El Senado aprobó la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental

El Senado aprobó en los primeros minutos de este viernes la reforma de la ley Nacional de Salud Mental promovida por el Gobierno, una iniciativa que venía siendo debatida desde hace meses y que generó discusión por los cambios impulsados para el sistema de atención y a la forma de financiar su aplicación.

El proyecto, que modifica distintos aspectos de la Ley 26.657, vigente desde 2010, y que fue defendida por el oficialismo como una actualización del sistema de salud mental, logró la media sanción tras reunir 42 votos afirmativos y 21 negativos fue girado a la Cámara de Diputados.

Estipula cambios vinculados con las internaciones involuntarias, la intervención de equipos interdisciplinarios y la atención de personas con consumos problemáticos y otras adicciones.

La senadora sanluiseña Ivanna Arrascaeta (La Libertad Avanza), miembro informante del proyecto en su condición de presidente de la comisión de Salud, consideró que la ley vigente «consagró derechos y garantías valiosas», aunque afirmó que sus resultados «han sido insuficientes para garantizar la efectividad de esos derechos» y consideró que «hay que dotar al sistema de herramientas adecuadas».

La jefa de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.

 

Arrascaeta tuvo en cuenta las exposiciones de “más de 70 representantes de instituciones, asociaciones civiles y del derecho”, y fue rápido hacia la ley vigente.

“La internación dejó de ser una respuesta clínica y pasó a ser una respuesta por falta de casa y familia”, manifestó.

La legisladora manifestó que las modificaciones propuestas fueron evaluadas por el Consejo Federal de Salud y destacó que «se cambia la expresión padecimiento por afección o trastorno mental, que permite intervenir a tiempo».

A su vez dijo que desde la sanción de la norma vigente «la internación dejó de ser una respuesta clínica y pasó a ser la respuesta a la falta de casas y de familias».

Y dijo: «El plan de salud mental reconoce en el modelo de la atención modelos dispares, pero se establece un marco común para que cada provincia aplique según sus recursos, porque la ley quedó desactualizada».

La senadora sostuvo que se busca «llegar a tiempo» y «no dejar solas a las familias». Al mismo expresó que «los médicos, enfermeros y psicólogos necesitan una herramienta que los respalde».

Arrascaeta valoró que se trata de «oportunidad, cercanía y continuidad en el cuidado para que cada persona pueda recuperar su vida y para que no se llegue nunca tarde».

La titular del bloque oficialista Patricia Bullrich defendió la reforma propuesta por el Gobierno.

«Lo que estamos planteando es que esta internación involuntaria sigue siendo un hecho excepcional. El centro es la atención integral de la salud mental de las personas y para eso se plantean una serie de derechos que tienen los ciudadanos frente al tratamiento de salud mental. La excepción es trabajar con herramientas para prevenir un daño grave», dijo la senadora de La Libertad Avanza.

El detalle de los votos a favor -verde-, en contra -rojo- y las ausencias -color más claro- en la definición en general de la ley de salud mental.

 

El proyecto

En las internaciones, se reemplaza la exigencia del psiquiatra por médico -aunque con preferencia hacia la mencionada especialidad- o con formación en salud mental, con otro firmante -se apunta a que sea psicólogo-, quien tendrá injerencia en la evaluación y una potencial alta. Como para el último caso también estaba escrita la palabra “preferentemente”, se negoció quitarla para que no haya margen a interpretaciones y debido a que no existe un reemplazo de dicha profesión.

Se considera un concepto más amplio a la hora de hablar de adicciones -para incluir a la ludopatía, por caso-, se activa una delimitación de familiares en representación de pacientes, se imponen diferenciaciones específicas entre adultos e infanto-juveniles, y queda prohibida la práctica de manicomios. También hay un plan de egreso con objetivos y seguimientos, más directivas claras “anticipadas” -prevención- en salud mental.

El pleno de la Cámara Alta durante la sesión realizada entre ayer y la madrugada de hoy. (Prensa Senado)

 

En cuanto a familiares, se limita la intervención a padres o hijos y se mantienen los representantes legales, cónyuges y convivientes. Una aclaración no menor es que, en los casos de no aparición de responsables, se explicita la obligación estatal de garantizar apoyos y dispositivos comunitarios.

Para el régimen de atención por equipos infantojuveniles y dispositivos diferenciados de adultos se incorpora la autonomía progresiva, el derecho a ser escuchado y la confidencialidad. En caso de una eventual internación en unidades de adultos, la misma queda restringida a imposibilidad acreditada y por un tiempo mínimo indispensable.

En conjunto con la prohibición de prácticas “manicomiales”, se restituye un catálogo de atención ambulatoria y domiciliaria, casas de convivencia, hospitales de día y centros de capacitación sociolaboral. También se habilita el derecho a consentir o rechazar, de manera anticipada, tratamientos y designar personas que expresen el consentimiento cuando el paciente no pueda hacerlo. Esto cambia ante riesgo grave para la vida.