Marcelo Amitrano y Sebastián Anzulovich deberán presentarse el lunes 23 junto al ex comisario Marcelo Balbo. La causa se originó por la desaparición de vehículos oficiales y gastos irregulares de combustible por más de $41 millones durante el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá.
El ex ministro de Producción, Marcelo Amitrano, el ex secretario de Transporte, Sebastián Anzulovich y el ex comisario Marcelo Balbo serán indagados en el marco de una causa por hechos de corrupción vinculados al uso de bienes del Estado provincial.
Si bien se había planificado que la audiencia se lleve a cabo el miércoles 11, la formulación de cargos se realizará este lunes 23 en horas de la mañana.
La medida fue solicitada por el ministerio Público Fiscal y avalada por el juez de Garantía N°3, Marcos Flores Leyes, quien dispuso la realización de la audiencia de formulación de cargos.
Los tres deberán responder por los delitos de administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El expediente se originó a partir de una denuncia presentada por la Fiscalía de Estado, que advirtió la desaparición de vehículos oficiales y el uso irregular de combustible, con un perjuicio económico estimado en más de $41 millones para las arcas provinciales.
La investigación comenzó a fines de 2023, pocos días después de la asunción del segundo Gobierno de Claudio Poggi. Según consta en la causa, el entonces ministro de Desarrollo Productivo, Federico Trombotto, informó a la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, sobre el faltante de al menos cinco vehículos pertenecientes al área de Producción.
A partir del cruce de información entre distintas reparticiones, se determinó que los rodados se encontraban bajo la órbita de Amitrano.
De acuerdo con la denuncia, entre enero y noviembre de 2023 esos vehículos registraron un consumo total de 51.415 litros de eurodiesel en estaciones de servicio del sur provincial y de la ciudad de San Luis, lo que representó un gasto de $41.748.980.
La acusación sostiene que Amitrano tenía la responsabilidad de controlar el uso de las unidades oficiales, el consumo de combustible y la supervisión de los conductores, obligaciones que, según la causa, no fueron cumplidas y derivaron en un grave daño al patrimonio provincial.
En el caso de Balbo, la investigación indica que tenía en su poder una camioneta Toyota Hilux, dominio IAA 989, perteneciente al Ministerio de Producción. Durante 2023 habría realizado 193 cargas de combustible, por un total de 10.547 litros de eurodiesel, con un costo de $8.564.164. Como consecuencia de estos hechos, el ex policía fue pasado a disponibilidad y se ordenó su retiro obligatorio.
A Anzulovich se le atribuye haber tenido conocimiento de los movimientos irregulares de los vehículos y del consumo excesivo de combustible, sin haber adoptado medidas para impedirlos.
El Gobierno provincial logró recuperar tres vehículos oficiales (un minibús, un camión volcador y un regador) que se encontraban en un galpón de Nueva Galia perteneciente al ex ministro Sergio Freixes, que actualmente cumple una condena de seis años de prisión por obligar a jueces renunciar antes de asumir.
El jefe de la Sala Penal de la Fiscalía de Estado, Santiago Calderón Salmerón, explicó en declaraciones a El Chorrillero que la causa forma parte de una serie de denuncias impulsadas por el organismo contra presuntos delitos que afectan a la sociedad sanluiseña.
Precisó que cada vehículo oficial debe contar con una oblea identificatoria que habilita la carga de combustible a cargo del Estado. “Lo que pasa en este caso es que vehículos y choferes que no estaban autorizados, se aprovechaban de esta situación y se hacía uso de forma excesiva en combustible”, afirmó.
Además, sostuvo que, pese a haberse advertido irregularidades (como la utilización de obleas alteradas o el suministro de combustible a vehículos no habilitados), no se realizaron denuncias y la situación se mantuvo durante toda la gestión anterior.
“Lo que se denuncia es el mal uso o el abuso de los bienes del Estado, como el combustible y los vehículos, por personas que no estaban autorizadas y con pleno conocimiento de los funcionarios que, en un acto de complicidad, permitían este tipo de acciones”, indicó.
Finalmente, señaló que el objetivo de la audiencia será avanzar con la formulación de cargos, plantear medidas procesales y resguardar la investigación.
“Se trata de la defensa de todo lo que tiene que ver con bienes que son de los ciudadanos de San Luis y del Estado”, concluyó.
