A los tres integrantes se los acusa de asociación ilícita y falsificación de documentos públicos. Durante la primera audiencia declararon tres testigos y hubo fuertes cruces entre la Fiscalía y las defensas. La fiscalía de Estado interviene como querellante porque más de 90 empleados públicos presentaron los documentos apócrifos.
A más de un año de la denuncia, comenzó el juicio oral contra Paola Tonelli, Augusto Toledo y Graciela Apaza Señani. Están acusados de integrar una banda que operaba para la confección y venta de certificados truchos en San Luis.
En la Sala N° 1 del Poder Judicial, se presentaron los primeros argumentos de la acusación de la fiscal de Juicio, Virginia Palacios. Lo mismo hizo por su lado la querella representada por el jefe de la Sala Penal de la Fiscalía de Estado, Santiago Calderón Salomón.
Los tres acusados asistieron y fueron acompañados por los abogados defensores: Federico Farías por Tonelli y Toledo, mientras que Héctor Zavala lo hizo por Apaza Señani.
Todos están imputados por asociación ilícita. A Tonelli y Apaza se les acusa de falsificación de documentos públicos y privados en concurso real, mientras que a Toledo por defraudación a la administración pública y falsificación de documentos en concurso ideal.
Se trata de la primera de tres audiencias. Se exhibió parte de la carga probatoria y declararon cuatro testigos de los 10 previstos para las jornadas.
El Tribunal del Colegio de Jueces está conformado por José Luis Flores (presidente), Adriana Lucero Alfonso y Ariel Parrillis. Son quienes determinarán la culpabilidad o no de los imputados.
La primera en tomar la palabra fue Palacios que aseguró tener “la certeza de demostrar la culpabilidad” de los integrantes de la banda. “Hubo un acuerdo común con clara división de tareas para llevar adelante la maniobra delictiva”, aseveró.
La fiscalía de Estado interviene en el caso porque se registraron certificados apócrifos por parte de trabajadores de la administración pública. El Gobierno detectó que más de 90 agentes estatales incursionaron en el delito.
Calderón Salomón coincidió con el ministerio Público Fiscal: “No solo son delitos individuales, sino hay defraudación al Estado que resulta persistente en el tiempo. Hubo un desprecio al orden público y al judicial”.
La investigación comenzó cuando el médico Marcelo Velásquez recibió a comienzos del 2024 imágenes de certificados que no había emitido. Presentó la denuncia y el proceso comenzó.
Según la fiscalía, el mecanismo funcionaba a partir de la promoción de documentos falsos a través de las redes sociales a un valor de $16 mil. Tonelli y Toledo, ambos pareja y empleados estatales, se encargaban de la comercialización.
Una vez que los compradores los contactaban y acordaban el tipo de documento y su precio, realizaban el pago mediante transferencias a una cuenta de Mercado Pago a nombre de Toledo. Apaza Señani, imprimía los volantes.
Entre los archivos recuperados, se encontraron también certificados de apto médico para la Liga Sanluiseña de Fútbol, formularios de ANSES para asignaciones familiares, libretas sanitarias y otros documentos utilizados para justificaciones laborales y escolares. También se constató que la imputada ofrecía estos certificados mediante estados de WhatsApp.
“No quedan dudas de que se trata de una estructura organizada”, sostuvo Salomón Calderón.
Para Farías, “no fue aportado ni un solo elemento de prueba” y manifestó que la causa se inició “para justificar despidos en el sector público”.
Por su parte, Zavala señaló que a lo largo del debate va a probar la “inocencia” de su defendida. “Sólo tenía un local de frutas y verduras y con el tiempo añadió el servicio de impresiones para la gente del barrio, nada más. No sabe ni modificar ni editar un archivo, solo recibía los archivos y los imprimía, nada más. Hacía ese trabajo como con cualquier otro vecino”, completó.
La primera testigo fue la oficial de la división de Investigaciones, Nadia Vega, que relató el procedimiento en los operativos en el barrio San Luis 26.
Fueron secuestrados más de 40 certificados en el domicilio de Tonelli y Toledo, la mayoría de ellos membretados a nombre del Sanatorio Rivadavia y con el sello de Velázquez y otros profesionales.
En medio de eso hubo un punto de conflicto. La defensa reclamó por la falta de actas que acompañan al material secuestrado en los allanamientos que realizó la Policía en los hogares de los imputados. Farías solicitó que las pruebas no sean consideradas bajo el argumento de que se perdió la cadena de custodia. Esas actas no fueron propuestas como evidencia en la elevación a juicio.
A raíz de eso, el Tribunal pasó a un cuarto intermedio. En los pasillos la defensa advirtió que un comisario, citado como testigo, tenía el expediente de la causa. Pidieron al Colegio de Jueces que se le imposibilite la lectura del documento y así ocurrió.
Cuando la audiencia se reanudó, el Tribunal determinó que la fiscal sí podía exhibir el material secuestrado.
Cada uno presentaba una dimensión como una hoja A4 cortada a la mitad y otorgaban licencias por enfermedad, justificativos laborales y escolares, libretas sanitarias, carnets de conducir, entre otros.
Un detalle del procedimiento es que mientras se llevaba a cabo llegó un “delivery” a buscar un certificado. Se le explicó que se trataba de un allanamiento y fue entrevistado.
Además, se incautaron celulares, un pendrive y dos plantas de marihuana.
Es de la entrevista que realizó Vega que se desprende el nombre de Apaza Señani. “Había comunicación entre ambas partes”, sostuvo.
En su hogar se concreta el segundo allanamiento. Allí funciona un almacén donde se venden frutas, verduras, entre otros productos. Pero también se realizan impresiones de documentos. En el lugar había más recetas.
Durante la testimonial, que fue extensa, Farías hizo múltiples interrupciones cuestionando el proceder de Palacios. El presidente del Tribunal se molestó y convocó a todas las partes al estrado para llevar adelante el proceso con tranquilidad.
Cuando finalizó la declaración, Palacios expuso a los jueces lo que había ocurrido en los pasillos. Cuestionó el accionar de la defensa, planteó que le impidieron utilizar el celular al testigo y explicó que la lectura de su actuación previa es algo que sucede habitualmente en la previa de los juicios.
En la misma línea, Flores afirmó que esa práctica no está prohibida y ellos solo pueden pronunciarse por lo que ocurre en la sala. Sumó a eso que los únicos que deben permanecer ajenos a lo que ocurrió en la investigación son los integrantes del Tribunal.
Enrique Fernández fue otro testigo. Estuvo presente cuando la fuerza policial hizo el primer allanamiento en la casa de Tonelli y Toledo. El siguiente fue Velásquez. Aseguró que nunca tuvo relación con los involucrados ni los conoce y que trabaja en el Sanatorio Rivadavia. También que fue durante el verano del año pasado cuando comenzó a recibir fotos con recetas apócrifas.
Indicó que los primeros pertenecían a “trabajadores del Parque de las Naciones y de la Colonia Hogar”: “Me entero y aviso a las autoridades de la Colonia. Eran varios certificados que no eran míos. Luego radiqué la denuncia en la Policía”.
Luego sumó que observó certificados a empleados de otros lugares como de la empresa Polimetal y a más empleados públicos.
Por otro lado, se detuvo en señalar la diferencia que observó entre uno legítimo de uno trucho: “Mientras que el número de matrícula correcto es M.P N° 758, los ilegítimos son N° MPP 75B”.
Tras confirmar que hizo una prueba caligráfica, indicó que se trató de “un perjuicio moral” contra su persona. “Es indignación lo que siento, una situación de mucho estrés y me causó mucho daño. Estoy sobrellevando todo”, dijo y agregó que pudo constatar que no fue el único profesional afectado.
El último testigo fue Leandro Leyes que observó el procedimiento en la casa de Apaza Señani.
Para las siguientes jornadas se espera que más testigos asistan para dar lugar a los alegatos. Este jueves el inicio será a las 9.
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