El fiscal Federal Cristian Rachid propuso un juicio abreviado para ocho de los integrantes. Los otros dos finalizarán el proceso mediante un debate normal. La investigación de la PSA, las escuchas telefónicas, el plan para adquirir la droga en Bolivia, las comercializaciones para blanquear el dinero ilícito, el rol que tenía cada uno de los implicados y la impunidad dentro del Penal.
Parte de la banda narco que era liderada desde una celda en el Servicio Penitenciario de San Luis llegó a juicio este miércoles. Al Tribunal Oral Federal fueron conducidos Rafael Dante Churquina, Marcelo Manuel Leyes, Lorena Beatriz Ramallo, Milagros Simioli Inzirillo, Jorge Ángel Orozco, Mario Andrés Ojeda, Javier Arnaldo Martiranía y Lucrecia Valdez.
A las 13:44 comenzó la audiencia ante el juez de Cámara de Mendoza, Alberto Carelli. El fiscal Federal en San Luis, Cristian Rachid formalizó la propuesta de juicio abreviado para los ocho imputados. Los únicos acusados que no formaron parte del acuerdo fueron Daniel Hedel Becher y Efraín David Cortez, enfrentarán un debate oral y público el 28 de julio.
El requerimiento fiscal incluyó desde penas condicionales hasta 12 años de cárcel. Los primeros casos para Martiranía y Valdez, mientras que el máximo para el líder de la organización. Sumó a eso multas de hasta $10 millones y el decomiso de múltiples bienes que fueron objeto de los delitos.
El hecho se conoció en las primeras horas del 1° de septiembre de 2023 a partir de un procedimiento que encabezó la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) la noche anterior en Jujuy. La fuerza de seguridad interceptó a tres miembros de la organización con 5264 gramos de cocaína que tenían como destino San Luis. Eso desencadenó en allanamientos, uno de ellos en la Unidad 1 del Servicio Penitenciario, desde donde Churquina dirigía las acciones de la banda.
El desbaratamiento de la red criminal en el servicio penitenciario que se convirtió en un escándalo ocurrió en momentos que el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá transitaba sus últimos meses en el poder. Desde una celda se dirigía con total impunidad una organización narco.
Las defensas estuvieron a cargo de los oficiales Claudia Ibáñez (Orozco), Federico Pastor (Leyes), y Sebastián Crespo (Martiranía); y de los particulares Germán Anabitarte (Churquina), Ángeles De Pasquale (Ojeda), Vicente Cuesta (Simioli Inzirillo), Flavio Ávila (Valdez) y Bautista Rivadera (Ramallo).
Rachid agrupó su teoría del caso en tres hechos concretos: el tráfico de estupefacientes, el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y la corrupción dentro de la cárcel.
A lo largo de su exposición, que se extendió por 56 minutos, el representante del Ministerio Público Fiscal relató cómo inició la investigación desde la PSA, las escuchas telefónicas y seguimiento de los implicados que hizo la fuerza, el plan para adquirir la droga en Bolivia (que fue frustrado), las comercializaciones para blanquear el dinero ilícito, el rol que tenía cada uno de los implicados y la impunidad dentro del Penal.
“Hay certeza con las pruebas recogidas sobre la existencia de los hechos, la participación de los imputados y pleno acuerdo en cuanto a la calificación legal, pena y demás medidas solicitadas”, afirmó el fiscal.
Tráfico agravado de estupefacientes: la remesa de 5 kilos organizada desde la cárcel
Según la acusación de Rachid, Churquina organizó y financió una operación para adquirir una remesa de cocaína en Bolivia e ingresarla al país a través del paso fronterizo entre Villazón y La Quiaca. La droga tenía como destino final la provincia de San Luis, donde sería fraccionada y comercializada.
La maniobra quedó al descubierto tras un procedimiento realizado el 31 de agosto de 2023 en San Salvador de Jujuy, donde fue interceptado Leyes con un morral que contenía cinco paquetes rectangulares envueltos en papel film y nylon beige. El análisis químico confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 5264 gramos. Según la investigación, Leyes había viajado por indicación de Churquina, a quien había visitado en la cárcel días antes para recibir instrucciones.
“El señor Churquina estaba detenido, pero tenía acceso irrestricto a teléfonos. Desde allí organizó, coordinó y financió toda la operación”, sostuvo el fiscal durante la audiencia. Sumó a eso que el interno contaba con contactos en el norte del país e incluso en Bolivia, que le permitieron articular la adquisición de la droga y su ingreso por tierra al territorio argentino.
Leyes viajó desde Villa Mercedes a Córdoba y desde allí a Jujuy, donde finalmente cruzó a pie a Villazón. Regresó a territorio argentino a la espera del dinero para completar la operación. Ese dinero (unos 12.500 dólares) fue trasladado por Simioli Inzirillo, quien previamente lo había recibido de Ramallo en Villa Mercedes, por indicación directa de Churquina.
Toda la operación fue monitoreada en tiempo real por la PSA mediante escuchas telefónicas y tareas de campo. “Quedó claramente acreditado que existía una organización piramidal liderada por Churquina desde el penal, que contaba con la intervención de personas en libertad para ejecutar sus órdenes”, remarcó el fiscal.
Además de las escuchas, la acusación se sustenta en los seguimientos realizados por los efectivos, en la prueba documental, en las pericias realizadas sobre la droga incautada (de alta pureza), y en el acuerdo de colaboración judicial celebrado por Churquina en septiembre de 2023, en el que brindó detalles sobre el funcionamiento interno de la organización.
En este hecho, el fiscal imputó al recluso como organizador y financista; a Leyes como ejecutor del transporte; y a Ramallo y Simioli Inzirillo por haber colaborado en la provisión del dinero para adquirir la sustancia.
La compleja red de operaciones para blanquear el dinero del narcotráfico
El segundo bloque de hechos que describió el fiscal estuvo centrado en la maniobra de lavado de activos. Churquina, Ramallo, Simioli Inzirillo, Valdez y Martiranía están acusados por articular diversas operaciones para blanquear los fondos provenientes del tráfico de drogas.
La investigación detectó dos principales grupos de maniobras para blanquear el dinero ilícito: uno basado en la compraventa de vehículos (motos y autos de mediana y alta gama) y equipamiento comercial, y otro enfocado en préstamos en efectivo a través de una financiera local. Para estas actividades, se allanó un local ubicado en la intersección de las calles Presidente Perón y Remedios de Escalada, de Villa Mercedes, que funcionaba como la base operativa de estas transacciones.
Según el fiscal, Churquina tenía el rol central de organizar y supervisar todas las operaciones, mientras que Valdez y Martiranía se encargaban de la recaudación, el traslado y manejo físico del dinero. Ramallo, por su parte, administraba fondos y bienes de la organización, formalizando operaciones muchas veces a su nombre y otras a través de terceros. Simioli Inzirillo colaboraba estrechamente en esta tarea de administración y blanqueo.
Entre los bienes secuestrados en los allanamientos se encontraron seis bicicletas nuevas, 25 motocicletas sin patentar, electrodomésticos comerciales, nueve vehículos vinculados al grupo, y dinero. Además, se incautaron documentos y registros contables que evidencian operaciones de compraventa, préstamos y movimientos de dinero tanto en pesos como en dólares.
Rachid destacó la existencia de vínculos con posibles testaferros, entre ellos el hermano del líder, Marcelo Churquina, quien no está imputado pero sería titular de varios bienes ligados a la organización.
Con estas pruebas, el Ministerio Público reafirmó la estructura criminal liderada por Churquina desde la cárcel, no solo dedicada al narcotráfico sino también a sofisticadas maniobras para disimular el origen ilícito del dinero obtenido.
La corrupción dentro de la cárcel
Rachid describió como último bloque de hechos la maniobra de cohecho que involucró directamente a Churquina y a los dos agentes penitenciarios: Orozco y Ojeda. Según la hipótesis de Fiscalía, el interno organizó y dispuso el pago de dinero y dádivas a estos funcionarios para que incumplieran sus deberes y facilitaran el funcionamiento de la banda dentro.
Entre las ventajas otorgadas a la organización estuvo el tratamiento privilegiado en el control de visitas, que en muchos casos ni siquiera quedaron registradas, permitiendo reuniones sin restricciones dentro del penal. Además, el fiscal relató que “Orozco y Ojeda permitieron a Churquina montar una verdadera oficina dentro de su celda, donde disponía de teléfonos, registros de sus operaciones, una balanza de precisión y hasta marihuana en escasa cantidad”.
Las pruebas recolectadas incluyen escuchas telefónicas en las que se documentan entregas de dinero, entre ellas una de 6 mil dólares a Orozco, y conversaciones en las que se coordinan las visitas y encuentros para evitar ser detectados.
También se destacan operaciones vinculadas a la transferencia y uso de vehículos a nombre de los penitenciarios, como una Ford Ranger y un Ford Focus, ambos relacionados con la organización y secuestrados en distintos allanamientos.
Un dato revelador fue el análisis del listado de visitas al penal entre enero y septiembre de 2023, donde se comprobó que, pese a la existencia de registros y seguimientos policiales, muchas visitas de integrantes de la banda y sus colaboradores no quedaron anotadas oficialmente, evidenciando el trato preferencial brindado por los agentes penitenciarios.
“Me equivoqué de rubro”
Carelli indagó a cada uno de los imputados para que dieran consentimiento a la propuesta de juicio abreviado y reconocieran los hechos, calificación y pena requerida por la Fiscalía.
El primer en tomar la palabra fue Chuquina, quien inicialmente buscó desligar de responsabilidades a Ramallo y Becher. “Yo soy totalmente responsable de la organización. Hay personas que realmente no participaron en mi negocio y tengo que hacer(me) cargo de mi error”, dijo ante el juez.
Seguido a eso, explicó que está cumpliendo una condena por un delito que no cometió: seis años de cárcel por abusar sexualmente de otra integrante de la banda y su ex pareja, Lucrecia Valdez, con quien tiene una hija. Contó además que tiene otros dos hijos con Ramallo.
“Mi enojo, mi ira, que llevó a hacer esta característica de negocio. Irónica la vida. Es que yo vengo escapándome de la frontera donde realmente existe el narcotráfico. Me vengo a los 20 años a provincia de San Luis a tener otra vida. Y el peor error que cometí fue separarme de mi familia, ya estando muy bien capitalizado”, dijo.
Agregó que dentro de la cárcel lo trataron de “violín y pinchila” y eso le causó “un daño psicológico tremendo”. “Realmente quiero ser sincero, me equivoqué de rubro. Soy comerciante, fui panadero, carnicero, gomero, hice todas las clases de negocio, siempre me financié con fondos propios”, continuó.
En otro tramo, se detuvo en el trato dentro del Servicio Penitenciario y denunció que estuvo más de un año sin tener acceso a terapia laboral o al estímulo educativo.
“Yo supuestamente corrompí al director Orozco, al señor Ojeda, cuando claramente ellos tendrían que ser el ejemplo, yo soy un interno ¿no? En ese momento yo tenía una computadora, porque yo estaba estudiando. Y si yo tenía un teléfono es porque todos los pabellones tenían, a mí en ningún momento el señor Orozco ni el señor Ojeda me dieron acceso a tener un teléfono”, afirmó.
En este punto, el juez lo detuvo porque en el acuerdo estaba reconociendo que había dado dádivas a los agentes, y en sus manifestaciones lo negaba.
“Con la tortura que me hizo el Servicio Penitenciario no me quedó retención de memoria”, se justificó. Seguido a eso, se dispuso un cuarto intermedio para que conversara con su defensor. En el retorno, dijo haberles pagado a los penitenciarios para obtener beneficios.
Los otros siete implicados aceptaron su responsabilidad al igual que la pena requerida. A su vez, las defensas de Ramallo y Simioli Inzirillo hicieron alusión al incidente que está en curso para que puedan cumplir sus penas de forma domiciliaria.
Luego de eso, Carelli pasó a deliberar. Si bien no tiene un plazo para pronunciarse, se estima que será antes del 28 de julio, que comienza el debate contra Becher y Cortez.
Las penas, delitos y medidas solicitadas por la Fiscalía
| Rafael Dante Churquina: 12 años de prisión y multa de $10.125.00. Acusado de ser autor de los delitos de organización y financiamiento de tráfico ilícito de estupefacientes (modalidad transporte y posterior comercialización), agravado por la intervención de tres o más personas organizadas, en concurso real con lavado de activos y cohecho activo.
| Marcelo Manuel Leyes: 6 años de prisión y multa de $2.400.000. Acusado como coautor de tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de transporte, agravado por la intervención de tres o más personas organizadas.
| Mario Andrés Ojeda: 3 años y 3 meses de prisión e inhabilitación especial perpetua. Acusado de cohecho pasivo en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público.
| Jorge Ángel Orozco: 3 años y 6 meses de prisión e inhabilitación especial perpetua. Acusado de cohecho pasivo en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público.
| Lorena Beatriz Ramallo: 4 años de prisión y multa de $1.889.000. Acusada como partícipe secundaria en tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de transporte, agravado por la intervención de tres o más personas organizadas, en concurso real con el delito de lavado de activos, como partícipe necesaria.
| Lucrecia Valdez: 2 años y 6 meses de prisión condicional y multa de $1.300.000. Acusada como partícipe secundaria del delito de lavado de activos. Condiciones adicionales: realización de estudios y trabajos comunitarios en instituciones públicas no estatales.
| Javier Arnaldo Martiranía: 2 años y 3 meses de prisión condicional y multa de $1.400.000. Acusado como partícipe secundario del delito de lavado de activos.
| Milagros Selene Simioli Inzirillo: 3 años y 6 meses de prisión y multa de $1.787.000. Acusada de ser partícipe secundaria del delito de tráfico ilícito de estupefacientes (modalidad transporte, agravado por la intervención de tres o más personas organizadas), en concurso real con el delito de lavado de activos como partícipe necesaria.
Rachid también requirió el decomiso de los bienes objeto del delito, entre ellos, más de 10 vehículos, dinero en pesos y dólares, y celulares.
