El dictador peruano Alberto Fujimori, de 85 años, acaricia la libertad tras la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de su país, que ha ordenado al gobierno y al director del penal de Barbadillo “la inmediata libertad, bajo responsabilidad”. El exmandatario cumple desde 2007 una condena de 25 años de cárcel por un cúmulo de delitos, que incluyen matanzas, secuestros, corrupción y usurpación de funciones. En la cárcel de Barbadillo conviven hoy tres expresidentes peruanos: el golpista Pedro Castillo; Alejandro Toledo, acusado de corrupción y el propio Fujimori. Son sus únicos inquilinos, a la espera de otro mandatario, Ollanta Humala, cuyo proceso avanza inexorable.
El Constitucional ha declarado fundado el recurso de reposición interpuesto para que cumpla la sentencia emitida en 2022, a la vez que advertía con severidad al juez que no puso en libertad previamente a Fujimori.
“Por los trámites en el INPE (Instituto Nacional Penitenciario), el señor Fujimori saldría hoy miércoles. Está muy tranquilo, entusiasmado y clínicamente estable. Se encuentra muy esperanzado en el cumplimiento de este mandato”, reaccionó su abogado defensor, Elio Riera.
La decisión del Constitucional, sin embargo, choca de frente contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), que se opone a esta liberación y asegura que el indulto no es viable. El choque de instituciones judiciales ya se produjo el año pasado, cuando la corte interamericana adujo que no se podía llevar a cabo el indulto humanitario establecido.
Esto es un insulto a la memoria de las víctimas y sus familiares y una afrenta contra el sistema interamericano de derechos humanos al desconocer el mandato de la Corte, que prohibió este indulto por ser parte de un negociado político”, advirtió la parlamentaria moderada Flor Pablo Medina.
Keiko y Kenji, los dos hijos de Fujimori, también políticos, se encuentran reunidos pese a sus diferencias en espera de acontecimientos.
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