El fiscal Leandro Estrada hizo un repaso a fondo por la causa, las responsabilidades de Darío Oviedo y Ricardo Bazla, por qué ordenó desglosar la denuncia por lo que pasó en ese campo en los años anteriores y quién tiene esa investigación. Asegura que la única certeza es que “el maíz estaba y ahora no está más”
El fiscal Leandro Estrada analiza en detalle para Todo Un País la causa conocida como “El Caburé”, un expediente que investiga presuntas irregularidades en la administración de un campo recuperado por el Estado provincial. En esta entrevista, explica el origen del conflicto, el rol de los funcionarios imputados, las decisiones judiciales adoptadas y las dificultades para determinar el daño económico, en un caso atravesado por la ausencia de registros formales y la disputa sobre la propiedad de la producción agrícola.
—La causa es conocida como El Caburé. ¿El campo en cuestión tiene otro nombre?
—El campo se llama “Las Gitanas”. El Caburé es el nombre de la sociedad anónima que tenía el campo.
—¿Ese campo fue vendido o cedido por el Estado a un particular llamado Daniel Lucero?
—No es que fue vendido, fue entregado en propiedad con la condición de realizar determinados actos que no hicieron.
—¿Era parte de los campos cedidos por el Estado a particulares para que desarrollaran proyectos productivos del programa Pioneros Siglo XXI?
—Exacto, exacto.
—¿Lucero pagó sólo cinco cuotas de lo que establecía ese acuerdo con el Estado y lo siguió explotando para su propio beneficio?
—Nosotros a ese expediente administrativo no lo tenemos. Lo que tenemos son referencias y las referencias son que, en el año 2018, y en realidad el proceso administrativo empieza antes, pero en 2018 se finaliza con la desadjudicación del campo a la empresa El Caburé. Ese proceso de desadjudicación se comenzó haciendo una serie de constataciones en el campo de que no se estaba cumpliendo con el objeto. Si le pagó o no le pagó al Estado, no lo sé.
—¿Cómo siguió esa disputa?
—En el 2018 se saca el decreto que se desadjudica el campo, y en el artículo N°2 se ordena la recuperación del campo. A ese decreto le meten un recurso de revocatoria que es resuelto en el 2022 por extemporáneo. Y después interponen un recurso de revisión contra ese decreto de rechazo de la revocatoria y ahí queda hasta la notificación en abril del año 2024 cuando efectivo el Gobierno toma posición del campo.
—¿Qué dimensión tiene el campo?
—El campo son mil novecientas noventa y siete hectáreas, ubicado en la ruta N°27 kilómetro 144, al lado del llamado Pueblo Ranquel.
—Por la administración de ese campo fue denunciado por Fiscalía de Estado el exfuncionario Darío Oviedo.
—No. Lo explico. En el interín entre 2018, en que fue notificado Lucero del decreto de desadjudicación por parte del Estado y el 2023 en el que el Estado provincial toma control del campo, Lucero por la empresa El Caburé realiza dos contratos de parcería.
—¿Qué es parcería?
—Un contrato para la siembra del campo, lo cual no está en el objeto. Firma dos contratos; uno por 440 hectáreas para ser sembradas, y otro por 1.400 también para la siembra.
—¿Con quién firma estos contratos Lucero?
—Hace un contrato con una empresa que se llama Galia Norte S.A. y otra llamada San Jorge Cereales. Galia Norte S.A., que está representada por Germán Vaira, es la que le hace la denuncia contra Ricardo Balza, Darío Oviedo y otros funcionarios. La otra empresa no hace la denuncia y se presenta como particular, como querellante particular, pero no hace una denuncia en particular.
—Oviedo es expulsado del Gobierno y tiene una denuncia de Fiscalía.
—No. Fiscalía de Estado nunca lo denunció. Lo que Fiscalía de Estado denuncia son gestiones anteriores a este hecho, y yo lo que hago es ordenar el desglose si no se contamina el expediente, dado que no tienen que ver una cosa con la otra. Ordeno el desglose, formo un nuevo expediente y lo remito a la Fiscalía en turno. No me queda a mí ese expediente.
—Entonces, paso en limpio, hablamos de una causa que es contra Oviedo, contra Bazla y otros funcionarios, que impulsa Germán Vaira de la empresa Galia Norte S.A.
—Exacto. Germán Vaira, de Galia Norte S.A., que tiene el patrocinio de Pascual Celdrán.
—¿Cuál es el delito que se les imputa formalmente a Oviedo y a Balza?
—El mismo, defraudación en perjuicio de la administración pública.
—¿Un solo delito?
—Un solo delito. Defraudación en perjuicio de la administración pública.
—¿Cuál es el núcleo de la acción en investigación?
—El tema es así. Cuando ellos recuperan el campo en abril del año 2024 se encuentran con que el campo está sembrado. Para el Ministerio Público Fiscal ese campo es de la provincia, es del Estado provincial. En consecuencia, es un bien del estado provincial, y el maíz también.
Porque la siembra en fundo ajeno tiene dos consecuencias. Si es de mala fe, el que sembró pierde todo lo cosechado. Y si es de buena fe tiene un derecho a la compensación, lo que nunca es propietario de ese maíz.
Esa es una cuestión a debatirse en una sede administrativa, de quién es la propiedad del maíz, y si corresponde o no pagar una compensación. Pero en el estado en que se encuentra, el campo es del Estado provincial. Al encontrarlo que está sembrado es un bien del Estado, y entonces, queda sometido a las reglas de la Ley de contabilidad.
De la misma forma que compras una impresora o se rematan los autos en desuso. Acá, lo que pasa es que ellos contratan un sembrador de la ciudad de Pehuajó, en la provincia de Buenos Aires, sin procedimiento administrativo, sin respetar la norma del artículo N°93, N°94 y N°100 Ley de contabilidad.
—¿Esto lo hacen Oviedo y Bazla?
—Lo hace Oviedo materialmente, el contrato lo firma en una estación de servicio. Y Bazla no tiene una acción material. Él no contacta con el cosechador, él no se llevó una carretilla de maíz, él no manejó el camión, pero sí sabía que esto estaba ocurriendo.
—¿Le cabe responsabilidad por ser el superior de Oviedo?
—Son los que se denominan delitos de comisión por omisión. Es como un guardavida que está parado en la playa, ve que alguien se ahoga y no hace nada para evitarlo. Esta situación es igual.
—¿Cómo es que Vaira es querellante si nunca fue propietario del campo?
—Claro, porque ellos pueden tener un interés legítimo en la siembra.
—¿Aún cuando el campo no era de ellos?
—Te dije que había que diferenciar la buena fe y la mala fe. Te digo más. Las dos empresas, las dos personas jurídicas –Galia Norte S.A. y San Jorge Cereales– lo denuncian a Lucero por desbaratamiento de derechos acordados, en el sentido de que le dicen: “nunca me dijiste que este campo no era tuyo”.
—¿Y dónde está esa denuncia?
—Acá en la Segunda Circunscripción. Después ellos arriban a un acuerdo donde Lucero les cede las acciones del campo, de un campo que no era propio. Son pícaros. Por eso digo, si se mezclan las cosas te la enturbian. Es más, uno de los… el representante de la persona jurídica San Jorge me pide la devolución del campo. Le dije: no te lo voy a dar, ese campo es del Estado. Andá a pelearla en un juicio de escrituración, en un juicio interdicto de recobrar la posesión, lo que fuere. ¿Cómo me vas a pedir a mí? Son unos pícaros. Es más, están imputados por usurpación. Y en otra fiscalía, en la Fiscalía 3, los representantes de San Jorge Cereales están imputados por usurpación porque los tipos fueron de guapo y se metieron en el campo una vez que el Estado ya lo había recuperado. ¿Por qué son querellantes? Porque ellos sí sembraron. Ahora, si ellos sembraron de buena fe, el Estado provincial le tiene que pagar una compensación. Y ese es el perjuicio que generó Bazla y Oviedo a los fines de la calificación legal. Han expuesto al Estado provincial a un juicio por una compensación por una siembra de la que dispusieron como si fueran los dueños.
—¿Y qué denuncias hay contra Lucero que alquiló el campo sin ser el dueño?
—Lucero, de la firma El Caburé S.A., tiene una denuncia que hicieron los otros dos –Galia Norte S.A. y San Jorge Cereales– por desbaratamiento de derechos acordados. Pero después lo arreglaron. Hicieron un acuerdo de conciliación. Eso es válido en el procedimiento penal. Alejandro Ingaramo y Alejandro Viano son los representantes de San Jorge Cereales. Y Vaira es el de Galia Norte S.A.
—¿Cuál es el rol de Francisco Anselmi?
—Anselmi es el cosechador. El que cosechó.
—¿Él ha tenido que declarar? ¿Qué ha dicho?
—Él vino a una entrevista y dijo que el maíz era de mala calidad.
—¿Y quién lo buscó para ese trabajo?
—A él lo buscó Oviedo. Lo contactó Oviedo. Se manejó siempre con Oviedo. El tipo siempre entendió estar contratando con el Estado a través de un funcionario del Estado.
—¿Le pagaron?
—No, porque el acuerdo era así. Un acuerdo que en realidad solo firmó Anselmi; Bazla no lo firmó nunca. Ni Oviedo tampoco. Es decir, que ejecutaron un contrato no firmado por el Estado. Peor todavía. El acuerdo era 750 kilogramos de maíz por hectárea para el cosechador. Y lo que superara ese peso era para el Estado provincial. Lo que sobrara se tenía que poner en un silo bolsa y dejarlo a un costado, ahí al lado del campo Nación Ranquel, a la espera de cómo se pronunciara la Justicia sobre la propiedad de ese maíz. Anselmi dice que nunca llegó a los 750 kilogramos por hectárea. De manera que todo lo que se llevó se lo llevó para él. Del campo “La Gitana” –propiedad de la empresa El Caburé– a un feedlot que tiene contratado a 40 o 50 kilómetros, que es en el campo El Lucho.
—¿Y ese campo El Lucho de quién es?
—De un señor de apellido Kurt, que se lo alquila a Anselmi para que tenga un feedlot.
—¿Y cuánto es en dinero?
—No, no tenemos idea. ¿Sabés por qué? Porque justamente no hay papeles. Al no haber procedimiento administrativo nosotros no podemos establecer cuál es la cantidad real de maíz, cuál es la naturaleza, la calidad del maíz. No sabría a quién creerle.
—¿O sea que el daño al Estado no ha podido ser cuantificado?
—No ha podido ser cuantificado el daño al Estado. Lo que sí queda claro es que estaba el maíz y ahora no está más. Esa modificación en el patrimonio representa un perjuicio.
—¿O sea que lo único que hay es la declaración de Anselmi sobre los kilos de rinde en toneladas?
—1.400 hectáreas. Claro, ni siquiera dice la cantidad de toneladas que sacó. Dice: “yo coseché 1.400 hectáreas de maíz y estaba en el piso. Era de muy mala calidad”. Y un informe que le hace a Oviedo y a Bazla en WhatsApp, nunca por escrito administrativamente correcto, donde dice que en realidad se cosecharon 1.800 hectáreas. Entonces lo que yo digo es, siempre digo y me refiero, es que hay una cosecha aproximada de 1.400 a 1.800 hectáreas.
—¿Quién investiga lo que sucedió en años anteriores? ¿Debe ir en otra denuncia aparte de esta?
—La denuncia se hizo. Pero se hizo en este mismo expediente. Y para no demorar nada, porque si no se te traba todo el expediente porque estás investigando hechos distintos, yo ordené el desglose, formé un nuevo expediente y lo mandé a la Fiscalía en turno, que creo que era Fiscalía N°3. Porque si no, se mezcla todo.
Está en otra Fiscalía. Si hubiese quedado en mi Fiscalía yo lo profundizo, pero no quedó en mi Fiscalía. Yo no estaba de turno en el día en que se presentó esa denuncia.
Lo que necesito que entiendan es que son cuestiones distintas. Es como si a mí en un proceso me investigaran por un hecho ocurrido en el 2010, en el 2014, en el 2022, otro por hurto y otro por, no sé, un delito contra la integridad sexual. No los podés mezclar. Tienen objetos distintos.
