Está acusado de haber sustraído bienes de la Casa de Gobierno. La Fiscalía de Instrucción pidió dos años y medio en suspenso, mientras que la Fiscalía de Estado solicitó siete años de cárcel.
El ex ministro de Seguridad, Claudio Latini, será el primer funcionario de Alberto Rodríguez Saá en sentarse en el banquillo de acusados por cometer delitos de corrupción.
El Colegio de Jueces fijó para el 8, 9 y 10 de octubre el debate oral en su contra. Será juzgado por un Tribunal unipersonal, integrado por Eugenia Zabala Chacur, mientras que como fiscal intervendrá Fernando Rodríguez.
La causa contra Latini surgió a partir de la denuncia que realizó su sucesora, Nancy Sosa por haber dañado y sustraído bienes de Casa de Gobierno, que fueron llevados hasta su vivienda en la ciudad de Juana Koslay. Todo eso el 7 de diciembre de 2023, tres días antes de dejar su cargo.
La investigación que llevó adelante el fiscal de Instrucción N°2, Ricardo Barbeito, determinó que ese día alrededor de las 18:30, el entonces funcionario se “comunicó vía telefónica con el Departamento de Tránsito de la Policía de la Provincia, ordenando que se enviara un móvil policial al edificio” del ministerio.
Media hora después, llegó el móvil N°1-1077 con el subcomisario Miguel Morales y el oficial ayudante Jonathan Barrera. “Fueron atendidos personalmente por el señor Claudio Latini, quien les ordenó cargar” en el vehículo electrodomésticos, muebles y equipos informáticos.
En la acusación, Barbeito enumeró una cafetera Nescafé cápsula monodosis/dolce, un sofá de tres cuerpos Mónaco Stone, una mesa centro Eiffel, dos televisores LED de 43’ marca Hisense, una capturadora portátil Intel, un disco duro con las memorias de las cámaras del dispositivo DVR que encontraba en la oficina, cuatro sillas fijas para oficina y tres monopatines eléctricos con sus kits de protección.
Todos los elementos tuvieron como destino la vivienda de Latini, en la ciudad de Juana Koslay y fueron recibidos por uno de sus hijos.
La maniobra fue calificada por el fiscal como peculado y en la elevación a juicio solicitó la pena provisoria de dos años y seis meses de prisión en suspenso.
En esa misma instancia, la fiscalía de Estado, representada por Santiago Calderón Salomón coincidió en el delito, pero consideró que la pena debe ser mayor, esto es, siete años de cárcel.
Para el debate oral, que se desarrollará durante tres jornadas, está prevista la citación de más de 10 testigos. Entre ellos, la ministra Sosa, efectivos de la Policía, ex funcionarios, la ex secretaria de Latini y trabajadores de la cartera.
Latini será defendido por los abogados Cristóbal Ibáñez y Nedo Gómez.
