La Fiscalía de Estado interpuso ese pedido ante la Cámara Civil por la resolución de la magistrada Cynthia Fernández Paz, quien fijó un multimillonario pago a los letrados que representaron a los ambientalistas que, mediante un juicio contra el Gobierno anterior, frenaron obras sobre el Parque Vulpiani.
El Gobierno de San Luis presentó una apelación a una polémica e insólita resolución que tomó la jueza en lo Civil, Comercial y Ambiental N°5, Cynthia Fernández Paz, quién determinó el pago de multimillonarios honorarios a los abogados Gustavo Alfredo Quiroga e Ivana Romina Muzevic que, en su momento, representaron al grupo de ambientalistas que frenó las obras sobre el Parque Vulpiani, en Juana Koslay, que la administración de Alberto Rodríguez Saa pretendía desarrollar en ese predio.
La magistrada del fuero civil fijó el pago por la intervención de los letrados durante la primera etapa de la pulseada judicial en una inédita y asombrosa cifra: llega a los $1.089.965.114 que el dueto de abogados, si todo prospera en su favor, se repartirán mitad y mitad.
Sin embargo, al tratarse de un número inverosímil y de una decisión judicial que no tiene precedentes en el país, la Fiscalía de Estado trabó de inmediato el andar judicial de ese requerimiento en una apelación ante la Cámara Civil firmada por el abogado Zarif Neme con el patrocinio de la titular del organismo, Fabiana Zárate.
Si bien el juicio de fondo ni asoma con tener su fallo definitivo, el tiempo que pasó y el reclamo de los abogados generó que se conocieran los honorarios.
En una primera instancia, Fernández Paz había determinado un monto extraordinariamente menor. Pero algo paso y la magistrado firmó una resolución cuya cifras son brutales.
Ambientalistas sostuvieron una protesta para impedir la obra.
La historia comenzó el 12 de abril de 2023, cuando Alberto Rodríguez Saá en persona llegó hasta Juana Koslay para firmar el decreto con el que la empresa Serving SRL iniciaría una obra que abarcaría más de 12 hectáreas y contaría con edificios para comercios y oficinas. También tendría senderos, un teatro al aire libre, juegos infantiles, miradores y una pasarela, entre otros detalles. La obra alcanzaría una inversión de $1.820.823.419,69 una cifra que, mucho más tarde, rebotaría en el texto que hoy rechaza de plano la Fiscalía de Estado. Esa nublada tarde de del 12 de abril, Rodríguez Saá compartió ese acto con su hijo Alberto, ministro de Obras Públicas y el jefe del Programa Obras de Arquitectura, Lucas Caymes.
Sin embargo, surgió un grupo de ambientalistas que se opusieron ruidosamente a la construcción ya que, además de tumbar algunos árboles para poder construir, la obra rompería parte del bosque y ya no sería el pulmón verde que, según ellos, tanto bien le hace a la ciudad. Eso argumentaron.
El grupo verde creció en participantes y en vehemencia, porque además de hacer manifestaciones en las calzadas de la multitrocha de ruta 20, llegaron a acampar en el predio todo el día. Incluso durante las frías noches del otoño puntano. Se autodenominaron “Asamblea Ciudadana por el Vulpiani” y rechazaron la llegada de las máquinas y obreros de la empresa.
Hubo reuniones entre ambientalistas, naturalistas y funcionarios. Pero no acuerdos y la pulseada se judicializó y la obra quedó paralizada.
Un monto extraordinario, inédito y que nadie imaginó
El pasado lunes 2 Fernández Paz firmó una especie de cheque en blanco, que ilusiona a dos abogados y que causó la reacción de la Fiscalía de Estado para atajar lo que podría significar una multimillonaria y dolorosa erogación para el Estado provincial.
La Fiscalía -en nombre del Gobierno de San Luis- no solo interpuso ante la Cámara Civil la apelación de la decisión de la jueza, sino que también pidió la readecuación de los honorarios de Muzevich y Quiroga y del costo de todo el proceso que Fernández Paz fijó en $3.600 millones, el doble de lo que se presupuestó la obra.
“Motiva este remedio el extravagante monto del proceso determinado por la jueza, y en base a este, las desorbitantes sumas de honorarios reguladas, regulación desprovista de todo razonamiento jurídico válido, objetividad y sentido común, afectando el principio de razonabilidad, el derecho de propiedad y dejando en claro que se trata de una resolución Extra Petita (NdeR: fuera de todo lo solicitado) en clara violación al principio de congruencia”, indica el primer párrafo de la apelación.
El juicio principal está frenado. El litigio es para determinar que la obra no se haga por cuestiones ambientales o que sí se haga.
Sin embargo, como los abogados de los asambleístas (trabajaron solo en la primera etapa del litigio) renunciaron a su patrocinio, pidieron que se les fijaran sus honorarios. El porcentual que cobran se basa en los costos del proceso.
“Lo distinto aquí es que, como en el juicio no hay dinero de por medio, el monto de los honorarios lo debía fijar la jueza según su criterio. Lejos de eso, Quiroga y Muzevich pidieron a la magistrada que el monto de sus honorarios fuera el costo total de la inversión que el Gobierno haría por la obra. Es decir $1.800 millones. En su solicitud, estos letrados pusieron como ejemplo un antecedente de un caso fuera de San Luis donde la Justicia ordenó reconstruir el medio ambiente dañado. Allí sí había un monto en juego porque sí hubo daño al medio ambiente y para repararlo se necesitaba un gasto, un monto. Pero en el caso nuestro no hay número, no hay cifra”, explicó Neme en declaraciones a El Chorrillero.
12 de abril de 2023. El entonces gobernador, Alberto Rodríguez Saá firmó la adjudiación de la obra a la que se asignó un presupuesto de $1.820.823.419,69. (Foto ANSL)
“Entonces, cuando un proceso no tiene monto, como nuestro caso, los honorarios se fijan según el criterio del juez. Fernández Paz primero nos reconoció que en el litigio no hay monto de por medio, pero al mismo tiempo se contradijo y consideró que el medio ambiente es muy importante. Y por eso el monto que determinó como costos del proceso fueran 93 mil JUS, una cifra de medida utilizada en la Justicia. Actualmente un JUS equivale a $39.066. Por lo tanto, si multiplicamos, 93 mil JUS por $39.066 de cada uno, la cifra por el monto del proceso asciende a $3.633 millones. Es decir que la jueza fijó como honorarios el doble de lo que puede salir la obra. Y el doble de lo que en su momento pidieron Quiroga y Muzevich. Ahí está lo descabellado”, afirmó el abogado de la Fiscalía de Estado.
“Pero esto no termina acá. Directamente, en vez de determinar un número, la jueza al obtener un monto del proceso, fijó el porcentaje de esa plata que va para los abogados. Y les dio un 30% tal como cobran aquellos que forman la parte ganadora de un juicio. Con lo cual el resultado alcanza los $1.089 millones. Es decir unos $544 millones para cada uno. Es un doble error de la magistrada y por eso no solo apelamos, sino que esperamos que se modifique el costo del proceso”, explicó Neme.
“El 12 de mayo de 2025, Fernández Paz les asignó a los dos abogados de los asambleístas unos 45 JUS como regulación de honorarios. Es decir $1.700.000 para cada uno. Claramente hay una gran diferencia contra los $544 millones que les asignó ahora cada uno. ¿Cuál es su fundamento?, dijo que ‘el medio ambiente es importante y tiene un alto valor y por eso el costo del proceso debe ser el doble del monto de la obra’. Y por eso fijó el proceso en $3.600 millones y de ahí resolvió los porcentuales para los abogados. Es algo irrisorio”, consideró Neme.
“Hoy, actualmente, el Estado no está condenado en ese juicio. Pero en el futuro todo puede terminar en que las costas del proceso queden en perjuicio del Estado. Lo ideal era regular algo provisorio y según un criterio normal, no esto. Por eso presentamos la apelación y esperamos tener respuesta por parte de la Cámara Civil”, adelantó el abogado.
