La jueza subrogante del Juzgado de Garantía Nº 2 de la Primera Circunscripción Judicial, Natalia Lazarte Otero, otorgó a Sandra Mariela Reus el beneficio de suspensión de juicio a prueba (probation) por un plazo de dos años. La medida implica que mientras cumpla ciertas condiciones, el proceso penal quedará suspendido. Si respetara las reglas fijadas, evitaría una condena.
En marzo de 2021, Reus comenzó a trabajar como maestra de apoyo escolar en un instituto privado a raíz del contacto con un padre que buscaba ayuda para su hijo diagnosticado con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH). Sin embargo, la verdad salió a relucir cuando una representante de la Asociación Sanluiseña de Profesores en Educación Especial alertó sobre la falsificación del título universitario atribuido a Reus.
La fiscalía solicitó inicialmente tres años y seis meses de prisión. Sin embargo, el pedido formulado por la defensa, con el acuerdo del Ministerio Público Fiscal, fue concedido. Se ofreció como reparación un pago de 400 mil pesos y la realización de 20 horas semanales de tareas comunitarias durante dos años en la Parroquia San Roque.
El tribunal impuso condiciones al cumplimiento obligatorio: fijar domicilio, no cambiarlo sin autorización judicial, abstenerse del consumo de estupefacientes y alcohol excesivo, realizar las tareas comunitarias acordadas y no salir del país sin autorización judicial. El control del cumplimiento será del Juzgado de Ejecución Penal con supervisión del Instituto Provincial de Reinserción Social.
La jueza Lazarte Otero advirtió a Reus que si incumple las reglas, se revocará el beneficio y el proceso penal volverá a activarse.
