El Gobierno tiene previsto orientar más del 60% de los recursos a educación, salud y seguridad. Un 50% de lo asignado a obra pública se invertirá en la política habitacional.
El Senado aprobó por mayoría y convirtió en ley el presupuesto 2026. El proyecto del Ejecutivo contempla un total de $1.885.788.614.110 para el funcionamiento del Estado, de los cuales más del 60% irá a educación, salud y seguridad y el 50% de las partidas de obra pública se invertirán en la política habitacional.
Sergio Guardia, del bloque Ahora San Luis y secretario de la comisión de Presupuesto, Hacienda y Economía, fue el encargado de fundamentar el proyecto, detallando las políticas más importantes que apuntalará el Gobierno de Claudio Poggi. Representa un 2,42% más que el 2025. La votación fue de cinco votos a favor del oficialismo y dos en contra del bloque Frente Justicialista.
“El 60% se destina a educación, a salud y seguridad, de los cuales el 30% corresponde a educación; el 22% a salud y el 8% a seguridad. Esto demuestra que, ante un contexto nacional adverso, con niveles de baja coparticipación, nuestro gobernador ha enfocado su presupuesto en atender y dar igualdad, buscando recomponer ese tejido social, generando oportunidades para toda la población”, argumentó.
El 77% de los recursos son de origen nacional y un 23% de origen provincial. Y en cuanto a erogaciones, los gastos corrientes son $1.550.592.988.787, un 82% del total, mientras que los de capital, son $334.941.543.213, un 18%.
“El presupuesto se presenta equilibrado y sin endeudamiento, a pesar del difícil contexto nacional y la fuerte caída de los recursos de origen federal. Esto ha sido posible gracias a la administración responsable y austera. Austera porque cuida el ingreso y responsable porque no gasta más de lo que tiene en sus arcas”, señaló el legislador.
Guardia remarcó sobre el complejo escenario que vive el país. “Los recursos e ingresos por coparticipación y transferencia han caído, se ubica entre los peores de la última década inclusive de la pandemia. Ante este contexto, el Gobierno de la Provincia ha optado por la prudencia”, apuntó.
A su vez expuso que se prorrogó la ley de reserva salarial, económica y social que consta de dos masas salariales, dos meses de beneficios sociales y que puede utilizarse ante una dificultad de orden fiscal.
Senador Sergio Guardia.
Guardia enumeró que la mitad de los gastos corrientes se asignan a la administración central, Poder Legislativo y Judicial, transferencias para el personal, empresas, entes y sociedades del estado, universidades, escuelas generativas, autogestionadas y privadas y beneficios sociales.
El 18% restante está vinculado a la obra pública e infraestructura. En este punto recordó que también se aprobó una emergencia habitacional, que estipula destinar la mitad de gastos de capital a ir a soluciones habitacionales y viviendas, un 11%, que equivale a $118.406.366.022.
Aquí está prevista la construcción de 1300 viviendas del plan “Tenemos Futuro” y 1300 soluciones habitacionales. En este segundo caso se refiere a una política de autoconstrucción de acuerdo a las necesidades de cada familia.
“Nuestro gobernador recorre la provincia día a día, escuchando y ante la apertura de inscripciones para viviendas se inscribieron más de 60 mil personas, lo que trajo este proyecto de ley habitacional en donde gracias a este presupuesto, que, si bien es equilibrado, se busca dar soluciones a 2600 familias”, apuntó sobre lo previsto para 2026.
A su vez destacó los beneficios que traerá a municipios y al movimiento económico de las localidades, con la generación de empleo en rubros como corralones y en oficios como el de electricistas y gasistas.
Educación
Guardia también enumeró el conjunto de medidas en el ámbito educativo. “Nuestro gobernador lo dice todos los días, que un pueblo educado es un pueblo libre, que puede manejarse por sí solo”, empezó
Apuntó que continuará la universalización de la sala de tres años para garantizar la alfabetización temprana y la continuidad de los planes de lectura y matemáticas “Queremos Aprender” y “Queremos Resolver”, que duplicaron los niveles mínimos de comprensión lectora en los alumnos.
También seguirá la Beca al Mérito, la Beca Universal Superior y las Estampillas Escolares, además del Boleto Interurbano Gratuito, el plan TuBi y el Programa Alimentario Nutricional Escolar (PANE) para garantizar el desayuno, merienda y almuerzo para alumnos de escuelas con jornada completa y de contextos vulnerables.
A su vez se prevé para el próximo año reiniciar el Plan de Inclusión Educativa (PIE) que permite completar los estudios primarios y secundarios, en conjunto con la Universidad de La Punta.
Senador Martín Olivero.
Entre otras políticas que continuarán está el Programa de Inserción Laboral para los beneficiarios del Plan de Inclusión Social, en el que la Provincia subsidia los salarios los primeros dos años para promover la transferencia de trabajadores del sector público al privado.
A su vez, se destinarán fondos para la reconstrucción del departamento San Martín para «revertir el proceso de despoblamiento y promover la recuperación social y productiva”. Y sobre salud, la planificación de ampliaciones y refacciones de hospitales y centros de atención primaria, además de la compra de equipamiento, medicamentos y programas de prevención en zonas rurales.
En cuanto a seguridad se continuará con el fortalecimiento del sistema de comunicación policial, vigilancia y alarmas vecinales, además del refuerzo a los puestos limítrofes para prevenir el narcotráfico. También seguirá el Programa de Ejemplaridad y Coherencia de los Poderes Públicos, la creación del Registro de Huellas Genéticas Digitalizadas y de un nuevo pabellón penitenciario.
Como dos últimas políticas destacadas, mencionó que en 2026 seguirán los programas de financiamiento a emprendedores “Mi Próximo Paso” y “Mi Primer Emprendimiento” y continuará el diagnóstico de los planes Maestros de Agua y Energía con el Consejo Federal de Inversiones.
“Este presupuesto, es equilibrado y está sincerado, es claro. En presupuestos anteriores se decía que se hacía el 50% de capital y 50% de corrientes y se incluía en gastos de capital los beneficios sociales, los combustibles. En esto se ha sincerado, por eso 82% de gastos corrientes y 18% de capital. Se trata de un ejercicio de transparencia y sinceramiento fiscal”, subrayó.
“El proyecto sintetiza una visión estratégica y responsable que combina austeridad fiscal con inversión en áreas claves para el bienestar de la población. En un contexto de severas restricciones externas, se apuesta a mantener el equilibrio, proteger a los sectores más vulnerables, fortalecer la educación, la salud y la seguridad, y generar condiciones para la recuperación económica y social de San Luis. Representa un paso firme hacía un futuro más justo, inclusivo y próspero para todos los sanluiseños”, concluyó Guardia.
El senador Hugo Olguín, del bloque Frente Justicialista, justificó que su bloque no acompañaría la norma, al cuestionar las asignaciones a la secretaría de Comunicación, las cuotas del plan habitacional, solicitar una modificación a la coparticipación municipal y a su consideración, la baja en las partidas del Poder Judicial.
Diferentes gobiernos
Aquí Martín Olivero cuestionó a su par y recordó las diferencias durante los 16 años de gobierno de Alberto Rodríguez Saá. “Escuchar hablar a los senadores que responden al ex gobernador de independencia de la Justicia, causa gracia. El Poder Judicial hace muchos años que ha entrado en una crisis importante sin dar ningún tipo de respuesta a la ciudadanía. Pero ahora, en este año y medio que se ha hecho cargo el gobernador Poggi, el Poder Judicial no puede trabajar bien por falta de recursos”, comenzó el legislador por el departamento Pueyrredón.
En este sentido aclaró que el presupuesto actual tiene una modificación de solo el 2% respecto al año en curso y que en el presupuesto 2026, el incremento para el Poder Legislativo es de 1,5%, el Ejecutivo el 2,4% y el Poder Judicial el 23%. “En pocos años vimos cómo ingresaban al Poder Judicial por la ventana fiscales, jueces, sin rendir, con el desconocimiento de la magistratura. El ex gobernador elegía a los miembros del Superior Tribunal para ser candidatos a distintos cargos del partido gobernante con muy poco tino porque a ninguno le fue bien”, continuó.
En cuanto a la coparticipación municipal, coincidió en una modificación de la ley vigente “pero lo raro es que a los 16 años que estuvo Rodríguez Saá no presentaron ni un proyecto para modificarlo”.
Por último, para defender la política habitacional de Poggi, uso de ejemplo los avances en La Punta, donde fue intendente. “Se realizaron 1850 viviendas entre el 2011 y 2015. En cambio, entre 2015 y 2023, se realizaron solo 36. Y de esas 1800 casas, durante esos ocho años, no se construyó ni un metro de red de gas natural. Quien más viviendas realizó fue el actual gobernador Poggi y solamente me basta hacer una mención a mi ciudad”, detalló.
“Nuestro gobernador entre 2011 y 2015 construyó 12300 viviendas, un promedio de ocho viviendas diarias”, aportó Guardia. Y recordó que la gestión anterior frenó la construcción de 1500 casas que el Gobierno concluirá.
