Ante el Tribunal Oral Federal de San Luis, los fiscales Martín Uriona y Cristian Rachid reconstruyeron el caso que desbarató a la organización en el norte del país en 2023 y detallaron las evidencias que comprometen a los acusados. Sostuvieron que Churquina contaba con un trato privilegiado: uso de celulares, computadora, ingresos no registrados de visitantes y una logística que le permitía seguir operando desde la prisión.
Por Antonella Camargo
Tras siete horas y media de audiencia, el Ministerio Público Fiscal solicitó este lunes que Rafael Dante Churquina, Daniel Hedel Becher y Efraín David Cortez sean condenados por su participación en una organización criminal dedicada al narcotráfico, el lavado de activos y el cohecho activo. El planteo se realizó ante el Tribunal Oral Federal de San Luis, integrado por María Carolina Pereira, Gretel Diamante y María Paula Marisi, en el inicio de la etapa de alegatos del debate oral.
La extensa jornada marcó el tramo final del juicio que investiga a la banda desbaratada en agosto de 2023 en el norte del país, cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria interceptó más de cinco kilos de cocaína que serían transportados desde Jujuy hacia San Luis. La Fiscalía reconstruyó de manera detallada los hechos y, sobre todo, expuso las evidencias que acreditan la responsabilidad penal de cada uno de los imputados en los distintos delitos.
Los alegatos comenzaron con la exposición del fiscal de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Martín Uriona, centrada en el delito de narcotráfico y el abuso de armas atribuido a Becher, y continuaron con el desarrollo del fiscal federal Cristian Rachid, quien abordó el lavado de activos y el cohecho activo vinculado al funcionamiento del Servicio Penitenciario durante el gobierno de Alberto Rodríguez Saá.
Uriona: la prueba del narcotráfico y el rol de cada imputado
Uriona abrió su alegato con una reconstrucción cronológica del transporte de estupefacientes que culminó con la detención de Marcelo Leyes en Jujuy, quien llevaba la cocaína oculta en un morral. A partir de ese hecho, el fiscal explicó cómo la investigación permitió identificar a los integrantes de una estructura organizada, con roles diferenciados y coordinación permanente.
En relación a Churquina, Uriona sostuvo que fue el organizador del tráfico de estupefacientes, incluso mientras se encontraba detenido en el Servicio Penitenciario Provincial. Recordó que el propio imputado reconoció su participación en el hecho, aunque intentó minimizar su rol.
Sobre Becher, puso el foco en el conocimiento y aporte concreto que tuvo en la maniobra de narcotráfico. Señaló conversaciones puntuales con el lider narco en las que se interesó por el viaje donde Leyes se haría del estupefaciente. Aseguró que 10 mil dólares, de los 12.500 que tenía Leyes, fueron aportados por el empresario villamercedino.
También mencionó diálogos donde se hacía referencia a los “loros” y la preocupación por posibles demoras o intervenciones policiales. En este punto hizo una distinción sobre conversaciones donde hablaban de vehículos, por los negocios que hacían habitualmente, y de “autos” o “camiones” para hacer referencia a la droga.
En cuanto a Cortez, el fiscal detalló que su incriminación surge del vínculo directo con uno de los prófugos en la causa, de apellido Ríos, quien estuvo presente al momento de la incautación de la sustancia y continúa evadiendo a la Justicia. Uriona explicó que del análisis del celular de Cortez surgió que tenía agendado a “Galo” al proveedor de la cocaína.
Además, destacó conversaciones con Ríos que evidencian antecedentes de viajes similares, coordinación previa y donde había hablado de eludir a «los verdes» por Gendarmería.
Uriona también se refirió al episodio ocurrido durante el allanamiento al domicilio de Becher, donde el imputado efectuó un disparo con un arma de fuego. El fiscal recordó que ese hecho derivó en una imputación específica por abuso de armas y remarcó que la prueba balística y los testimonios policiales acreditaron el episodio.
Rachid y el lavado de activos: empresas, testaferros y una “cadena” de operaciones
Rachid dedicó varias horas a desmenuzar la maniobra de lavado de activos atribuida a la organización. Su exposición se centró en explicar cómo el dinero proveniente del narcotráfico era introducido en el circuito económico mediante una red de personas y sociedades que permitían ocultar su origen.
“No es cierto que todo haya sido de palabra. Cada uno de los imputados tenía sus propias tenencias formalizadas y toda esta operatoria que ellos dicen que se anotaba en libreta o era de palabra, en realidad se formalizaba con testaferros que son el resto de los imputados, algunos de ellos, ya condenados”, subrayó en un inicio.
Siguió su alegato apoyándose en los lineamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), al que definió como el organismo que establece los estándares globales para prevenir y combatir el lavado de activos. Desde ese marco, afirmó: “Hemos detectado según tipología GAFI maniobras de colocación y diversificación de dinero ilícito mediante la compra-venta de autos que se hacían por testaferros y que eran pagados en ocasiones con cheques de la misma sociedad del señor Becher”.
Para explicar el delito de lavado de activos, la Fiscalía proyectó ante el Tribunal un esquema que reconstruyó la estructura interna de la organización y la función que cumplía cada uno de sus integrantes. En la cúspide ubicó a Becher y Churquina como socios, beneficiarios y organizadores, mientras que identificó una red de administradores, recaudadores y testaferros que permitía mover dinero y bienes sin dejar rastros formales.
Según Rachid, las empresas familiares vinculadas a Becher —entre ellas CDA SAS y Combustibles Argentinos y Cía. SRL— funcionaban como canalizadoras de fondos, mezclando ingresos lícitos con dinero de origen ilícito. Allí aparecían poderes generales, administraciones compartidas y operaciones comerciales que no quedaban registradas en forma completa. En ese entramado, Cristian Becher figuraba como socio administrador y otras personas como titulares formales o firmantes.
El fiscal identificó además el rol de Lorena Ramallo como administradora y formalizadora de operaciones —en especial vinculadas a vehículos— y el de Rubén Muñoz, a cargo de la administración de un minimercado, ventas “de agencia” y colocación de préstamos. En el nivel operativo, ubicó a Lucrecia Valdez, Javier Martiranía y Marcelo Leyes como recaudadores, encargados de cobros diarios, ventas y traslados de valores, mientras que Milagros Inzirillo fue señalada como la última responsable del circuito financiero a través de la firma MRC Group SAS junto a su hermana Guadalupe.
El esquema para el lavado de activos.
Finalmente, remarcó la presencia de testaferros y sociedades interpuestas —como Servicios Avda. SAS, Transporte y Servicios SAS, Pringles Gas SA, Metalflores SA y Los Primos SRL— que permitieron fragmentar, disimular y reintegrar el dinero al patrimonio de la organización, dando apariencia lícita a fondos que, para la Fiscalía, provenían del narcotráfico.
Colocar, mover y “blanquear” el dinero
Rachid explicó que la organización desplegó una maniobra de lavado de activos estructurada en tres etapas. Primero, la colocación, que consistió en introducir al circuito económico el dinero proveniente del narcotráfico, principalmente a través de préstamos en efectivo, ventas informales de vehículos, electrodomésticos y motos, y movimientos diarios de dinero que no quedaban registrados en ningún sistema formal.
Luego, describió la fase de estratificación, orientada a dificultar el rastreo del origen ilícito de los fondos. Según detalló, allí se utilizaban sociedades interpuestas, testaferros y operaciones sin respaldo documental —boletos de compra venta, pagarés en blanco, contratos sin firma— para fragmentar y disimular los movimientos de dinero y bienes. En ese entramado, cumplieron un rol central las empresas vinculadas a Becher, que funcionaban como pantallas con actividad real, pero con una contabilidad opaca e incompleta.
Finalmente, se refirió a la integración, es decir, el momento en que esos fondos ya disimulados reingresaban al patrimonio de los imputados como supuestas ganancias lícitas. Allí ubicó la compra de inmuebles, automotores y fondos de comercio, el incremento patrimonial no justificado y la mezcla del dinero ilegal con la recaudación diaria de la estación de servicio y otras actividades comerciales, lo que permitió “darle apariencia legal a dinero de origen ilícito”.
El cohecho activo y el funcionamiento del Servicio Penitenciario
En el tramo final de su alegato, Rachid abordó el delito de cohecho activo y expuso cómo Churquina y Becher entregaron dinero y bienes a funcionarios del Servicio Penitenciario para obtener beneficios indebidos mientras el primero estaba detenido.
El fiscal recordó que el ex director Jorge Orozco y el ex subdirector de la Unidad, Mario Ojeda ya fueron condenados por estos hechos, y explicó que las pruebas incorporadas al juicio —escuchas telefónicas, seguimientos, registros de visitas y allanamientos— demostraron que Churquina contaba con un trato privilegiado: uso de celulares, computadora, ingresos no registrados de visitantes y una logística que le permitía seguir operando desde la cárcel.
“Dieron, ofrecieron y efectivizaron sucesivas dádivas y realizaron transacciones con los dos penitenciarios”, aseveró el representante del Ministerio Público Fiscal. Añadió que Becher conocía y acompañaba esa dinámica, y mencionó conversaciones en las que se evidencia su preocupación por mantener esos vínculos.
En el mismo sentido, tuvo en cuenta que las visitas de los integrantes de la banda narco no quedaban registradas en la Penitenciaría.
El pedido de condena y lo que viene
Al cerrar su exposición, la Fiscalía solicitó que Churquina sea condenado como autor de los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes agravado, lavado de activos y cohecho activo; que Becher sea condenado por financiación del narcotráfico, lavado de activos, cohecho activo y abuso de armas; y que Cortez sea declarado partícipe secundario del transporte de estupefacientes agravado.
El Tribunal dispuso que el juicio se reanude el próximo lunes con los alegatos de las defensas. En la misma jornada se discutirán eventuales planteos de las partes.
Luego de eso, las juezas determinarán la responsabilidad de los implicados. Si son declarados culpables, se realizará una audiencia de cesura donde la Fiscalía y las partes requerirán las penas a cumplir.
