Esta decisión podría haber implicado un delito contra el erario público y los productores rurales, según explicó a Cadena 3 el denunciante, el diputado Oscar Agost Carreño.
FOTO: Luis Caputo sale de Casa Rosada. (Foto: NA/Archivo)
Según la denuncia, esta decisión podría haber implicado un delito contra el erario público y los productores rurales.
En su presentación, Agost Carreño solicitó una investigación preliminar para determinar si la medida benefició de manera indebida a un grupo reducido de seis empresas cerealeras y conexionistas extranjeros, en perjuicio de los productores agropecuarios del país.
El diputado afirmó que «las personas productoras de todo el país no vieron ese beneficio, solamente se han beneficiado seis empresas», lo que generó una pérdida fiscal estimada en 1.500 millones de dólares.
Además, sugirió la posible existencia de un «intercambio de información privilegiada” con estas cerealeras, lo que podría configurar un ilícito penal, como administración fraudulenta.
Carreño también señaló que la operatoria denunciada implicó «un pago adelantado con descuento usurario», asegurando divisas a corto plazo a costa de un «perjuicio fiscal grave y arbitrario» que afectó especialmente a los productores rurales.
Otro punto cuestionado es que las cerealeras habrían presentado declaraciones juradas sin contar con el respaldo físico de sus acreencias, lo que podría incumplir normativas vigentes.
La denuncia, que busca esclarecer si la medida fue tomada al margen de la ley, está en etapa preliminar y será la Justicia Federal de Córdoba la encargada de investigar y determinar si existió algún delito.
