El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires consideró que el departamento de CFK no reúne condiciones mínimas de seguridad y recomendó al tribunal federal que lo descarte como lugar para una eventual prisión domiciliaria.
Por qué la Ciudad se opone a la domiciliaria de CFK en Constitución
La Procuración remarcó que el barrio de Constitución, donde se encuentra el inmueble propuesto, es una zona de alta circulación vehicular y peatonal, atravesada por arterias clave como la Avenida 9 de Julio, Independencia y Entre Ríos. De autorizarse la detención en ese lugar, la Ciudad de Buenos Aires advierte sobre la necesidad de establecer cortes y desvíos de tránsito permanentes, que afectarían la movilidad y la prestación de servicios públicos, como la recolección de residuos, el paso de ambulancias y la reparación de redes.
También se mencionó la cercanía con la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que recibe a miles de estudiantes a diario. Según el Gobierno porteño, el operativo de seguridad permanente requerido podría afectar el ingreso y la normalidad de la actividad académica.
En el marco de la causa conocida como «Vialidad», la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires presentó un escrito ante el Tribunal Oral Federal Nº2 para que se rechace el domicilio de San José 1111, en el barrio de Constitución, como lugar para el cumplimiento de la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner.
La presentación fue firmada por Augusto Ricardo Coronel, en representación del Ministerio Público porteño, por instrucción directa del jefe de Gobierno Jorge Macri. En el documento, se advierte que permitir la detención domiciliaria de la expresidenta en ese domicilio podría generar «graves afectaciones al entorno urbano», con consecuencias en el tránsito, la seguridad pública y el normal desarrollo de los servicios esenciales.
Cómo viven los vecinos de Constitución tras la ratificación de la condena a Cristina
Desde la confirmación de la condena el pasado 10 de junio, se registraron manifestaciones continuas frente al domicilio, con una exigencia operativa diaria de hasta 160 efectivos policiales y múltiples denuncias vecinales por ruidos molestos y alteraciones del orden público. Además, se adjuntaron cinco informes técnicos elaborados por distintos ministerios y dependencias del gobierno porteño, que documentan el impacto actual y potencial del dispositivo de seguridad en la zona.
Por todo esto, la Procuración solicitó que, en caso de que el Tribunal decidiera conceder la prisión domiciliaria en ese domicilio o en otro con características similares, se adopten medidas específicas para mitigar el impacto urbano y garantizar la seguridad, con participación de las áreas técnicas de los gobiernos nacional y local.
«La Ciudad deberá garantizar simultáneamente la integridad de la detenida, la seguridad de los vecinos, el libre ejercicio de la protesta y el normal funcionamiento de las prestaciones públicas», concluye el escrito presentado por el Ministerio Público de la Ciudad.
