Fueron procesados por “homicidio doblemente calificado: por el concurso premeditado de dos o más personas y por el uso de arma de fuego”, en perjuicio de Carlos Javier Moyano.
Este miércoles se reanudaron las audiencias de formulación de cargos contra José Barroso, alias “El barba”, y U.C.L., el adolescente de 16 años señalado como el autor de los disparos que acabaron con la vida de Carlos Javier Moyano el viernes 13 de febrero en la avenida V Centenario, a la altura de la manzana “L” del barrio 1° de Mayo.
José Barroso y U.C.L. se convirtieron en los nuevos imputados en la causa en la que el 24 de febrero fue procesado Carlos Fausto Barroso, alias “El gordo Travolta”. Desde entonces permanece alojado en el Servicio Penitenciario Provincial con 120 días de prisión preventiva.
En el caso de José Barroso y U.C.L., fue la jueza de Garantía, Agustina Dopazo Samper, quien resolvió sus situaciones procesales, pese a que Soledad Poma de Otaegui y Hanna Abdallah, abogados que representan a ambos sospechosos, cuestionaron la solidez de la imputación.
Respecto de Barroso, la magistrada hizo lugar a lo solicitado por el fiscal de Instrucción N°3, Esteban Roche, y ordenó su prisión preventiva y traslado al Servicio Penitenciario Provincial por el plazo de 120 días mientras continúa la investigación.
La jueza señaló que en esta etapa inicial del proceso no se exige una acreditación plena de los hechos, sino evaluar la congruencia entre el relato de la Fiscalía y la evidencia presentada, lo que consideró cumplido en este caso.
Asimismo, al analizar los riesgos procesales, entendió que existe peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación por parte del imputado, debido a la gravedad del hecho, la solidez inicial de la imputación, la posible pena de cumplimiento efectivo y la existencia de testigos que aún deben declarar.
En relación con el adolescente, a quien la Fiscalía atribuye haber efectuado los disparos desde el asiento del acompañante del vehículo, Dopazo Samper se limitó a dar por formulados los cargos, ya que la medida de coerción debía ser analizada por la Justicia Penal Juvenil.
De acuerdo con la teoría del caso del fiscal Roche, el día del hecho Moyano circulaba en una moto azul por el carril derecho de la avenida, en sentido oeste-este, y a la altura de la manzana L del barrio 1° de Mayo un auto en el que se trasladaban varias personas comenzó a seguirlo. Eran entre las 19:50 y las 20.
Según la investigación, desde el asiento del acompañante el adolescente imputado habría efectuado múltiples disparos de arma de fuego contra la víctima, quien cayó sobre el asfalto y murió en el acto a causa de un shock hipovolémico (gran pérdida de sangre).
El abogado de la querella, Martín Loayza Fernández, adhirió a lo expresado por el fiscal. En la sala también estuvo presente Laura Eugenia Suárez, esposa de la víctima, quien dijo tener miedo por su vida.
Prisión domiciliaria para el adolescente
El pedido de la medida de coerción personal de U.C.L. fue planteado ante la jueza Penal Juvenil, Daniela Benenatti, tras la audiencia realizada en el Juzgado de Garantía. La magistrada hizo lugar al requerimiento de la Fiscalía y dispuso la prisión domiciliaria del adolescente por 90 días, bajo la supervisión de sus tíos y con control policial.
También ordenó el seguimiento del Instituto de Reinserción Social, la asistencia psicológica por parte del área penal juvenil y medidas para garantizar que el joven retome sus estudios de manera virtual. Asimismo, dispuso que la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (Canaf) evalúe ampliar el intervalo de los controles domiciliarios.
Benenatti señaló que la medida busca asegurar el desarrollo de la investigación, que se encuentra en etapa inicial, y proteger tanto a la familia de la víctima como al propio adolescente.
La Defensoría de Niñez, que representa al adolescente imputado, cuestionó algunos aspectos del procedimiento y sostuvo que el chico se presentó voluntariamente ante la División Homicidios, cuando la intervención debió realizarla la Canaf.
También señaló que no habría riesgo de entorpecimiento, ya que el joven cumpliría la medida en un barrio distinto al de los testigos. Si bien no se opuso a la prisión domiciliaria, solicitó garantizar su continuidad escolar y contención psicológica.
