su posición como líder en las exportaciones del sector.
Centralización de datos geológicos
Un aspecto menos visible, pero de enorme proyección estratégica, es la reactivación del Banco Nacional de Información Geológica, creado por la Ley 24.466 y gestionado por el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). A partir del decreto, los inscriptos en el Régimen de Inversiones Mineras estarán obligados a aportar toda la información geológica generada en sus actividades exploratorias.
Estos datos alimentarán un sistema de consulta pública, con el propósito de mejorar la transparencia y el conocimiento técnico sobre los recursos minerales del país. Cabe recordar que el SEGEMAR ha sido recientemente reorganizado junto al Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), en el marco de la reestructuración de organismos bajo la órbita de la Secretaría de Minería.
El rol de la Secretaría de Minería, en revisión
Por último, el decreto ordena una revisión integral de las funciones de la Secretaría de Minería, hoy dependiente del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo. El rediseño responde a la intención del Ejecutivo de maximizar la eficiencia y reducir la intervención estatal, al tiempo que se alinea con una visión más descentralizada y técnica de la gestión pública.
El nuevo enfoque, en sintonía con otras iniciativas del actual gobierno, parte del supuesto de que menos burocracia puede traducirse en más inversiones. La incógnita es si estas medidas lograrán atraer proyectos de gran escala en un contexto macroeconómico aún inestable y con tensiones entre Nación y provincias respecto a los recursos naturales.
Expectativa y cautela en el sector
Voceros de empresas mineras toman la nueva norma con cautela y aseguran que “toda medida que apunte a la celeridad y simplificación es bienvenida”, indicaron, aunque también subrayaron la necesidad de reglas claras y previsibilidad a largo plazo.
La modificación del régimen de inversiones mineras por decreto marca un nuevo capítulo en la relación entre el Estado argentino y el sector minero. Si logra su cometido, podría reactivar proyectos demorados, captar nuevas inversiones y consolidar a la minería como un pilar del desarrollo exportador, pero también es cierto que marca un retroceso del Estado en las funciones de control sobre la actividad.
