La Dirección de Asuntos Jurídicos del organismo le envió una carta documento al técnico Santiago Aurand, en la que le detallan que tiene 10 días hábiles para pagar la multa o, de lo contrario, iniciarán acciones legales.
El ingeniero agrónomo Santiago Aurand quedó en el centro de la polémica luego de que se hiciera público que solicitó una licencia psiquiátrica en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), pero mientras tanto trabajó como docente en San Francisco del Monte de Oro. La respuesta del organismo fue contundente: lo despidieron e intimaron formalmente a pagar una deuda de $56.805.186,41, bajo apercibimiento de iniciar acciones judiciales por incumplimiento.
La carta documento tiene fecha del 8 de julio y está firmada por la directora general de Asuntos Jurídicos, Natalia Laura Domínguez. Allí se recuerda que el profesional ya había sido notificado el pasado 9 de junio sobre la deuda, que en ese momento ascendía a $55.010.019,52. Como no cumplió, los intereses siguieron corriendo hasta alcanzar el monto actualizado.
La intimación establece que cuenta con 10 hábiles, desde el siguiente a la recepción del documento, para efectuar el pago. Incluso se le indica la cuenta corriente del Banco Nación en la que puede hacer el depósito. Además, le otorgan la posibilidad de acceder a un plan de facilidades de pago, si lo solicita personalmente o por presentación escrita, por correo postal o electrónico, a la Dirección General de Administración del INTA, en la ciudad de Buenos Aires. Aurand recibió el viernes pasado la intimación.
La carta documento en la que intimaron formalmente a Santiago Aurand.
Cómo fue el caso
Aurand fue despedido a fines de junio mientras se encontraba bajo licencia psiquiátrica por un tratamiento prolongado. La repartición, además, le exigió el pago de una multa de $55 millones por trabajar como docente mientras gozaba del permiso médico.
El profesional sostuvo que nunca fue notificado de la supuesta incompatibilidad y apuntó contra las autoridades locales del INTA. Se defendió públicamente la semana pasada, en una conferencia de prensa en la sede de ATE San Luis, y remarcó que no fue informado apropiadamente, por ejemplo, mediante correos electrónicos oficiales a los que no podía acceder.
En un comunicado difundido por su entorno se indicó que prestaba servicios en el organismo desde hacía 24 años, y que la licencia médica fue otorgada “por profesionales, con diagnóstico clínico claro y tratamiento en curso”.
En el escrito también se señaló que, por indicación terapéutica, se le sugirió retomar parcialmente la actividad, dictando clases de Física en una escuela pública de San Francisco del Monte de Oro. “Lo hizo de buena fe, con horarios compatibles, sin ocultamientos, y como forma de sostener rutinas saludables”, remarcaron.
De acuerdo al comunicado, es “una acusación insólita la supuesta incompatibilidad, fundada en un decreto de 1979 que jamás le fue notificado”.
“Aurand trabajó durante años en zonas rurales como Quines y San Francisco del Monte de Oro, a más de 800 kilómetros de Buenos Aires, sin acceso al aparato normativo nacional y sin ningún tipo de formación jurídica. Santiago no es abogado. Su vida laboral fue en el campo, no entre boletines oficiales. La incompatibilidad no fue advertida, ni explicada, ni notificada”, cuestionaron. A su vez, sostuvieron que no fue advertido para que corrigiera su accionar y que no fue sumariado correctamente.
“No estamos hablando de alguien que simuló estar enfermo para viajar. Estamos hablando de un trabajador que intentó rehacerse emocionalmente, enseñando en un aula rural, mientras su legajo pasaba sin objeciones por las oficinas del INTA”, explicaron desde su entorno”, señaló el texto difundido por el entorno.
“Mientras que a Cristina Fernández de Kirchner, condenada por corrupción en tres instancias judiciales, se le ordenó devolver $684.990 millones, el INTA exige a Santiago —un trabajador con licencia médica— que pague $55 millones por enseñar en una escuela”, expresaron los abogados que asisten al técnico y agregaron: “Cristina debe devolver apenas el 1,2% de su patrimonio declarado. A Santiago le exigen una cifra equivalente a cuatro años completos de trabajo. No tiene testaferros ni estancias en El Calafate. Tiene un legajo técnico y una carrera pública que ahora intentan destruir.”
