Tras un fallo de la Corte Suprema que benefició a un exsacerdote condenado por abuso sexual, el Gobierno anunció que presentará un proyecto para reformar el Código Penal y declarar imprescriptibles los delitos sexuales.
El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, anunció que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de reforma del Código Penal para establecer que los delitos sexuales sean imprescriptibles. La decisión se conoció esta semana luego del polémico fallo de la Corte Suprema que benefició al exsacerdote Justo José Ilarraz.
El religioso fue condenado a 25 años de prisión por abusar de varios seminaristas entre 1985 y 1993, mientras se desempeñaba como prefecto de disciplina en el Seminario Menor de Paraná, Entre Ríos. Sin embargo, el máximo tribunal del país declaró que la acción penal estaba prescripta y anuló la condena.
Argumentos del fallo y reacción pública
El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes calificaron los hechos como “aberrantes”, pero sostuvieron que no encuadraban como delitos de lesa humanidad, condición necesaria para evitar la prescripción.
Los ministros señalaron que los abusos denunciados ocurrieron entre 1988 y 1992 y recién fueron denunciados en 2012, cuando las víctimas tenían entre 33 y 37 años. Según el criterio de la Corte, el delito ya había prescripto al momento de la denuncia, en línea con la normativa vigente.
“El proceso penal se inició más de 19 años después de los hechos y 32 años antes de la sentencia. Por eso, la acción penal está prescripta desde 2005”, concluyeron los jueces.
Tras conocerse el fallo, el ministro de Justicia expresó su rechazo a través de su cuenta oficial en la red social X (ex Twitter):
“Los delitos sexuales no deberían prescribir. Para evitar este tipo de injusticias, en el nuevo Código Penal que enviaremos al Congreso, propondremos la imprescriptibilidad de los delitos sexuales”, escribió.
El anuncio fue acompañado por la difusión de la noticia del caso Ilarraz, que generó indignación y reavivó el reclamo de organizaciones de derechos humanos y víctimas para reformar la legislación penal argentina.
